La Policía Federal (PF) brasileña detuvo este martes al menos a 15 personas en el marco de una operación contra una red internacional de narcotráfico que sobornaba empleados de los aeropuertos y enviaba cocaína para varios destinos en Europa.
La denominada “Operación Bulk” fue realizada con la participación de una centena de agentes antidrogas y hasta el momento fueron cumplidas 15 de las 23 órdenes de detención, según confirmó a Efe la PF en un balance preliminar.
Asimismo, los agentes llevan a cabo 24 órdenes de allanamiento expedidas por el 5° Juzgado Federal de Guarulhos en la región metropolitana de Sao Paulo, según un comunicado de la PF.
Las órdenes judiciales fueron cumplidas “simultáneamente” en las ciudades paulistas de Guarulhos, Praia Grande, Sorocaba y Sao Paulo, la capital regional, además de Portugal, a través de la “alerta roja” emitida por la Interpol.
Durante la acción policial fueron confiscados bienes inmuebles, vehículos automotores y fueron bloqueadas cuentas bancarias de los implicados. La suma de los recursos fue de 53 millones de reales (9,8 millones de dólares).
Las investigaciones eran realizadas desde el año pasado y durante las mismas fueron decomisados 887,5 kilos de cocaína durante 9 operativos diferentes: 3 en Guarulhos, otros 3 en Amsterdam (Países Bajos), dos en Lisboa y uno en Fráncfort (Alemania)
“La organización criminal actuaba cooptando empleados y prestadores de servicios aeroportuarios para introducir la droga dentro de las aeronaves”, que partían siempre en vuelos comerciales del aeropuerto internacional de Cumbica, en el municipio de Guarulhos y que opera para Sao Paulo, citó el comunicado.
De acuerdo con la información, existía una organización jerárquica que coordinaba desde el exterior del aeropuerto toda la logística, como almacenaje de grandes cantidades la droga y negociaciones con los receptores en Europa.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la PF en Sao Paulo y deberán responder ante la Justicia por los delitos de narcotráfico y asociación criminal, con penas que varían entre 10 y 25 años de reclusión. EFE