El 23 de diciembre de 2020, el ex ministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel fue sometido a una intervención quirúrgica en contra de la voluntad de sus familiares y abogados. Ese episodio marcó sus últimos meses de vida y lo acercó, lentamente, a la muerte.
Por Prensa Provea
Los detalles de la operación clandestina y sus consecuencias fueron relatados por familiares y abogados de Baduel y forman parte del informe “La muerte lenta de Baduel”, a través del cual Provea sistematizó las violaciones de derechos humanos que sufrió el ex ministro de Defensa y sus allegados durante los casi 11 años que permaneció preso por razones políticas.
En diciembre de 2020, Baduel, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos del régimen chavista y del estamento militar que le daba sustento, sumaba casi 10 años en prisión: 6 en la cárcel militar de Ramo Verde, 3 en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) denominados La Tumba, y 8 meses en una prisión para presos políticos habilitada en las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicadas en Fuerte Tiuna.
Una de las afecciones más visibles que sufrió Baduel fue un abultamiento en la parte derecha del abdomen por una hernia inguinal.
“Raúl me dijo que el diagnóstico se lo hizo una médica que prestaba servicios para el Sebin llamada Ninoska Nieto, aproximadamente en agosto de 2020. En esa oportunidad, también le diagnosticó hiperplasia prostática. Esa médica recomendó una intervención quirúrgica urgente, para evitar mayores complicaciones”, cuenta Cruz María de Baduel, esposa del general.
A pesar de la imposibilidad de verlo con regularidad, los familiares y abogados comenzaron a hacer gestiones para que Baduel fuese operado en una clínica privada por médicos de su confianza.
El abogado Carlos Diez, uno de los representantes legales del general, precisa que él se encargó de hacer los contactos necesarios en la Clínica Santa Sofía, en Caracas, y que, funcionarios del Sebin llegaron a hacer inspecciones en las instalaciones de ese centro de salud privado.
Sin embargo, ese 23 de diciembre de 2020 sobrevino una operación tipo comando para llevar a cabo la intervención quirúrgica requerida por Baduel, pero a espaldas o, mejor dicho, en contra, de las garantías que reclamaban el general, sus familiares y sus abogados.
Aproximadamente 20 funcionarios del Sebin, apertrechados con armas largas, trasladaron a Baduel en vehículos blindados.
Él solo sabría a dónde lo llevaban cuando llegó a Fuerte Tiuna y, más específicamente, al hospital militar Dr. Vicente Salías Sanoja, ubicado en la principal base militar de Caracas.
Intuía que le tratarían la hernia inguinal y/o la hiperplasia prostática. Sin embargo, sería un procedimiento inusual…
La intervención quirúrgica habría durado aproximadamente tres horas.
Baduel le contó a su esposa que tan pronto volvió en sí le mostraron dos masas sebáceas de aproximadamente kilo y medio cada uno: “Esto fue lo que te sacamos”, le habrían dicho.
El general contó a sus familiares y abogados que inmediatamente lo trasladaron de nuevo a La Tumba: “No lo mantuvieron bajo observación durante un tiempo prudencial. Ni siquiera les importó que tuviera mucho dolor. Ya al mediodía de ese 23 de diciembre estaba de regreso en la misma celda que ocupaba en La Tumba, en la sede del Sebin de Plaza Venezuela. La operación implicó una incisión en el abdomen de unos 20 centímetros. No le suministraron ni un analgésico o lo esencial para que él mismo se hiciera las curas. En su celda no había agua y tenía que esperar que atendieran su llamado, a veces hasta media hora, para ir al baño y limpiarse la herida”, agrega Andreína Baduel, una de las hijas del general.
“Él dice que estaba mareado, pero que recuerda a un militar que se comunicaba constantemente por teléfono y después de cada mensaje que recibía le reiteraba a todo el equipo médico la orden de devolver a Raúl a La Tumba lo más rápido posible”, acota Cruz María de Baduel.
Transcurrieron cinco días después de la intervención quirúrgica hasta que a Baduel le permitieron la visita de un familiar; su esposa logró verlo el 29 de diciembre de 2020: “Cuando yo entré al Sebin, el impacto para mí fue horrible. Yo no sabía que lo habían operado. Tenía todo el cuerpo edematizado, parecía una nevera. Tenía los pies tan hinchados que no se podía calzar. El bulto en el abdomen permanecía intacto. ¿Qué le sacaron? ¿Realmente fueron esas dos pelotas de kilo y medio cada una u otra cosa? Él me decía que el dolor era insoportable, que sentía que le desordenaron los órganos abdominales”.
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La intervención del médico Vicente Dieguez Salinas
Vicente Dieguez Salinas se identifica como médico egresado de la Universidad de Carabobo en 1994, con post grado de Cirugía General y Urología, y Fellowship de Urología reconstructiva, de la Universidad de Río de Janeiro.
Dieguez Salinas trabajó en el Departamento de Urología del Hospital Domingo Luciani durante 19 años, y llegó a ocupar el cargo de jefe de esa dependencia. A la par, Dieguez Salinas ejercía la medicina en al menos dos clínicas privadas, y de una de ellas (Clínica Urológica José Gregorio Hernández, ubicada en el centro comercial Daymar, en Guatire) era de su propiedad.
En febrero de 2018, las FAES allanaron una de las clínicas de Dieguez Salinas, donde encontraron medicamentos e insumos que pertenecían al Hospital Dongo Luciani.
El médico fue detenido, imputado y permaneció preso nueve meses. Ese episodio de presunta corrupción quedaría en el olvido. En enero de 2020, Dieguez Salinas fue designado coordinador de un programa de salud del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Dieguez Salinas conducía dos programas semanales: Cita con los doctores, transmitido por la televisora TVES, y Rumbo a tu salud, transmitido por Radio Rumbos.
A pesar de la visibilidad de Dieguez Salinas, nada trascendió públicamente sobre los servicios que habría prestado al Sebin y mucho menos de la supuesta asistencia médica a los reclusos de La Tumba, entre ellos Baduel.
Sin embargo, Cruz María de Baduel informó que su esposo le confirmó que Vicente Dieguez Salinas fue el médico que lo intervino quirúrgicamente el 23 de diciembre de 2020.
Dieguez Salinas no contestó las preguntas que le formuló Provea, a efectos de aclarar su vinculación con Baduel mientras estuvo detenido en La Tumba. El médico se fue de Venezuela y ahora vive en España.
Como quiera que Baduel estaba bajo custodia del Sebin, se supone que la participación de Vicente Dieguez Salinas en esta operación correspondió a una decisión o, mejor dicho, una orden, tomada por instancias superiores de la policía política o de la Vicepresidencia de la República, a la cual el Sebin estuvo adscrito desde 2013 hasta abril de 2021.
Para el 23 de diciembre de 2020, el director del Sebin era el General en Jefe Gustavo Enrique González López, mientras que la vicepresidenta de la República era Delcy Rodríguez.
“El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno”, afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado el 16 de agosto de 2020
Diez meses después
A pesar de las secuelas de la intervención quirúrgica a la cual fue sometido Baduel el 23 de diciembre de 2020, la restricción de visitas aumentó durante los meses siguientes.
Margareth Baduel, por ejemplo, tenía más de un año sin ver a su padre y lo pudo visitar el 2 de octubre de 2021, después de una última desaparición forzada a propósito de su traslado de La Tumba al Helicoide: “Él estaba muy hinchado y me dijo que estaba así después de esa operación que le hicieron clandestinamente, que empeoró la salud de mi papá hasta que su organismo colapsó por completo”.
Nayesca Baduel, otra de las hijas del ex ministro de Defensa, también lo pudo visitar el 2 de octubre de 2021. Esa visita sería clave para atar cabos sobre el origen de las dolencias físicas del prisionero, pues Nayesca es enfermera, quizás la profesional de la salud en la que Baduel más podía confiar.
Nayesca Baduel ofreció mayores detalles: “Me decía que tenía mucho dolor en la zona lumbar. Me explicó que cuando lo iban a operar, intentaron aplicarle una sedación raquídea; es decir, una anestesia local. Duraron mucho tiempo tratando de aplicarle ese tipo de anestesia. Entonces, sin dudas, eso pudo haberle lastimado la zona lumbar, un dolor que se le irradiaba a las piernas. Por eso le costaba mantenerse en una sola posición cuando estaba de pie y tenía que balancearse”.
Sobre el abultamiento en el abdomen producto de la hernia inguinal que, se supone, debió desaparecer con la intervención quirúrgica, la hija de Baduel precisó: “Allí estaba esa masa en la región abdominal, del lado donde le hicieron la incisión para hacer la exéresis. Yo pude palparla”.
La enfermera confirma que la intervención quirúrgica que le realizaron a su padre fue apresurada y que no le brindaron un adecuado seguimiento postoperatorio: “El médico que dio el alta no fue Vicente Dieguez, quien dirigió la intervención quirúrgica, según me confirmó mi papá; le dio de alta un teniente, un hombre joven que estaba muy nervioso, porque se le exigía que el retorno a La Tumba se realizara lo antes posible”.
A finales de septiembre de 2021, Baduel fue trasladado al Helicoide y recluido en la misma celda donde estaban su hijo Josnars Adolfo Baduel Oyoque y el capitán Juan Carlos Caguaripano.
El 12 de octubre de 2021, a las 6:28 pm, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó vía Twitter que el ex ministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel había muerto por un paro cardiorespiratorio derivado de la COVID-19: “mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna”.
Aproximadamente una hora después, los custodios del Helicoide le permitieron a Josnars Adolfo Baduel una llamada telefónica para confirmarle al resto de la familia que su padre había fallecido, que había fallecido en sus brazos e implorando asistencia médica.
Para el 1° de abril de 2022, la ONG Foro Penal precisó que 11 presos políticos, entre ellos Baduel, habían muerto bajo custodia del Estado.
La versión oficial de la causa de la muerte de Baduel fue desmentida por sus familiares: tanto que el general hubiera contraído el coronavirus como que hubiese recibido atención médica adecuada y oportuna.
“¿Cómo se explica que una persona sometida a aislamiento haya contraído el virus? Si mi papá tenía COVID-19, ¿cómo se explica que mi hermano Josnars Adolfo y el capitán Caguaripano, que estuvieron en la misma celda con él durante casi dos semanas no se contagiaron?; ¿cómo se explica que yo, que lo abracé y lo besé diez días antes de su muerte, tampoco me haya contagiado?”, pregunta Margareth Baduel.
Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer la autopsia al cadáver de Baduel insistieron en que el fallecimiento fue causado por complicaciones respiratorias y vasculares.
“En la morgue de Bello Monte, yo abordé a la patóloga que hizo la autopsia. Yo le pregunté si ella había evidenciado la incisión, de aproximadamente 20 centímetros, en la zona inguinal y me respondió que sí, pero le restó importancia. Esa inflamación que tenía mi papá en la región abdominal persistía diez días antes de su muerte; yo, como enfermera, lo verifiqué. Y después de ese 2 de octubre él no recibió atención médica”, indica Nayesca Baduel.
Los familiares de Baduel aseguran que hasta el último momento sufrieron maltratos de las autoridades.
El 14 de octubre de 2021, la misión de las Naciones Unidas encargada de determinar las violaciones de derechos humanos en Venezuela solicitó la apertura de una averiguación “exhaustiva, transparente e independiente sobre la causa de la muerte y que compartan los resultados con la familia del General Baduel, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad y siguiendo el Protocolo de Minnesota”.
Formalmente, el Ministerio Público abrió una averiguación, la cual quedó a cargo del fiscal 94° Renny Amundaraín, pero los familiares no han sido informados sobre el más mínimo avance.
Provea dirigió una comunicación al fiscal Amundaraín en procura de mayor información. El 23 de junio de 2021, el fiscal auxiliar Javier Ruiz advirtió que tal solicitud debía ser “elevada a la superioridad” y, aunque fue reiterada vía correo electrónico, Provea no obtuvo respuesta.
El silencio en procura del olvido es un mecanismo de impunidad, como el silencio que guarda el Ministerio Público, como el silencio que guardan las autoridades del Sebin, como el silencio que guarda el médico que intervino quirúrgicamente a Baduel el 23 de diciembre de 2020.
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