Hablar de las fuerzas armadas es un tabú en Venezuela. Incluso, entre quienes adversan al régimen venezolano, se prefiere eludir el tema y se le despacha como secundario frente a asuntos menos espinosos para la transición de la dictadura a la democracia tales como la constitucionalidad, la legalidad, la legitimidad o el respaldo internacional. A mi juicio, el rol de las Fuerzas Armadas es crítico para cualquier reforma política y, particularmente, para que sean respetados los resultados de unas elecciones libres y justas.
Hoy vivimos en un mundo en guerra, ya sentimos algunos de sus efectos aunque lo veamos lejano. Lejana fueron las dos guerras mundiales y, pese a todo, la historiografía militar da cuenta de que en los mapas de las potencias enfrentadas de la época aparecía Venezuela. Hoy existen satélites que desde el espacio pueden darle información a las potencias beligerantes de la actualidad para saber, por ejemplo, en qué lugar se encuentran los centros de toma de decisiones de nuestro país. Nuestras Fuerzas Armadas, esas que no han podido expulsar a los guerrilleros colombianos que controlan ciertas zonas del territorio, ¿están preparadas para enfrentar a fuerzas militares extranjeras en un contexto de guerra?
Como la mayoría de los venezolanos, deseo una Fuerza Armada con la moral alta, con recursos para defender la integridad territorial de la nación, con capacidad tecnológica para enfrentar las distintas amenazas que tenemos en el contexto, desde el narcotráfico, las guerrillas, la minería ilegal y cualquier intento de potencias extranjeras de imponerse sobre nosotros. Ese deseo solo es posible cumplirlo, concretarlo, con un gobierno civil, electo en comicios libres y justos, reconocido por la comunidad internacional y cuyo soporte para ejercer el poder sea la constitución y las leyes.
El pasado reciente nos ha demostrado, tanto a civiles como a militares, que el conflicto político no puede dirimirse con armas sin que eso se traduzca en represión, sufrimiento y muerte para nuestros compatriotas. Lo mejor, lo sano, lo correcto, lo que ordena nuestra constitución es que a través del voto la mayoría pueda elegir quién gobierna Venezuela y, aun más, que sea la Fuerza Armada la que defienda la expresión libre de esa mayoría, sea cual sea. Estoy seguro que para los efectivos militares es insultante ser acusados de ser una guardia pretoriana al servicio del PSUV, no lo son, ellos, como dice nuestra constitución en su artículo 328, están al servicio de la nación y no al servicio de ninguna parcialidad.
Ciertamente ha ocurrido, con todo este conflicto político infértil de los últimos años, que hemos acumulado heridas que cuesta mucho cicatrizar, que siguen abiertas causando resentimientos y odios. Debemos recordar que la Asamblea Nacional electa en 2015 fue capaz de aprobar una amplia amnistía y un Estatuto transicional que permite a quienes se acojan a ella recibir los beneficios procesales de la justicia transicional conforme su apoyo a la restitución democrática. La violación de DDHH humanos no forma parte de esa posibilidad, pero otras faltas al deber si pueden ser redimidas si se facilita un tránsito seguro, estable, gestionado, de un gobierno en ejercicio sin respaldo popular a un nuevo gobierno electo por voto universal, secreto y directo.
El próximo gobierno, el que con votos debe elegir el pueblo de Venezuela en 2024, tiene el deber de gobernar sin venganzas ni retaliaciones. Deberá restituir a las Fuerzas Armadas su sagrado deber de proteger la integridad territorial de Venezuela y, además, es un anhelo ampliamente compartido, debe procurar el retorno de la alternabilidad democrática bajo la cual si hoy el PSUV pierde el poder, mañana pueda recuperarlo si tiene los votos para ello. En lo sucesivo no puede volver a ocurrir que existan presos políticos, ni perseguidos, ni exiliados, ni tampoco partidos ilegalizados o judicializados. Venezuela necesita una Fuerza Armada que proteja su democracia, sus instituciones y su voluntad general.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica