Representantes de Fetracarabobo afirmaron este lunes que pese a que el régimen de Nicolás Maduro informó que esta semana pagará el bono vacacional y recreacional a empleados públicos, los trabajadores se mantendrán en las calles exigiendo otras reivindicaciones laborales.
Por Corresponsalía
Jhonny Magdaleno, secretario general de Fetracarabobo, calificó como un “logro” de los trabajadores de la administración pública, docentes y gremios del sector salud que, luego de tres semanas de protestas, las autoridades de Maduro prometieron el pasado 12 de agosto el pago completo del beneficio. Sin embargo, destacó que no se están garantizando otros derechos y garantías constitucionales.
Durante rueda de prensa, Magdaleno exigió la eliminación del instructivo aplicado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) el pasado mes de marzo, que aseveró, irrespeta lo establecido en las convenciones colectivas.
“El instructivo Onapre cercena todos los derechos, pedimos que se derogue ese instructivo criminal, que se les pague lo que se les tiene que pagar a los trabajadores del sector público, enfermeros, administrativos, profesionales de las universidades, a todos”, expresó.
Por su parte, Rubén Darío Pérez, asesor legal de la Coalición Sindical del Magisterio en Carabobo, manifestó que se está violando el derecho supraconstitucional al salario, al tiempo que se dejan a un lado los derechos adquiridos por los trabajadores durante años de luchas y reclamos.
Pérez explicó que el instructivo Onapre controla todas las nóminas del salario del sector público y los beneficios socioeconómicos de los empleados.
“El instructivo Onapre es un acto administrativo, y la Constitución establece en el artículo 25 que un acto administrativo, dictado por unas autoridades que no estén manifiestamente competentes, son nulos y el funcionario que lo ordene o ejecute incurre en responsabilidad civil, penal y administrativa sin que le sirva de excusas órdenes superiores. Nosotros queremos decir que con ese artículo el instructivo es derogable (…) No puede venir un instructivo, decretado por el Ejecutivo nacional, a pasar por encima de las convenciones colectivas y cercenar los derechos adquiridos por años de lucha”, sostuvo Pérez.
Asimismo, anunció que introducirán una demanda ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos.
Los voceros puntualizaron que no darán tregua y también exigirán el cálculo correcto de las primas que fueron reducidas, el pago del 280% del salario correspondiente a la deuda de la II Convención colectiva de 2018 y la derogación del memorando 2792.