Del millón de toneladas de cosas que dijo Chávez Frías tratando de tupir todo el siglo XXI, viene a la memoria aquella vez en la que habló de convertir el Palacio de Miraflores en una sede universitaria, haciendo gala de su falsa modestia. Adjetivándola de lujosa y simulando desprendimiento, como ocurrió con el famoso “camastrón”, pronto descubrió hacia 2000 o 2001 que no podía disponer legal e inmediatamente de la sede presidencial, acaso, pensando en la construcción de otra de mayores magnitudes, tal como después adquirió un costosísimo avión para sí.
Quedó en el olvido tan demagógica oferta y, en lugar de afianzar a las universidades públicas existentes, prefirió no construir domicilio alguno para las que creó, por suerte del Estado paralelo al que también le dio continuidad su sucesor, negándoles a la postre a aquellas los recursos indispensables para hacerlas – precisamente – autónomas. Luego, esa universidad miraflorina se plasmó en lo que hoy son nuestras casas de estudios: el régimen las ha destruido institucional y físicamente con una paciencia morbosa, renegando de los remotos reclamos políticos e ideológicos de quienes allanaron el camino para el ascenso al poder de los elencos que apuestan por la interesada remodelación y maquillaje de los inmuebles sobrevivientes.
Destrucción avisada con anticipación, por cierto, desde aquella toma de la Universidad Central de Venezuela que enfrentó el rector Giannetto con mucho coraje, advirtiendo también del previo entrenamiento en Cuba de los agresores. Nota curiosa, por su ascendencia italiana, mientras duró el secuestro del rectorado, le colocaron sendas cornetas frente a las ventanas para obstinarlo con música de salsa, sin adivinar que el género es de los favoritos de quien habitó y se crio en los sectores populares de la ciudad capital.
Por todos estos años, se hicieron muchos esfuerzos por sensibilizar a la propia comunidad universitaria de todos los peligros que se avecinaban y, al menos, el suscrito, junto al invalorable aporte de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, añadidas las eventuales contribuciones de estudiantes y profesores de otras casas de estudios, agotamos nuestros mejores esfuerzos por encontrar respuestas reales, específicas, concretas, convincentes y consistentes. Empleamos a fondo la tribuna parlamentaria para tan complejo problema y quien todavía jura no haberse enterado de los llamados y de las propuestas, es porque poco o ningún nexo tuvo con la universidad venezolana, hubo disposición de colaborar con los opresores, o esperaban que otros hicieran el favor de hacer lo que ellos, simplemente, no harían.
Rompiendo con el convencional diagnóstico del asunto, quedaron suficientemente claras las pretensiones oficiales reconfirmadas por el convenio colectivo universitario que contrajo después el régimen consigo mismo, a través de la sindicalización de sus afectos. Ya no se trataba del deterioro de la planta física, el déficit presupuestario, los bajos salarios, etc., etc., sino de la propia noción de universidad cultivada por el poder establecido con el auxilio de su aparato judicial.
Con tiempo, repetimos, con tiempo, propusimos la realización de las elecciones autonómicas y, por tanto, constitucionales en todas y cada una de las universidades públicas, en forma simultánea, señalando que las de carácter privado no escaparían del sojuzgamiento. Iniciativas como la de una ley de Defensa de la Autonomía Universitaria, la de Simplificación de sus Procesos Electorales, y, proveniente de la sociedad civil organizada, una de carácter orgánico para la educación superior, supuso un esfuerzo, una tarea, un propósito que el liderazgo universitario, con las correspondientes excepciones, no quiso asumir, trilladas las convenciones: ésta fue la universidad de Miraflores, en el fondo de todos los fondos: la de nunca perder la vital noción del poder, de su sede real y de su titular hasta la muerte.
No era ni es la universidad de las movilidades sociales, por cierto. Después de 1958, creció en todos sus niveles la educación venezolana que, al despedir el siglo, en el peor de los casos, ya resultaba extraño que, por lo menos, alguien no tuviese un familiar lejano egresado de una institución de educación superior (universidades, colegios universitarios, institutos tecnológicos).
La observación puede resultar y resulta dolorosa: buena parte de nuestros profesionales universitarios domiciliados en el exterior, no sólo sobreviven desempeñando oficios muy diferentes al de su preparación académica, sino que no le pueden garantizar los estudios superiores a sus propios hijos. Y todo esto, teniendo por abuelos o padres a universitarios que, faltando poco, egresaron de las mejores universidades extranjeras mediante el plan masivo de becas Gran Mariscal de Ayacucho.
Dos notas finales: por una parte, recordamos un texto de Jorge Sainz para ABC de Madrid del 22 de julio del presente año, con llamativo título (https://apuntaje.blogspot.com/search/label/Jorge%20Sainz), en la España que abiertamente discute el gasto de defensa, la baja menstrual, o la pugna entre el monarca emérito y su hijo: en relación a la universidad, hay delitos que no tienen castigo penal para sus perpetradores, pero si “reprobación en la memoria”, como es el caso de los colaboracionistas e indiferentes ante el drama venezolano, autocalificados de opositores. Y, por otra, ya ni por Miraflores se puede pasar libremente, en contraste con el siglo anterior.