Para: Alejandro Rafael
Que un déspota y megalómano como Antonio Guzmán Blanco (1829-1899) haya decretado como Presidente de la República en 1870, hace 152 años, que la Instrucción Pública es “Gratuita y Obligatoria” en Venezuela lo convierte en un referente progresista a pesar de sus desmanes. Y si bien el decreto no se cumplió a rajatabla si se mantuvo como ley y filosofía de Estado para hacer de la educación un agente de ascenso y progreso social.
Lamentablemente, hoy, la actual hegemonía en el poder, en pleno siglo XXI, ha decidido acabar con la educación pública de calidad, gratuita, popular y democrática. Millones de jóvenes han quedado a la deriva ante éste crimen cultural sin precedentes en la historia de las naciones. El abandono de las escuelas y universidades son monumentos fieles de esto que decimos. Los salarios de hambre avergüenzan a maestras y maestros; a profesoras y profesores. ¡Mueran los que sepan leer y escribir! pareciera ser la consigna al uso. Y la máxima de Simón Bolívar (1783-1830): “Moral y luces son nuestras primeras necesidades” es un anatema peligroso.
La escuela y universidad pública quedaron abolidas y sólo se mantienen de pie las instituciones privadas, que libres de la competencia de lo público, hacen de la oferta y demanda una oportunidad de negocios. El socialismo venezolano terminó siendo hipócrita y oligárquico, como todo socialismo primitivo. Educación para unas minorías con planes de fuga hacia el exterior ya que las posibilidades de desarrollo profesional o de emprendimientos legítimos dentro del país deben sortear un millón de obstáculos. El debate de que el modelo rentista se agotó y por ello son inviables los derechos constitucionales de los venezolanos es un falso debate. Porqué quienes mandan no respetan ninguna ley, norma, reglamento, pacto o convención que garantice el bienestar de los ciudadanos; o algo más evidente: la alternabilidad en el Poder.
Seguir con la ficción de la universidad “abierta” aunque sin atender cabalmente a sus estudiantes y planes académicos con un mínimo de calidad echa por tierra esos legítimos deseos. Lo saben quiénes atentaron contra la educación pública desde las alturas del poder y lo sabe la sociedad entera sólo esperanzada en que lo atroz, ridículo y trágico no termine de imponerse. La angustia de los padres es infinitamente palpable porque la mayoría no tiene los medios de fortuna para costear una educación privada o seguirle el juego al sistema de que lo público a través de las “escuelas y universidades bolivarianas” son una opción sostenible en el tiempo.
Umberto Eco (1932-2016) llegó a manifestar en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 2002 cuando le confirieron el “Doctorado Honoris Causa” lo siguiente: “En el trasiego del mundo de hoy los lugares del silencio permanecen y siguen siendo las universidades. Sin embargo, son pocos los lugares en los que es posible la comparación racional entre diversas visiones del mundo. Nosotros, la gente de universidad, estamos llamados a librar sin armas letales una infinita batalla por el progreso del saber y de la compasión humana”. En éstas sabias palabras podemos encontrar el valor irreverente de la libertad académica.
En una realidad irracional o trastocada como la venezolana donde el poder aplasta e ignora las “diversas visiones del mundo” el tema de la educación pública no forma parte de una agenda nacional honesta. Los educadores y universitarios públicos hemos sido desterrados como actores activos del desarrollo nacional. La educación pública es un Derecho Humano Universal que a su vez salvaguarda otros fundamentales derechos dentro de una sociedad libre, democrática, plural, inclusiva, progresista y con un robusto Estado de Derecho en pie. Quizás esto último sea la respuesta del porqué no hay debate en la sociedad venezolana actual acerca de la vigencia, relevancia y trascendencia de la educación escolar y universitaria en el ámbito público.
DR. ANGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCAN
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LUZ
@LOMBARDIBOSCAN