Alenis Guerrero, presidente de la Asociación de Alcaldes del Zulia (Asalzu), dijo que si es necesario acudirán a la ilegítima Asamblea Nacional para defender la autonomía ante la amenaza que representa la Ley de Coordinación y Armonización Tributaria de los Municipios y Estados.
Corresponsalía lapatilla.com
El también alcalde del municipio Santa Rita resaltó que como gobernantes locales tienen la facultad y la autonomía otorgada por la ley orgánica de manejar y administrar sus jurisdicciones, tal como lo establece el artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Este artículo expresa que “la potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta y autónoma de las potestades regulatorias que esta constitución o leyes atribuyan al poder nacional o estadal sobre determinadas materias o actividades”.
Guerrero señaló que la intención de la asociación es incorporarse al debate que se debe dar para la aprobación de este texto legal.
“La Asociación de Alcaldes está en sesión permanente, revisando todo lo que viene aconteciendo, y una cosa que nos llamó la atención de esta propuesta de ley, es que el Ejecutivo nacional va a tener la potestad de controlar y administrar lo que les corresponde a las alcaldías. Esta ley debe ser evaluada desde todo punto de vista, desde el primer punto hasta la última coma que exista”.
Por su parte, el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Finanzas del parlamento regional, dijo que de aprobarse esta ley, los municipios perderán el 45% de los ingresos.
El vicepresidente de la Cámara Municipal de Santa Rita, Misael Cardozo, calificó de inconstitucional esta ley que, a su juicio, “mochara” aún más los recursos de los municipios.
“Quieren llegar a tanto con esta ley que para vender un terreno o ejido en la municipalidad, será el Ministerio de Finanzas el que aprobará la venta y establecerá la tabla de valores“.
Los legisladores del Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ) reanudan el periodo de sesiones este próximo 15 de septiembre. Según lo que establece el artículo 206 de la Constitución, debe ser este órgano en la región el que debe encabezar, junto a otros actores políticos y sociales, la discusión de la ley.