Aunque las calificó como «pasos prometedores», la saliente alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha admitido, de manera diplomática, que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por el chavismo en la justicia venezolana ni ayudarán a fortalecer la autonomía de los tribunales ni posiblemente sean constitucionales.
«Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes», escribió la exmandataria chilena en el último informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, elaborado con información que va desde mayo de 2021 hasta el pasado mes de abril, respecto a la situación venezolana antes de dejar su puesto.
El «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN) oficialista el pasado 26 de abril está conformado por un 60% de magistrados que ya ocupaban esos cargos en el anterior máximo juzgado. Asimismo, por lo menos diecisiete de los designados tienen nexos familiares con altos funcionarios del Gobierno, han ocupado puestos en el Ejecutivo durante las administraciones del fallecido Hugo Chávez o Nicolás Maduro, han militado en el Partido Socialista de Unido de Venezuela (PSUV) o simplemente han respaldado sus actuaciones, una situación que genera dudas más que razonables respecto a su independencia.
En el resumen que presentó oralmente el 29 de junio, la funcionaria fue más allá y tomó nota «de las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados», una decisión que «contradeciría las limitaciones constitucionales de único período de doce años». El artículo 264 de la carta magna señala que los miembros del máximo juzgado tendrán un mandato de doce años y que no podrán optar a otro.
En los últimos años, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH sobre Venezuela han apuntado a que la cooptación de la justicia por parte de los gobiernos chavistas es responsable de la erosión de la democracia y ha facilitado la comisión de los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Por la misma senda
En su reporte, Bachelet destacó que las autoridades no han tomado medida alguna para combatir la provisionalidad de los jueces, esto a pesar de que el artículo 255 de la Constitución establece claramente que «el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes».
En el documento se lee lo siguiente:
«En 2021 se nombraron al menos 434 jueces provisionales y 244 fueron destituidos por la Comisión Judicial del TSJ. No se dispone de información sobre los motivos de las remociones. Según recomendaciones anteriores, siguen siendo apropiadas medidas adicionales para fortalecer la independencia del Poder Judicial, como aumentar el nombramiento de una proporción más amplia de jueces titulares mediante un proceso público y transparente, basado en estándares nacionales e internacionales».
En el II Examen Periódico Universal, celebrado en 2016, las autoridades se comprometieron ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a retomar los concursos de oposición para designar a los jueces. Sin embargo, cinco años después, el TSJ no ha realizado un solo concurso y ha continuado designando jueces de manera provisoria, una situación que abre las puertas para que estos funcionarios sean objeto de presiones para decidir de una forma u otra, pues pueden ser removidos sin procedimiento previo.
Mientras la alta comisionada criticó la inacción del máximo juzgado a la hora de combatir la provisionalidad, saludó la actuación del Ministerio Público (MP), del cual dijo que «regularizó» a cuarenta y dos fiscales temporales y «en febrero de 2022 publicó la normativa aplicable para un concurso público como fiscal». No obstante, no precisó a qué se refiere con la regularización, pues hasta el momento tampoco se ha informado de la celebración de concursos de oposición en este organismo del Poder Ciudadano.
Medidas insuficientes
La alta comisionada saludó las reformas legales impulsadas por el oficialismo con el propósito de combatir el retardo procesal y evitar la repetición de irregularidades, aunque admitió que muchas de ellas no han servido para combatir los males que aquejan al sistema judicial.
En su informe, Bachelet puso como ejemplo los cambios que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) con el fin de evitar los excesos en el uso de la detención preventiva.
«De los casos individuales documentados por el ACNUDH, 68 personas detenidas fueron puestas en libertad (14 mujeres), incluidas 38 sin condiciones, mientras que las otras fueron puestas en libertad como medida alternativa a la prisión, incluida una que pasó más de cinco años en prisión preventiva. Sin embargo, en este caso específico, de acuerdo con la ley aplicable actual, a la persona se le debería haber concedido la libertad incondicional. Las condiciones para la puesta en libertad, como la presentación periódica ante los tribunales, incluso en un municipio distinto del lugar de residencia, a veces parecen desproporcionadas y afectan a la reintegración social y al acceso al empleo».
La reducción de los lapsos para celebrar audiencias de presentación y de juicio, así como para que los fiscales puedan investigar a una persona, tampoco han servido para agilizar la respuesta de los tribunales, admitió la exmandataria chilena luego de revisar setenta y cuatro casos.
«El ACNUDH sigue observando frecuentes aplazamientos de las audiencias que dan lugar a detenciones preventivas que se prolongan efectivamente más allá de los límites legales. Las audiencias judiciales se pospusieron en al menos 14 casos, presuntamente debido a la escasez de vehículos o combustible para garantizar el traslado oportuno de las personas detenidas. En otros casos, las audiencias se aplazaron debido a la falta de coordinación adecuada entre los tribunales y los centros de detención, lo que impidió el traslado oportuno de las personas detenidas a los tribunales, o el expediente del caso no se transfirió a tiempo a la jurisdicción correspondiente. En cuanto a otras preocupaciones relacionadas con el debido proceso, en al menos siete casos, las personas acusadas siguieron enfrentando obstáculos para nombrar a un abogado o abogada de su elección».
Bachelet saludó los operativos especiales realizados por el TSJ, el Ministerio Público y el Gobierno para descongestionar los calabozos policiales.
«Según información oficial, en 2021 se otorgaron unas 55.000 medidas alternativas a la detención, 162 de ellas por razones humanitarias. La PNB y los centros preventivos de la Policía Estatal y Municipal informaron respectivamente en 2021 una disminución del 64% y el 59% en la población detenida».
Durante su informe oral, la funcionaria agregó: «Aliento a las autoridades a que aprovechen este progreso inicial para asegurar cambios estructurales más sostenibles». Además, saludó la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), cuya eliminación venía reclamando desde 2019. No obstante, organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) han denunciado que esta unidad ha sido absorbida por la Dirección contra la Delincuencia Organizada del mismo cuerpo.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe de Bachelet corrobora las advertencias formuladas desde el movimiento de derechos humanos en relación con que las reformas legales e institucionales impulsadas por el chavismo han sido simplemente un maquillaje y no suponen un verdadero giro que permita avanzar en el proceso de reconstrucción de la democracia en el país. Las designaciones del «nuevo» TSJ y de otras instancias del Poder Judicial corroboran que las promesas de reinstitucionalizarlo forman parte de una estrategia para engañar a las instancias internacionales.
Asimismo, el reporte confirma que los problemas que aquejan a la justicia venezolana no son producto de deficiencias legislativas sino de falta de aplicación de la normativa vigente, como Acceso a la Justicia lo denunció en su reporte titulado Situación y análisis de las reformas legislativas realizadas por el Gobierno de Venezuela vinculadas con el sistema de justicia. El problema de la justicia y el Estado de derecho en Venezuela es estructural, según explicó Acceso a la Justicia en su informe La administración de justicia penal en Venezuela, en el cual queda claro que el rol de los organismos del sistema de justicia, incluida la policía, es de represión y persecución, por lo que reformas puntuales de índole legal, o investigaciones y juicios específicos no van a cambiar la situación, sino una nueva política de Estado.