Quienes llegan hasta las instituciones públicas como Defensoría del Pueblo, Inspectoría del Trabajo y hasta la misma Gobernación de Lara para consignar algún documento ante cualquier irregularidad, denuncia y hasta violación de sus derechos laborales se quedan mirando lejos y pasan a letra muerta; pues las respuestas brillan por su ausencia, lo que hace jugar con la esperanza de trabajadores, gremios, sindicatos y sociedad civil.
María B. Jordán // LA PRENSA DE LARA
Así lo aseguró Marisol Bustamante, politólogo y defensora de los derechos humanos al ser consultada, agregó que estas instituciones a pesar que reciben los petitorios y denuncias, no dan ninguna respuesta “y lo que hacen es jugar, porque todas están al mando de un color político“.
Agregó que se trata de una violación a sus derechos humanos porque no los toman en cuenta “restándoles también esperanzas de vida“, cuyas denuncias y petitorios están en torno a problemas laborales, bajos salarios, pocas condiciones de trabajo, así como fallas en los servicios públicos. Estos deben ser respondidos por los organismos en un período de al menos 20 días, situación que no se cumple.
De acuerdo a los datos que maneja LA PRENSA, en los últimos meses partidos políticos, gremios y sociedad civil han entregado una serie de documentos que hasta la fecha no han sido respondidos.
Por ejemplo el Movimiento Unidos por el Agua ha entregado dos petitorios, uno de ellos en febrero y el segundo en mayo, en la Gobernación de Lara para exigir una respuesta y explicación sobre el tema en Barquisimeto, pues las fallas en el servicio hidrológico afectan a más de 55 comunidades de diferentes sectores. De acuerdo a Alcides Pérez, miembro de este movimiento, esos documentos han quedado en el olvido, a pesar que el segundo era la solicitud de respuesta del primero que entregaron.
En el caso de otras organizaciones, como el Comité de Pensionados Jubilados, acompañado de distintos gremios como salud y educación, también han entregado tres documentos, el primero de ellos en la sede administrativa del Seguro Social, donde exigían una mejor remuneración por sus pensiones, mientras que el segundo fue en la Inspectoría del Trabajo y otro en la Defensoría del Pueblo, en donde la petición era que le dieran celeridad a los dos anteriores, porque estaban engavetados como letra muerta.
En el caso de los partidos políticos también han entregado documentos, uno de ellos fue en Corpoelec de la avenida Vargas, donde la Causa R, acompañados de distintos gremios además de sociedad civil, llegaron para exigir cese de los cortes de energía eléctrica, petitorio que hasta la fecha sigue sin respuesta, a pesar que hace semanas atrás ellos mismos se dirigieron a la Zona Industrial I reiterar la solicitud, pero allá manifestaron no estar al tanto.
Algunos de los casos han sido respondidos y en estos organismos públicos llegan a acuerdos con los gremios o la sociedad civil de convocar mesas de trabajo, algunos si se hacen en unos primeros encuentros, sin embargo, en otros no.
Destituidos
Marisol Bustamante, politólogo, explicó que de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las personas que estén a cargo de una entidad pública deben ser destituidos sino cumplen con la respuesta de los documentos consignados, sin embargo, eso no sucede en el país “porque sabemos que ellos siguen un lineamiento por color político”, porque es una violación de los derechos humanos.
Seguimiento de las denuncias
Desde el Movimiento Vinotinto se han encargado de llevar los procesos sobre denuncias laborales y de cualquier otro tipo. Hasta la fecha contabilizan casi 70 en Barquisimeto de instituciones públicos.
Emanuel Paradas, coordinador laboral del Movimiento Vinotinto dijo que los casos que han llegado es porque los trabajadores dejaron de asistir por problemas laborales y condiciones de trabajo, además de bajos sueldos durante la pandemia. De esos casos 50 son profesores de la UCLA, 15 del Seguro Social y el resto de organizaciones públicas como la Gobernación de Lara y la Secretaria de Salud.
“Primero el procedimiento es interno con las instituciones”, dijo Paradas y de no tener respuesta, el caso es llevado a los tribunales; hay unos que si les han dado solución, pero hay otros que siguen a la espera, pues hay quienes les han bloqueado sus salarios sin previa notificación y desde el Movimiento Vinotinto los asisten.