La tormenta tropical Bonnie causó al menos dos muertos, medio millar de damnificados en la capital e inundaciones en los hospitales más importantes del país, donde el gobierno no invirtió casi nada a pesar de las promesas. El aparato de propaganda del presidente trastabilla.
Por infobae.com
El hospital Rosales es el más importante de El Salvador, el único de tercer nivel que atiende a los enfermos y heridos más pobres del país. En agosto de 2019, a poco de haber asumido como presidente, Nayib Bukele lanzó en una cadena nacional de televisión la promesa de que su gobierno lo remodelaría hasta convertirlo “en el mejor de Centroamérica”. Casi tres años después, eso no ha pasado, y el sábado 2 de julio el hospital estuvo cerca del colapso, inundado por las lluvias de la tormenta tropical Bonnie.
Bonnie se formó cerca de la costa atlántica de Costa Rica el viernes 1 de julio. Para las 8 de la noche del sábado, tras cruzar intacto Nicaragua, el fenómeno climático, convertido en tormenta tropical, seguía su rumbo cerca de la costa pacífica de El Salvador. A esa hora las imágenes de destrucción empezaron a aparecer en las redes sociales.
A los videos de las salas inundadas del hospital Rosales siguieron las de centros de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la capital. Las imágenes eran, todas, similares: cascadas de agua filtrándose por los techos de los hospitales mientras trabajadores, apenas aperados con trapos, intentan contener la debacle húmeda.
No es que Bukele no haya tenido dinero para reparar el Rosales u otros hospitales, es que, simplemente, no lo hizo. Cuando el presidente prometió, en 2019, que intervendría el Rosales, el gobierno de El Salvador contaba ya con un préstamo aprobado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$170 millones para reparar y remodelar los hospitales Rosales y de Nejapa, en la periferia de la capital, según datos de la Asamblea Legislativa, que aprobó el crédito internacional.
Video de las inundaciones en el hospital Rosales
En el presupuesto nacional de 2021 había, además, USD 35 millones para infraestructura hospitalaria. De eso, el gobierno de Bukele solo ejecutó US$3.4 millones, según datos del Ministerio de Hacienda. Debido a todos los candados que el Congreso leal al presidente ha puesto al acceso a la información pública, es imposible saber con exactitud cómo se invirtió ese dinero.
Lo que su gobierno invirtió en reparar y remodelar hospitales en 2021 es apenas el 7% de todo lo que Bukele ha gastado en la compra de Bitcoin desde que, en septiembre del año pasado, la criptomoneda es de circulación legal en El Salvador a iniciativa del mismo presidente.
A la fecha, Bukele ha gastado USD 47.8 millones en Bitcoin. Solo el 1 de mayo, cuando la tormenta Bonnie se fortalecía en su rumbo hacia las costas salvadoreñas, el presidente gastó USD 1.5 millones en 80 Bitcoin; eso es poco menos de la mitad de lo que su gobierno invirtió en un año en atender hospitales como el Rosales.
Entre el sábado 2 y el domingo 3 de abril, los ríos que cruzan la capital San Salvador se habían crecido y las inundaciones de barrios, avenidas y zonas populares obligaron a la reubicación de al menos 500 personas, según confirmaron fuentes municipales a Infobae. A la mayoría de esas personas las atendieron desde los gobiernos locales del Área Metropolitana de San Salvador, no desde el gobierno central. Para el domingo, medios de comunicación locales reportaban ya dos fallecidos.
Bukele, de hecho, apenas apareció durante todo el fin de semana y, cuando lo hizo, fue a través de su cuenta de Twitter. El sábado, poco antes de las 10:00 p.m., el presidente publicó un tuit con los números de teléfono de los servicios de emergencia de El Salvador. Nada más. Hasta la noche del martes, cuando ya Bonnie se adentraba en el Pacífico a la altura del norte de México convertido en huracán categoría 3, Bukele no había visitado ninguno de los lugares afectados por las lluvias ni se había dirigido a la nación.
Se activa la propaganda
Bukele no ha estado en el terreno después de las lluvias de Bonnie, pero varios de sus funcionarios sí visitaron algunos de los sitios cuando ya el agua había vuelto a sus cauces y en medio de elaborados despliegues de propaganda. El asunto funcionó como suele con el aparato propagandístico de Bukele: las visitas de los funcionarios se reproducían, casi en tiempo real, en las redes sociales del gobierno o en imágenes en televisoras públicas y privadas afines al oficialismo.
Uno de los que más apareció fue Romeo Herrera, un administrador que fue empleado en los negocios de Bukele y a quien el presidente nombró ministro de obras públicas (MOP) en 2019. Rodríguez se fotografió tras un podio cuidadosamente colocado en medio de un lodazal y anunció inversiones en las cuentas de Twitter de su oficina. Los fotógrafos oficiales hicieron imagen de cada árbol caído que el MOP levantó, de cada cuadrilla que salió cuando ya la emergencia era menor.
A pesar de todo el despliegue, Herrera no pudo escapar del señalamiento público. El sábado 2 de junio, las lluvias de Bonnie hicieron colapsar una bóveda hidráulica de aguas negras en un barrio de clase media de San Salvador. Entre enero y marzo, el ministro publicó varios tuits jactándose de que el gobierno de Bukele estaba reparando la bóveda: “Estamos reconstruyendo lo que colapsó hace años. Ahora, daremos seguridad y confianza a las familias en la zona”, tuiteó Herrera. Según una publicación del diario La Prensa Gráfica, a principios de 2022 el MOP destinó USD 3.1 millones a la reparación de esta infraestructura, a la que Bonnie también hizo colapsar.
Cuando el domingo 3 de julio, frente a su podio, el ministro Herrera se disponía a hablar de todos los planes del presidente Bukele para atender la emergencia, un periodista le preguntó por el fiasco de la bóveda. Herrera guardó silencio.
El aparato de propaganda de Bukele, para esto con el mismo presidente liderando el asunto, también probó con el truco de buscar responsables en otros lados para desviar la atención a lo que el gobierno no estaba haciendo.
El 4 de julio a las 7:41 p.m., el presidente tuiteó la imagen de la quebrada El Piro, un riachuelo de aguas contaminadas en el suroeste de la capital. En la imagen, las aguas muestran un color rojizo. “Irresponsables aprovecharon la tormenta para lanzar desechos a la quebrada… Preliminarmente, creemos que proviene de alguna fábrica… o de algún laboratorio de la zona”, escribió Bukele; anunció también que equipos de los ministerios de ambiente, de salud, la fiscalía general y la policía nacional civil (PNC) irían al lugar a investigar. No era necesario: el gobierno sabe, desde 2016, quiénes contaminan El Piro.
Aun así, el espectáculo se desplegó: el ministro de medio ambiente se fotografió tomando muestras del riachuelo rojo y el director de la PNC anunció que habían capturado en flagrancia al “gerente” de una de las fábricas vecinas.
Fernando López, el ministro de medio ambiente y recursos naturales que fue a tomar muestras a El Piro, debería de saber quiénes lo contaminan. En 2016, el ministerio que él hoy dirige comisionó un estudio sobre la contaminación en el lugar que descubrió que 20 empresas vierten aguas residuales en el lugar, que el 60% de esas compañías genera “un riesgo ambiental alto” y que 11 no cumplen con los estándares legales para tratar el agua, según una investigación el portal Mala yerba.
Al tuit del presidente y las fotos del director policial y el ministro López los acompañaron tuits y reclamos de diputados oficialistas, propagandistas a sueldo y otros funcionarios que culpaban a una de las empresas, supuestamente relacionada con un excandidato presidencial de oposición, de las aguas rojizas captadas el 4 de julio. Lo cierto es que, aun con la información sobre las 20 empresas que contaminan El Piro a la mano, la intervención del gobierno de Bukele en el río ha sido mínima, como en el hospital Rosales.
Ya sin lluvia, estado de emergencia
Para la noche del 5 de julio, Bonnie se adentraba en el Pacífico, en línea perpendicular a la costa mexicana de Baja California. En El Salvador las lluvias habían cedido. Por la tarde de ese día, la Asamblea Legislativa dominada por diputados del presidente declaró estado de emergencia nacional.
Entre otras cosas, el decreto legislativo permite al gobierno central saltarse, durante al menos 15 días, todos los controles de gastos impuestos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en la Administración Pública (LACAP). Claudia Ortiz, diputada de oposición que se abstuvo de votar, advirtió que el gobierno ya tiene disponibles US$400 millones de préstamos para atender la emergencia y que “el antecedente de uso de fondos en emergencias refleja abuso en el uso de fondos públicos”.
El antecedente al que se refiere la diputada Ortiz no es, en efecto, bueno. En 2020 y 2021, la Asamblea Legislativa aprobó estados de emergencia durante los que el gobierno pudo hacer uso a discreción de fondos destinados a atender la crisis sanitaria por Covid-19. Entonces funcionaba en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un mecanismo supranacional de investigación que apoyó a la Fiscalía General (FGR) en casos complejos. La CICIES y la FGR abrieron varios expedientes a funcionarios de Bukele sospechosos de hacer mal uso de los fondos de pandemia. Cuando, en mayo 2021, el oficialismo impuso a Rodolfo Delgado como fiscal general, las investigaciones quedaron enterradas.
El estado de emergencia por Bonnie se suma al régimen de excepción que la Asamblea Legislativa mantiene vigente desde marzo tras una masacre provocada por las pandillas con las que el gobierno de Bukele había hecho un pacto de gobernabilidad. Durante los meses de ese régimen más de medio de centenar de personas han muerto en cárceles salvadoreñas.
El Salvador espera más lluvias para las próximas horas como producto de otros fenómenos climatológicos que siguen formándose en las costas centroamericanas. Mientras, las tormentas políticas provocadas por el presidente y sus funcionarios ccontinúan.