Cerca de una veintena de planes de seguridad ha puesto en marcha la llamada revolución bolivariana para tratar de frenar la violencia en Venezuela, sin que ninguno de ellos haya dejado resultados favorables para el bienestar de la población.
Por Corresponsalía La Patilla
Solo en el año 2021, 11.081 personas fallecieron por causas violentas en el territorio nacional de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que es igual a 40,9 muertes por cada cien mil habitantes, números que siguen colocando al país en el penoso ranking de las naciones más peligrosas del mundo y sin motivos para celebrar el Día de la No Violencia este domingo 2 de octubre.
Programas como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, la Misión A Toda Vida Venezuela, el Plan Patria Segura o la famosa Operación Liberación del Pueblo (OLP), no lograron contener a los malhechores y grupos armados que operan impunemente en la mayor parte del territorio nacional, los cuales poseen mejores armamentos y de mayor potencia que los propios cuerpos de resguardo.
Es por ello que la seguridad ciudadana sigue siendo una tarea pendiente del chavismo, que actúa infructuosamente contra las grandes bandas criminales que se han expandido incluso hasta otras regiones del continente americano, las cuales reclutan cada vez más a un mayor número de personas que buscan salir de la pobreza por la vía rápida.
Entes internacionales desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han registrado y denunciado los altos niveles de violencia que predominan en las entidades venezolanas, con Zulia, Bolívar, Aragua, Falcón y Lara encabezando este ámbito, según el OVV.
Las agrupaciones delincuenciales operan en la actualidad en los estados fronterizos, manejando el tránsito de personas por trochas, además de tener el control del acceso a servicios como la alimentación o la salud, como sucede en el Arco Minero del Orinoco (AMO), punto deseado tanto por los chavistas como por los delincuentes.
“Los grupos han asumido las funciones gubernamentales en algunas zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas en cuanto a la asistencia médica, dotación de insumos y medicamentos, pago de personal médico y de enfermería, hospitalización, entre otros, obligaciones que corresponderían a los entes que rigen la salud en Venezuela, pero han sido dejadas en manos de quienes tienen el control de la minería ilegal así como de otras actividades ilícitas en esas regiones”, reza parte del último informe presentado por el Observatorio de Ambiente de FundaRedes, del proyecto EPA titulado: «Grupos Armados irregulares condicionan el derecho a la salud en el Arco Minero del Orinoco».
Guárico se suma al “tren” del crimen
Figurando también entre los poblados más peligrosos de Venezuela se encuentra Guárico, que ha presentado un repunte significativo en sus índices de violencia, trayendo preocupación a sus habitantes así como a las ONG que hacen vida en la localidad, con la megabanda “Tren del Llano” conduciendo los delitos.
Desde líderes negativos como “El Picure”, pasando por “El Malony”, “El Mandarria”, “Carlos Pirela”, “Keny Meza” o “Edgar Mariano”, la mayoría de ellos abatidos o en fuga, se han “turnado” el liderazgo de la organización, que ha expandido sus células hasta otras entidades venezolanas.
De acuerdo al sitio web InSight Crime, su radio de acción puede haberse propagado incluso hasta las costas del Caribe, luego de su participación “en el trasiego de cargamentos de drogas desde el estado vecino de Apure”.
El portal asegura que la megabanda ha estado en la mira de la administración de Maduro desde hace varios meses, con el despliegue de diversos operativos para su desarticulación, acciones que serían en represalia por inmiscuirse en los negocios sucios de los rojo-rojitos.
“Existen varias teorías sobre por qué el Tren del Llano quedó en la mira del régimen, entre las cuales se afirma que el grupo participó en el robo de un cargamento de drogas vinculado al Cartel de los Soles. Otras fuentes afirman que el robo fue de dinero destinado a campañas políticas en el estado”, detalló InSight Crime.
Cifras rojas se mantienen en la entidad llanera
Por otro lado, Adrián González, coordinador regional de la OVV en la entidad llanera, detalló que en suelo guariqueño se expandieron los grupos armados, afirmando que incluso miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen negocios ilícitos en la zona.
“Existen las bandas de origen penitenciario y los grupos foráneos como el ELN y las FARC. En Guárico, esos grupos se organizan en torno al tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, que fue estimulada por la entrada en vigencia del AMO, constituyendo una tentación tremenda para la consolidación de estas pandillas. En 2016, el acuerdo de paz en Colombia trajo incidencias negativas para Venezuela, como por ejemplo las disidencias. Estos grupos crean una especie de soberanía criminal, buscando organizar de manera eficiente sus economías y captar las rentas”, afirmó.
En cuantos a los índices delictivos, González comunicó que a pesar de la migración forzada que ha vivido Venezuela por la emergencia humanitaria compleja actual, los números en lo que va de 2022 siguen siendo negativos.
Dijo que desde hace varios años no se cuentan con cifras provenientes de entes oficiales en el área de seguridad, por lo que los datos que arrojó el monitoreo en los diferentes medios de comunicación de la región mostraron que el primer semestre dejó 62 muertes violentas, con los municipios José Tadeo Monagas, José Félix Ribas, Leonardo Infante y Pedro Zaraza como los más peligrosos, los cuales precisamente son los que cuentan con mayor presencia del “Tren del Llano”.
El equipo de investigación del OVV Guárico detalló que se verificaron 37 homicidios intencionales; 18 muertes por intervención policial y 7 suicidios (violencia letal autoinfligida) durante los seis primeros meses del año en curso.
Por esta razón, el experto hizo un llamado a las autoridades correspondientes a tomar acciones que permitan anticiparse a los acontecimientos y lograr responder a tiempo, especialmente desde las comunidades más afectadas y no solo enfocarse en áreas históricamente peligrosas.
“Recomendamos a los actores estatales adoptar enfoques donde prevalezca la articulación, donde haya la presencia de fiscalías, tribunales, psicólogos, que sean multiagenciales. No se deben escatimar recursos y esfuerzos. Necesitamos enfoques de desarrollo que puedan anticipar y responder a los impactos futuros de violencia”, puntualizó.