El cuarto día de huelga en Santa Cruz, la mayor región boliviana y motor económico del país, contra la suspensión del censo de población comenzó este martes con choques entre grupos de personas que cumplían la medida de presión y otros que intentaron desbloquear las vías con violencia.
Los principales problemas se reportaron en la avenida Santos Dumont y en la populosa zona del Plan 3.000, esta última considerada uno de los bastiones oficialistas en la capital cruceña, donde los grupos que buscaban desbloquear cargaron con palos y detonando petardos contra quienes cerraban las calles desde temprano.
Los grupos de desbloqueo se movieron en vehículos y en algunos lugares tuvieron ayuda policial para levantar los escombros y otros objetos empleados para cerrar el paso.
La Policía lanzó gases lacrimógenos para disipar a los sectores enfrentados en el Plan 3.000.
Tras la refriega, los movilizados contra la postergación del censo volvieron a bloquear y los otros se replegaron al barrio Los Lotes, desde donde se suelen movilizar contra la huelga ciudadana.
En esta jornada, los mercados y supermercados se llenaron de personas que buscaban alimentos y otros artículos, después de que los organizadores de la huelga indicasen que se iba a permitir el funcionamiento de estos centros durante la mañana para que la población pueda abastecerse y luego continuar con las medidas de presión.
En declaraciones a EFE, Gabriela Crespo, una ciudadana que se aproximó a un mercado para hacer compras, señaló que “hay que apoyar” la huelga “porque el bien es para todos”, aunque también consideró importante tener en cuenta a las personas que subsisten con su trabajo diario.
“El censo es para todos, para toda Bolivia. Que haya un diálogo, un entendimiento y que sea lo mejor para toda Bolivia”, opinó Crespo.
EL CONFLICTO
Santa Cruz lidera los reclamos para que el censo se desarrolle en 2023 y sus resultados se apliquen en 2025, cuando se prevé que se realicen las elecciones presidenciales.
De los datos de esta encuesta nacional depende una nueva asignación de recursos económicos para regiones y municipios, y también de las cuotas de representación en el Parlamento.
Inicialmente el censo debía realizarse en noviembre de este año, sin embargo, el Gobierno de Luis Arce lo pospuso para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de “despolitizar” el proceso.
El Gobierno convocó el pasado sábado al diálogo a los líderes cívicos de Santa Cruz, aunque las conversaciones no prosperaron y la huelga ciudadana indefinida continúa.
El Ejecutivo nacional planteó que el censo se realice en abril de 2024 y que en seis meses, con la emisión de los resultados preliminares, se inicie una nueva distribución de recursos para las regiones del país, mientras que los líderes cruceños insisten en que la consulta se efectúe en 2023.
Aunque ambas partes se han mostrado abiertas al diálogo, este proceso no se ha retomado, inclusive los sectores cívicos de Santa Cruz pidieron la mediación de la Iglesia católica.
El oficialismo considera que las protestas en Santa Cruz son “aventuras golpistas” como, según dicen las autoridades, ocurrió en 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de un supuesto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
EFE