La magistrada Esperanza Collazos ha citado en calidad de imputada a Plus Ultra en la causa abierta por su rescate. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha convocado al representante legal de la aerolínea para el próximo 15 de junio a las 10.00 horas en aras a interrogarle por la ayuda pública que recibió de 53 millones de euros y que investiga el juzgado por presunto delito de malversación y prevaricación.
Por vozpopuli.com
En una providencia del pasado 25 de mayo, que avanza Vozpópuli, la magistrada explica que, tras las diligencias practicadas en este tiempo -incluida la pericial independiente del juzgado– se hace necesario escuchar en sede judicial al representante legal de la compañía. De esta forma, accede a practicar la diligencia solicitada por Vox, partido que litiga como acusación popular en el procedimiento y que pidió al juzgado que citase a la firma en calidad de imputada por estos hechos.
La instructora explica que deja en el aire el resto de diligencias solicitadas, incluida la última petición de archivo del Ministerio Fiscal, al menos hasta escuchar la versión del representante de Plus Ultra. El objetivo es interrogarle en relación con la ayuda que autorizó la SEPI y concedió el Gobierno proveniente del fondo de rescate del holding público destinado para empresas estratégicas afectadas por la pandemia.
Sin respuesta de archivo
Se trata de la primera vez que la compañía comparece en sede judicial desde que se abrió esta causa en abril de 2021. Desde entonces, el juzgado se ha dedicado a recabar toda la documentación relativa a la concesión de esta ayuda que, según sostienen las acusaciones populares, podría ser constitutiva de delito al no cumplir la aerolínea los requisitos exigidos para poder acceder a estos fondos públicos. La firma, por su parte, mantiene una tesis contraria.
Plus Ultra sostiene que los informes de los asesores de la SEPI (Deloitte y DC ADvisory) no pusieron tacha alguna a que accediera al rescate. En este tiempo, además, la compañía aérea ha demandado a Vozpópuli y le exige 4,6 millones de euros alegando que vulneran su derecho al honor todas las informaciones desveladas por este medio sobre el rescate del Gobierno, sus vínculos con Venezuela y la deriva judicial en la vía penal por esta ayuda pública.
La magistrada, que ha abierto diferentes piezas separadas sobre la información fiscal de la compañía o la documental remitida por Transparencia, decidió hace ahora un año encargar una pericial independiente del juzgado. El fin era sumar un criterio ajeno sobre la concesión de la ayuda y la situación de Plus Ultra, más allá del recogido en los informes de la SEPI. De esta forma, encargó una pericial al despacho de Martín Molina cuyo resultado, incorporado a la causa el año pasado, sembró todavía más dudas sobre el desembolso.
Sus conclusiones acerca de una posible incorrección en las cuentas de 6,3 millones de euros por la contabilización de la venta de un avión o sus dudas en relación a la verdadera naturaleza de un préstamo que recibió en 2017 y que canalizó en la sociedad de valores Panacorp, llevaron a la titular del juzgado a convocar un careo pericial para escuchar, por un lado, a los peritos de la SEPI y, por otro, a los expertos independientes.
Investigación en Panamá
En este encuentro, celebrado el 18 de enero, los expertos mostraron sus discrepancias sobre estos puntos. Así, mientras el asesor legal y financiero de la SEPI precisaron que, con la información analizada, no vieron irregularidad alguna, los expertos del juzgado sentenciaron que la firma, a fecha de 31 de diciembre de 2019 estaba en causa de disolución. Esto implicaría que no cumplía las exigencias del Gobierno para acceder al fondo público en tanto demostraría que la mala situación de la compañía vendría de antes.
Con todo, el careo inicial se tuvo que anular por problemas técnicos y se volvió a celebrar a finales de marzo. Las conclusiones de las partes fueron las mismas. De modo que Vox (que ejerce la acusación popular al igual que el Partido Popular y Manos Limpias) solicitó una serie de diligencias, entre ellas citar como investigada a la compañía y aportar a la causa documental relativa a la investigación abierta en Panamá ante las sospechas de que el préstamo que recibió en 2017 no tenía naturaleza de participativo.
Al respecto, el perito independiente expuso en su informe final que llamaba la atención tanto que lo canalizara en un paraíso fiscal como el hecho de que se les obligara a no utilizar 4 de los 6,3 millones de euros prestados. La acusación pidió al respecto que se solicitara auxilio internacional a Panamá para incorporar a estas diligencias todo lo investigado allí en relación a este préstamo que fue crucial para la aerolínea. Del mismo modo, solicitó que el juzgado requiriese a Plus Ultra información sobre la cuenta en la que se depositó la garantía de 4 millones del préstamo y también de sus movimientos.
El peritaje independiente era necesario
Sin embargo, la titular del Juzgado ha decidido dejar en el aire todas estas solicitudes y no pronunciarse hasta que escuche en sede judicial al representante legal de la compañía. De hecho, tampoco va a resolver sobre la última petición de archivo de la Fiscalía. Tanto el Ministerio Público como la Abogacía General del Estado (que defiende a los miembros del Consejo Gestor de la SEPI imputados en la causa) insisten en que no hay ilícito penal con los hechos. Según explican, los expertos siguieron el criterio de sus asesores y no cometieron delito de malversación de caudales públicos, prevaricación o fraude.
Sin embargo, la juez sigue adelante con la causa, en el marco de la cual acaba de incluir una pericial aportada por la propia Plus Ultra y que viene a cuestionar lo concluido por los expertos designados por el juzgado. Tal y como informó este medio, la juez declinó en un primer momento adherirla pero, finalmente, accedió a su petición para evitar indefensión de parte.
Con todo, la Audiencia Provincial de Madrid acaba de dar la razón a la magistrada en relación a su decisión de encargar un peritaje independiente sobre la mercantil. Frente al criterio de Plus Ultra, de la Abogacía y de la Fiscalía sobre la práctica de la pericial, los magistrados concluyeron que era una diligencia de prueba “imprescindible” porque permite “tomar cabal conocimiento de la situación económica de la empresa” y esclarecer si cumplía con los requisitos exigidos para recibir las ayudas. “Ese es precisamente el principal objeto de la instrucción“, plasmaron en su auto.