Lo anterior lo fundamentamos en la premisa de que la explotación de las importantes riquezas de nuestro subsuelo debe promoverse renunciando a la visión cortoplacista que históricamente ha alimentado el perverso complejo rentista. Por ello se impone gerenciar la reactivación petrolera, del sector energético en general y de la mineria como palanca estratégica para impulsar en democracia y con criterios de productividad, el gran esfuerzo de reconstrucción nacional y hacer realidad un nuevo proyecto de país, deslastrado del estatismo y de la cultura rentista, con una economía diversificada, productiva, solidaria y capaz de enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades planteadas por la dinámica de cambios determinada por las nuevas realidades globales. Todo ello acompañado de un programa de promoción de la cultura cívica y fortalecimiento de las instituciones democráticas para blindarlas frente a las recurrentes amenazas del totalitarismo, el caudillismo y el populismo, males recurrentes que amenazan la libertad y la democracia en América Latina, y Venezuela es un ejemplo emblemático de esa realidad.
Si tomamos en cuenta el elevado endeudamiento de PDVSA, con obligaciones financieras por más de 135 mil millones de dólares y potenciales deudas adicionales estimadas en más de 40 mil millones de dólares, derivadas de más de 20 juicios en arbitraje internacional y deudas laborales, y contrastamos ese enorme pasivo con los más de 20 mil millones de dólares que, según expertos serían necesarios invertir anualmente y por los próximos 10 años para reactivar y consolidar la producción petrolera a mediano y largo plazo, no hay dudas de que el gran esfuerzo para impulsar un nuevo desarrollo de nuestros hidrocarburos supone la apertura a la inversión privada internacional y nacional, en condiciones que hagan atractiva esa inversión.
Pero igualmente y para asegurarle al país el razonable aprovechamiento de ese programa de reactivación, debe establecerse un sistema de regalías adecuado a las características de rentabilidad de los diferentes yacimientos existentes en la geografía nacional, a fin de incentivar la inversión en la actividad exploratoria y de producción, con el convencimiento que la reactivación de nuestra industria petrolera, conjuntamente con las reformas a emprender en el sector eléctrico, será un firme atractivo para un significativo flujo de inversión privada y creación de empleo de calidad y bien remunerado, condiciones fundamentales para superar la grave coyuntura económica que sufre el país y emprender los cambios hacia la diversificación económica y el nuevo paradigma de desarrollo nacional. Solo así será posible lograr una Venezuela capaz de competir en la nueva economía que abre mercados y genera nuevas ventajas comparativas, ya no producto de la riqueza de la tierra, como el petróleo, sino de la creatividad humana y la aplicación eficiente de la misma, impulsada por un nuevo sistema educativo que, en todos sus niveles, promueva el cambio cultural para romper con la cultura del rentismo y sus secuelas, motive al esfuerzo productivo, fortalezca el compromiso cívico y la responsabilidad social, impulse la solidaridad, la asociatividad y los valores éticos como integrantes del capital social y del capital humano para aprovechar, en un entorno de libertad y democracia y en toda su extensión, el valioso capital físico de nuestro país,
Además es fundamental que tanto el plan petrolero a corto plazo como los desarrollos a futuro se formulen tomando en cuenta las tendencias que se están generando en el entorno energético global, con el apreciable crecimiento de la producción y demanda de fuentes energéticas renovables, como la eólica y la solar. Tomando en cuenta que, según señalan los expertos se estima un incremento de la demanda mundial de energía, pero debido a las crecientes presiones medioambientales, la oferta y demanda de energías fósiles generadoras de emisiones de CO2, tiende a ser progresivamente reemplazada por energías de origen limpio y renovable para lograr la meta de limitar el calentamiento global del planeta a un incremento que no supere los 2 grados centígrados para finales del presente siglo. Por ello se señala que ese esfuerzo para descarbonizar la generación y el consumo energético global como estrategia fundamental para reducir la tendencia del calentamiento del planeta supone limitar la vida útil de los hidrocarburos como fuente energética, llevando a cerca del 20 por ciento la producción y el consumo para las próximas cuatro décadas. Igualmente se pronostica que las energías limpias para combatir el cambio climático, incluyendo la energía de fusión nuclear, tendrán una participación de más del 50 por ciento en la matriz energética global, con la energía solar como la de mayor uso y después la eólica y la hidroeléctrica.
Conviene destacar que ese nuevo panorama energético supone un valioso campo de oportunidades para Venezuela, gracias a las favorables características para el desarrollo de estas energías limpias, fundamentalmente en las regiones que van desde la isla de Margarita y la península de Paria hasta la cordillera Andina; pero con mayor potencial en el Nor Oriente y los estados Zulia y Falcón, en los que, según a la NASA, el promedio anual de radiación solar permite estimar un potencial de generación que oscila entre 2419 y 2317 KWh/m2/año. Datos que clasifican mundialmente a Venezuela con condiciones Premium y Supremo como potencial para la generación de energía mediante estaciones solares fotovoltaicas. Plantas que, en esas mismas regiones, igualmente favorecidas con fuertes vientos, pueden acompañarse con desarrollos de parques eólicos. Todo lo cual supone, en un enfoque integral para aprovechar el potencial energético del país, promover además una estrategia de desarrollo de estas fuentes energéticas limpias, más allá de los tímidos y desordenados esfuerzos que se han intentado a la fecha. Lo cual supone motivar el apoyo a inversiones privadas o mixtas y los adecuados incentivos para asegurar la rentabilidad de esas inversiones con tarifas que faciliten el consumo de la electricidad generada con estas fuentes.
Los cambios señalados requieren de un acuerdo nacional, deslastrado del chauvinismo y de resabios populistas y estatistas, a fin de asegurar la gobernabilidad democrática que garantice el eficiente desempeño y el oportuno logro de los objetivos propuestos. Y ese acuerdo debe incluir además el relanzamiento de un nuevo sistema educativo que responda a las demandas de la sociedad de la información y el conocimiento, en el entendido que el recurso más valioso del país es su capital humano y sólo desarrollando su potencial para el esfuerzo productivo y para actuar, como patriotas y ciudadanos responsables, es viable asegurar la Venezuela posible a la que todos aspiramos