En junio, el gobernador Ron DeSantis firmó un presupuesto que apartó $12 millones para crear un programa para transportar inmigrantes no autorizados fuera de Florida. Lo promocionó como lo más destacado de los nuevos gastos del estado en lo que respecta a la inmigración.
Pero solo tres meses después, el dinero se estaba utilizando en un lugar lejos de Florida, de una manera muy diferente: reuniendo a solicitantes de asilo venezolanos en las calles de San Antonio y enviándolos en aviones privados a Massachusetts.
Los vuelos del mes pasado, que transportaban a 48 migrantes, atrajeron la atención internacional y provocaron la condena de los demócratas, así como varios desafíos legales. El Sr. DeSantis inmediatamente se atribuyó el mérito de lo que parecía ser una maniobra política: arrojar a decenas de solicitantes de asilo a la puerta de los demócratas del noreste que se han resistido a los llamados para tomar medidas drásticas contra la inmigración.
Los funcionarios de Florida han brindado poca información sobre el programa o cómo fue diseñado. Pero han comenzado a surgir detalles de la misión clandestina que se llevó a cabo sin el conocimiento incluso del gobernador de Texas, Greg Abbott, un colega republicano: vuelos pagados con dinero estatal en posible violación de la ley estatal que asignó el dinero; una compañía de vuelos chárter con vínculos políticos con el gobernador de Florida.
Y, en medio de todo, una mujer con experiencia en contrainteligencia militar que, según los investigadores, fue enviada a Texas desde Tampa para llenar los aviones.
Hasta ahora, poco se sabía de la mujer que, según los migrantes, se identificó solo por su nombre de pila, “Perla”, cuando les solicitó unirse a los vuelos. Una persona informada sobre la investigación de la oficina del alguacil de San Antonio sobre el asunto le dijo a The New York Times que la persona que está siendo investigada en relación con la operación es una mujer llamada Perla Huerta.
Lea más en The New York Times