Está todo listo y dispuesto en Chile para que este 4 de septiembre alrededor de 15 millones de votantes recurran a las 38 mil mesas de votación repartidas a lo largo de todo el país para Aprobar o Rechazar la propuesta Constitucional escrita por la Convención Constitucional.
Por Infobae
Y es que para llegar a este día se necesitaron alrededor de 3 años de manifestaciones, acuerdos políticos, varias elecciones y el surgimiento de un órgano constitucional impensado en la historia del país y, por qué no decirlo, inédito en lo que se refiere a procesos constitucionales en el mundo.
Precisemos que la jornada de este 4 de septiembre en Chile la población habilitada para votar tendrá que recurrir de manera obligatoria a sufragar si Aprueba o Rechaza el texto constitucional redactado por la Convención Constitucional y sus 154 integrantes. En caso que se Apruebe el texto, éste reemplazará a la actual Carta Fundamental redactada en tiempo del dictador Augusto Pinochet, pero si se Rechaza, seguirá imperando el texto actualmente vigente, desatando un nuevo periodo de incertidumbre en el país y negociaciones políticas para llegar a un nuevo acuerdo.
Para este plebiscito obligatorio se estima que alrededor de 12 millones de personas irán a sufragar, número que sería inédito en la historia del país en caso que suceda. Sin embargo, hay señales de que esto podría ser así. Según el Servicio Electoral de Chile (Servel), más de 12 millones de personas han consultado sus datos electoral en la web de este organismo. “Desde el 13 de agosto hasta ayer, se han consultado los datos de 12.050.000 electores de un padrón de 15 millones, eso refleja mucho interés, por lo menos de saber dónde se vota y cuál es la condición de vocal de votación”, dijo hace unos días atrás Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel.
A pesar que todas las cartas están echadas en la mesa, ¿cómo surgió la idea de redactar una propuesta constitucional en Chile?, ¿qué es lo que propone?, y en caso que sea rechazada, ¿qué sucederá a futuro?
Antes y después del estallido
Corría el mes de octubre del 2019 y en Chile era impensado que prontamente la exigencia de una nueva Constitución estallaría con fuerza. En ese año, el país vivía bajo el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera quien el 8 de octubre manifestaba en una entrevista televisiva que “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”, y que “el país está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al año, los salarios están mejorando”.
Diez días después de estas declaraciones, Chile explotó sin previo aviso. Durante la noche del 18 de octubre del 2019, una masiva manifestación se hizo sentir en todo Santiago. El caos imperó en la capital a tal punto que, según La Tercera, en esa noche se saldó con “siete estaciones (de metro) completamente incendiadas, 18 parcialmente quemadas, 93 estaciones con múltiples daños y 18 sin destrozos”. Y aunque en un inicio la exigencia principal de la ciudadanía era rebajar el valor del transporte público que había tenido un alza de $30 (USD 0,033), al poco andar se fue sumando la petición de renovar la Constitución escrita en tiempos de dictadura.
Desde el 18 de octubre hasta mediados de noviembre del 2019, las manifestaciones de Santiago se expandieron por todo el país. Chile era realmente un verdadero caos, y a la clase política tradicional no le quedó otra opción que negociar una salida a la crisis que advertía que, sino se hacía algo con urgencia, esta seguiría creciendo hasta límites impensados.
Un acuerdo político y primer plebiscito
Así fue que el 14 y la madrugada del 15 de noviembre los partidos políticos tradicionales del país se reunieron para mantener negociaciones con el fin de resolver la crisis social. En medio de esas intensas negociaciones nació el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Este documento histórico de dos hojas proponía un plebiscito para abril del 2020 que resolviera dos grandes preguntas: en primer lugar, si la población aprobaba o rechazaba la idea de una nueva Constitución; y, si el país se decidía por la primera opción, qué tipo de órgano debía redactar la Carta Fundamental.
Si se aceptaba una nueva Constitución existían dos ideas para decidir qué órgano que debía escribir este texto: una Convención Constitucional cuyos “integrantes serán electos íntegramente para este efecto”, o una Convención Mixta “integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto, y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio”.
El sufragio para zanjar estos puntos ocurrió el 25 de octubre del 2020. Con una participación de más de 7 millones de votantes, Chile eligió aprobar la idea de redactar una nueva Constitución y el órgano sería una Convención Constitucional.
Convención Constitucional y segundo plebiscito
Ya con este primer paso resuelto, se procedió a la realización de otra consulta ciudadana para definir quiénes iban a integrar los 155 puestos de la Convención Constitucional. Esto ocurrió el sábado 15 y el domingo 16 de mayo del 2021.
Aunque la clase política tradicional chilena intentó acaparrar la atención de los votantes, estos se inclinaron por el mundo independiente y por nuevos rostros. Por ejemplo, la derecha nacional obtuvo 37 puestos de los 155, el bloque de Apruebo Dignidad se posicionó con 28 sillas, la extinta Lista del Pueblo dio la sorpresa acaparando 25 lugares, los Independientes por una Nueva Constitución lograron 11 mientras al igual que otro grupo de independientes, mientras que los pueblos originarios ocuparon 17 puestos.
La decisión de los votantes golpeó fuerte a la clase política tradicional chilena de todos los bandos. La inclinación por los independientes o por personajes de la nueva izquierda fue catalogada en el país como una “sorpresa” que llegaba a desordenar el orden tradicional de la dirigencia del país. La composición de la Convención Constitucional fue inédita en el país ya que se forjó mediante paridad de género, participación de independientes y de los pueblos originarios.
Inicio del trabajo constitucional
El largo camino iniciado el 18 de octubre del 2019 en medio de las protestas incluyó un hito que ocurrió el 4 de julio del 2021, cuando la Convención Constitucional con sus 155 integrantes se reunieron por primera vez para elegir a la mesa directiva. El sitio elegido para esta instancia fue el ex Congreso Nacional, situado en la capital de Santiago, y por muy poco casi termina en un fracaso: las manifestaciones alrededor de este recinto, y la intensidad de la misma Convención casi hace suspender este acto republicano.
No obstante, todo siguió adelante y durante aquella jornada se eligió al abogado constitucionalista, Jaime Bassa, como vicepresidente del organismo, y a Elisa Loncón como su presidenta. Esto último era algo inédito pues la académica de origen mapuche quedaba al mando de esta instancia.
A pesar de haber superado esta sesión, el primer día de trabajo tras la elección de la mesa directiva también estuvo marcada por la tensión. Cuando los convencionales llegaron al ex Congreso Nacional, denunciaron problemas técnicos, que incluso no había computadores funcionando en las salas, y apuntaron al gobierno de la época por su responsabilidad. El hecho fue definido por la prensa nacional como un “fiasco” y, con el pasar de los días, poco a poco todo se fue resolviendo.
Después de un año de redacción, lo que incluyó múltiples escándalos como la renuncia de un convencional por engañar al país al asegurar que sufría un inexistente cáncer, el 4 de julio del 2022 el texto oficial fue entregado a la ciudadanía y al presidente Gabriel Boric.
Qué propone el texto
La propuesta se compone de 178 páginas, 388 artículos, 11 capítulos y 56 disposiciones transitorias. Es el primer texto constitucional en la historia de Chile escrito con participación de ciudadanos, ciudadanas y pueblos originarios, y bajo un órgano como la Convención Constitucional.
El primer capítulo de la propuesta constitucional que se votará este 4 de septiembre es uno de los más importantes. En él se establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y que “se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria”.
Este primer capítulo fija que “la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones” y que el país “reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, entre ellos, el pueblo Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk’nam, “y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”.
El inicio de la propuesta constitucional de igual manera se establece que el “Estado es laico” y que éste “promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país”. Además, despeja las dudas sobre los emblemas nacionales: “son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional”.
Por otro lado, “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales”, y se compromete “con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia”.
Consagración de derechos
La consagración de derechos es otro ámbito que presenta la propuesta constitucional chilena, y que está reunido en el segundo capítulo del texto, el más largo de todos. Este parte estableciendo que “los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes”, y que “los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”.
En este segundo capítulo se establece derechos como que toda persona tiene derecho a la vida, ningún individuo será sometido a desaparición forzada y que nadie que cumpla con los requisitos establecidos en esta propuesta constitucional y ante las leyes podrá ser desterrada.
Se fija el derecho a la igualdad y los niños y adolescentes son titulares de derecho. Se establece el derecho a una vida libre de violencia de género y se reconoce la neurodiversidad. En el caso de los privados de libertad, estos tienen derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria.
Entre otros derechos que incluye la propuesta está la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, derecho al deporte y a la muerte digna, entre otros más.
Sistema de justicia
La propuesta también incluye cambios a la justicia en Chile. El texto suma un principio de pluralismo jurídico, lo que significa estará compuesta por más de un sistema de justicia.
Se presenta la idea del Sistema Nacional de Justicia el cual será el encargado de juzgar y resolver temas legales no relacionados con personas no indígenas. Mientras que la propuesta también busca establecer los Sistemas Jurídicos Indígenas, cuya principal razón será resolver temas jurídicos ligados a los pueblos originarios. Además, “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas”. Por esto es que la función de juzgar será tanto para los tribunales ordinarios como para los indígenas.
A pesar de estos cambios, ambos sistemas deberán coexistir de manera paralela aunque siempre desde un “plano de igualdad”. Estos dos estarán unidos por la Corte Suprema, el máximo tribunal que como hoy es el que tiene la última palabra.
A estos cambios también se sumará la creación de un Consejo de Justicia el cual tendrá la misión de “los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia”. Entre sus principales funciones estará nombrar a todas las juezas, los jueces, las funcionarias y los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Estará compuesto 17 integrantes: 8 jueces, dos personas elegidas por pueblos originarios, 5 nombrados por el Congreso y dos funcionarios o profesionales Sistema Nacional de Justicia.
Poder legislativo
Sobre este punto la propuesta constitucional dice que “el Poder Legislativo se compone del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones”, es decir, el actual Senado no tendría parte en este escenario.
Entre esta dos Cámaras, buena parte del poder recaería en los diputados pues tendrán el grueso de las funciones legislativas. “El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución”, establece el texto.
La Cámara de las Regiones será “un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución”. Entre las facultades que tendría esta Cámara sería la de conocer las acusaciones que haga la Cámara de Diputadas y Diputados, así como el rol de jurado.
Algunos de estos cambios han generado polémica en el mundo político chileno. Para el abogado y magíster en Derecho Constitucional, Claudio Alvarado, “la eliminación del Senado fue llevada a cabo en base a argumentos infundados”, y que si se decidió mantener el presidencialismo, “tenía ciertas implicancias en la articulación del resto del sistema, y ahí creo que faltó”.
Naturaleza y medioambiente
La propuesta constitucional chilena pone en el centro del texto a la naturaleza. La naturaleza está en 74 artículos de los 388 que conforman la eventual nueva Carta Fundamental del país.
En caso que se apruebe la propuesta constitucional, el Estado deberá generar políticas preventivas frente a la crisis climática y se deberán respetar e impulsar los derechos de la naturaleza por medio de políticas ecológicas y una educación ambiental. El Estado además deberá proteger la biodiversidad para preservar, conservar y hasta restaurar “el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción”.
Los animales serán “sujetos de especial protección” y “el Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”. Sobre el agua el texto constitucional indica que “es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico”.
Tercera vía
Sin embargo, ¿qué podría pasar si no se aprueba la propuesta? En caso de un eventual triunfo del Rechazo, no hay un mecanismo establecido para iniciar un nuevo proceso constitucional. Por esto mismo es que los partidos políticos han iniciado conversaciones de pasillo y diversas especulaciones para establecer una tercera vía.
Esta tercera vía podría suponer, por ejemplo, la realización de un nuevo proceso constituyente que es apoyado por el presidente chileno, Gabriel Boric, quien en una entrevista a Chilevisión destacó que “tiene que haber un nuevo proceso constituyente” y, por ende, una nueva votación de los convencionales.
Otra idea que da vuelta es que los “expertos” asuman la realización de cambios a la propuesta actual. Esto fue propuesto por el ex convencional Fuad Chahín quien destacó que si se rechaza “debería generarse un procedimiento para que en un plazo de 6 meses se pueda presentar una nueva opción para que reformule el texto. Esto sería mediante una comisión experta revisora. Este grupo lo conformaría personas elegidas por el Congreso, por el Ejecutivo y por universidades. Y este resultado se someta a otro plebiscito en un plazo de 6 meses”.
En La Moneda, el presidente Boric sostuvo una reunión privada con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, para conversar sobre qué hacer el día después del plebiscito. Según quienes supieron del encuentro, se apruebe o se rechace el texto “debe haber una coordinación tripartita entre el Ejecutivo y ambas cámaras para convocar a un gran consenso luego de los comicios, en el cual también participen los partidos políticos y otros sectores como centros de pensamiento y la sociedad civil”, informó La Tercera.
Además, el medio informó la idea de “convocar a una gran reunión transversal -que incluya oficialismo y oposición- el lunes en La Moneda para abordar la materia y alcanzar un acuerdo rápidamente”, y que hay voces que apuestan que este acuerdo esté listo antes del 11 de septiembre próximo, fecha que se conmemora los 49 años del golpe militar de Augusto Pinochet.