En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez informó este martes que Paraguay liderará una petición en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se apruebe una investigación sobre los atrocidades del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición en Venezuela
Por: Infobae
“Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia, por eso Paraguay estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países, una resolución que permitirá seguir investigando a profundidad la violación de derechos humanos en Venezuela”, declaró Abdo Benítez, y comentó que “no se puede correr la vista a otro lado” cuando hay injusticias en la región.
El presidente de Paraguay viajó el domingo a Nueva York para participar en la “última presentación ante la ONU” de su mandato, que concluye en agosto de 2023. En declaraciones a periodistas, Abdo Benítez había anticipado el viernes que su discurso abordaría temas “que le interesan al mundo”, entre los que mencionó el proceso de recuperación económica pospandemia y la lucha frontal contra el crimen organizado y contra el terrorismo.
En su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas este martes, Abdo Benítez señaló que Paraguay mantiene el compromiso con “la libertad fundamental, la resolución pacífica de los conflictos, la vida digna y la lucha inflexible contra el crimen organizado”. Y destacó la cooperación de las agencias de seguridad internacionales en esta campaña contra el terrorismo, poniendo como ejemplo la respuesta regional sobre los traslados del avión iraní-venezolano que se encuentra retenido en Argentina investigado por vínculos terroristas.
Informe de la ONU
Por otra parte, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) publicó este martes su tercer informe anual en el que denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro.
Este informe detalla, entre otras cosas, el funcionamiento de la cadena de mando y el modus operandi de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Según el militar y ex jefe del SEBIN Cristopher Figuera, Maduro decide quiénes serán torturados, quiénes permanecerán detenidos y quiénes serán liberados.
El documento también menciona a Iván Rafael Hernández Dala, quien se desempeña como Director General de la DGCIM desde 2014. Testigos que hablaron con la Misión afirmaron que desde que Hernández Dala dirige la DGCIM progresivamente ha reportado más de forma directa a Maduro que al Ministerio de Defensa. Hernández Dala ha sido objeto de varias sanciones internacionales por violaciones de los derechos humanos.
En la dirección del despacho Hernández Dala aparece el Teniente Coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, quien dirige su propio grupo en la Dirección de Asuntos Especiales (DAE). Es considerado como uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos. Fuentes de la Misión dijeron que Granko Arteaga también depende directamente de Maduro.
De acuerdo al informe, los detenidos eran llevados a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela o a El Helicoide, un antiguo centro comercial en Caracas. Una de las prácticas habituales del SEBIN era mantener al detenido incomunicado durante horas, días o semanas. En algunos casos, se trataba de desapariciones forzadas de corta duración. Su paradero permanecía desconocido entre un día y 12 semanas. Un ex agente del SEBIN declaró a la Misión que el servicio también tenía casas seguras o clandestinas en todos los estados de Venezuela, generalmente en zonas remotas, que eran utilizadas como centros de detención clandestinos. El informe precisa que las casas son confiscadas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) o por el propio SEBIN para luego convertirlas en escondites o lugares de tortura.
Los agentes del SEBIN interrogaban a los detenidos sin abogados y no les permitían el contacto con ellos. Les preguntaban sobre sus conexiones con políticos opositores, su participación en protestas políticas, su recepción de financiación internacional o su participación en supuestas conspiraciones u otros delitos contra el régimen. También eran obligados a filmar declaraciones bajo coacción o tortura. Algunos denunciaron que fueron torturados para que revelaran las contraseñas de sus redes sociales y cuentas de correo electrónico.
Las víctimas dijeron haber sido obligadas bajo coacción a filmar declaraciones en las que se incriminaban en actos que no habían cometido, muchas de las cuales se hicieron públicas. Una detenida detalló que le exigieron grabara una declaración varias veces porque, según el agente que la filmaba, al “jefe no le gustaba”.
“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.
