La Fiscalía colombiana amenaza con imponer acciones penales si el proyecto no inicia el 30 de noviembre, pero la monumental obra sigue en fase de prueba.
Por rt.com
El plazo se cierra mañana. En medio de presiones políticas, advertencias judiciales y la tensión de la población que ha sido desplazada para la entrada en funcionamiento de la obra, este miércoles debería arrancar la polémica presa Hidroituango, en Colombia.
En caso de que no sea así, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió que iniciarán investigaciones penales para sancionar a los responsables del proyecto, que siguen en fases “de prueba” desde el pasado sábado.
“La Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser de prioridad nacional”, dijo Barbosa, citado por Caracol. Desde esa instancia evalúan qué tipo de sanciones podría acarrear el incumplimiento de los plazos para la entrega de la hidroeléctrica que proveerá el 17 % de la demanda interna en Colombia.
¿Qué pasa con la obra?
Aunque la obra se gestó en la década de 1970, los trabajos de construcción arrancaron en 2010. Desde entonces, las denuncias no solo han sido por las fallas estructurales del proyecto, sino porque su ejecución ha provocado violencia y desplazamientos entre las comunidades que rodean la presa.
En 2018, por ejemplo, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) junto con la Gobernación de Antioquia –máximos responsables del proyecto– ordenaron la inundación del embalse, sin permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que provocó severos daños a las poblaciones aledañas.
Por ese motivo, organizaciones civiles como el Movimiento Ríos Vivos han alertado que la puesta en marcha de la hidroeléctrica tiene impactos negativos para las poblaciones de la zona por factores como la contaminación del aire y del agua, los cambios en la dinámica fluvial del río Cauca y otras afectaciones al medioambiente.
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