Luego de los primeros días que vivieron a la intemperie, miles de ciudadanos venezolanos sueñan ahora con una casa digna, un anhelo que significa un esfuerzo colosal para sus bolsillos.
Por Mario Villalobos | Proyecto Migración Venezuela | Semana
Las cifras son claras en torno al desafío de acceso a vivienda y condiciones de vida dignas para la población migrante venezolana: según el ‘Plan de atención a refugiados y migrantes’, documento producido por la plataforma R4V y que mide la situación de estas personas con corte a diciembre de 2021 “en Colombia, un 36 por ciento vivía en condiciones de hacinamiento; y un 31 por ciento se encontraba en situación de riesgo de desalojo por la imposibilidad de pagar el alquiler y los suministros”.
A esta situación se suma el déficit de vivienda para esta población, tal como lo confirma el ‘Informe de estadística sociodemográfica aplicada de caracterización de migrantes y retornados’, del Dane, en 2021.
Basado en el censo nacional de 2018, identifica una carencia de 51,6 por ciento en viviendas para venezolanos y de 62 por ciento para personas retornadas. Adicionalmente, se deben analizar las condiciones de los inmuebles ocupados por los migrantes y las dinámicas de con vivencia.
El Observatorio de Migración de Planeación Nacional reporta que, a corte de 2022, de los 148.276 venezolanos inscritos en el Sisbén, el 54,73 por ciento no tiene gas, el 33,49 por ciento no tiene alcantarillado, el 26,74 por ciento no tiene recolección de basuras, el 25,48 por ciento no tiene acueducto y el 10,25 por ciento no tiene energía eléctrica.
También revela que solo el 31,1 por ciento de las viviendas habitadas por venezolanos cuenta con materiales resistentes, como el cemento, y el 7,9 por ciento todavía vive en alojamientos de tierra, arena o barro. Por su lado, el Dane, en el estudio poscensal ‘Integración de la población venezolana en Colombia’, confirma que “la mayor parte de los hogares inmigrantes habitan viviendas rentadas mensual o diariamente, y estas son compartidas con otros familiares, amigos u hogares desconocidos”, situación que afecta sus hábitos y dinámicas familiares.
Estas cifras son una radiografía de las dificultades que enfrentan los migrantes y retornados para acceder a vivienda propia financiada o recibir un subsidio de arriendo.
Mientras la mayoría de ellas era propietaria de su casa en Venezuela, en Colombia las condiciones propias de la migración, la galopante informalidad laboral y comportamientos y actitudes discriminatorias en torno a esta población, son serios obstáculos para el acceso a contratos formales de arrendamiento. La irregularidad de los venezolanos se convierte en el mayor impedimento para acceder a crédito, además de la dificultad para conseguir trabajo, que, según el Dane, alcanza el 58,9 por ciento de los migrantes laboralmente activos.
“Sólo el 35 por ciento cuenta con una vinculación con vocación de permanencia laboral que le permite acceder a créditos hipotecarios; desafortunadamente, la inestabilidad propia de las relaciones laborales colombianas, aunado a la informalidad, impiden que este flujo migratorio pueda acceder a los programas de crédito para vivienda propia”, explica Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
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