Un hombre condenado por violar a una trabajadora paraguaya, en una zona agrícola en España en la que trabajan muchos inmigrantes latinoamericanos, no irá a prisión al llegar a un acuerdo con la víctima, en una sentencia similar a otra que recientemente fue muy cuestionada en el país.
Según la sentencia conocida este jueves, el encargado de una finca agrícola en Mula (sureste), de 67 años, fue condenado a dos años de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por agredir sexualmente a una jornalera a su cargo, con cuyo abogado llegó a un acuerdo antes del juicio para evitar su ingreso en prisión.
Un tribunal de la región de Murcia le condena además a la prohibición de acercarse a la víctima, a cinco años de libertad condicionada a su compromiso a no delinquir y a que participe en un programa de educación sexual.
En el juicio, el acusado, Celso, reconoció los hechos, que se remontan a 2019, cuando era encargado de trabajadores temporales para la recolección de fruta, recogió a la temporera, Covadonga, de nacionalidad paraguaya, y se dirigieron hacia una finca.
Una vez allí, la violó en dos ocasiones en su vehículo tras propinarle varios golpes en la cara, según la sentencia, que recoge que la amenazó con que si le denunciaba, tanto ella como sus “paisanos” perderían el trabajo.
Esta sentencia llega después de que hace dos semanas dos policías locales de Estepona (sur) que abusaron de una chica de 18 años en 2018 fueron condenados a dos años de prisión pero evitarán ingresar en la cárcel tras un acuerdo con Fiscalía y la acusación particular, con la condición de someterse a un programa de educación sexual e indemnizar a la víctima con 80.000 euros.
El acuerdo fue muy cuestionado por asociaciones en defensa de la mujer y desde el ámbito judicial, al entender que si bien está contemplado en la legislación española estas decisiones atentan contra la protección de derechos fundamentales y dan una imagen de que se puede eludir con dinero las consecuencias de un delito como la agresión sexual, sin que además esté suficientemente acreditado que los condenados no vayan a reincidir.
EFE