Pese al histórico desprecio del régimen de Maduro por las disidencias sexuales y de género, en Venezuela se respira por estos días la sensación de que existe un movimiento LGBT+ fortalecido. Con un robusto catálogo de exigencias para el Tribunal Supremo, la ciudadanía LGBT+ venezolana asistirá a una nueva marcha del Orgullo este 3 de julio en su capital, Caracas, después de que la pandemia postergara su realización los últimos dos años. En un país donde el matrimonio igualitario parece estar muy lejos de conseguirse y las personas trans no pueden cambiar legalmente de nombre, el activismo exige acción legislativa inmediata para que reconocozcan sus derechos, con los militantes de las diversidades dejando de lado las diferencias entre sus miembros para enfrentar al enemigo en común: la LGBT-fobia del Estado venezolano.
Por Infobae
Según le explica a Infobae la activista trans Richelle Briceño, esta nueva hoja de ruta es el resultado de la movilización de septiembre de 2021, a la que asistieron pequeños grupos con el calendario retrasado por el Covid-19. “Estábamos en pandemia y no había muchas personas, pero surgió algo interesante: la necesidad de la población y activistas de dejar las diferencias políticas para trabajar por nuestros derechos”.
“Ya no nos enfrentamos por ideales políticos ni de tipo religioso”, agrega desde Caracas la abogada y ex candidata a la Asamblea Nacional, para quien la comunidad LGBT+ de su país es consciente de que “la lucha es una y trasciende posiciones de toda índole”
Este 2022 la Marcha Nacional del Orgullo arrancará en el Parque del Este y llegará hasta la Zona Rental, en la Plaza Venezuela. Según pronóstico de Briceño, esperan la llegada de unas quince o veinte mil personas, además de la asistencia por primera vez de embajadas de distintos países como Argentina, México o Reino Unido.
Como en otros países del continente, sus demandas la encabezan las necesidades de la población trans, uno de los grupos más desprotegidos en el país gobernado por el régimen dictatorial de Maduro.
Hace 12 años que en Venezuela una ley permite el cambio del nombre propio en al menos cuatro supuestos: “cuando resulta infamante para la persona, cuando el nombre la somete al escarnio público, cuando atenta contra la moral o la propia reputación y cuando no corresponde con su género, afectando el libre desenvolvimiento de la personalidad”, enumera Briceño. Eso en la teoría.
En la práctica, el Consejo Nacional Electoral no le ha dado aplicabilidad a dicha ley que permite a las personas trans cambiar legalmente su nombre bajo cualquiera de los supuestos. “La norma es totalmente explícita, no necesita interpretación; además la ley establece que en caso de dudas se aplicará lo que sea preferente para garantizar los derechos”.
Briceño insiste que en casos así el problema “no es la ley, son los funcionarios”. La abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela también subraya la crisis de derechos que ha traído la nula voluntad del gobierno para escuchar los requerimientos de la población diversa: “La sociedad venezolana va por un lado y las leyes por otro”, enfatiza.
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