El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este miércoles que ha pedido a representantes de Estados Unidos que se cierre del proceso legal contra el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, acusado de espionaje y delitos informáticos.
“Mi posición es clara, y también se le ha comunicado claramente a la Administración estadounidense, ha llegado la hora de que este asunto se cierre”, indicó Albanese en el Parlamento al ser preguntado por Assange, que se encuentra detenido en Reino Unido pendiente de su proceso de extradición a Estados Unidos.
El primer ministro señaló que ha abordado este asunto con “representantes del Gobierno de Estados Unidos”, pero no especificó si lo hizo con el presidente estadounidense, Joe Biden, con quien se reunió el mes pasado en Nom Pen en una cumbre regional y en Bali (Indonesia) durante la cumbre de líderes del G20.
Albanese señaló que no siente “simpatía por las acciones de Assange en una serie de asuntos”, pero subrayó que su Gobierno seguirá trabajando por el bienestar del activista australiano.
“Es un ciudadano australiano, ¿qué sentido tiene continuar este proceso legal que podría alargarse durante muchos años en el futuro?”, argumentó el primer ministro laborista, que llegó al poder tras las elecciones del pasado mayo.
Albanese, que en el pasado se ha expresado a favor de la liberación de Assange, indicó que su Gobierno continuará sus labores diplomáticas con Estados Unidos para apoyar al australiano, lo que supone un giro de política respecto al anterior Gobierno Liberal-Nacional.
El periodista y activista está acusado por las autoridades estadounidenses de 18 delitos de espionaje e intrusión informática a raíz de las revelaciones de su portal sobre abusos de EE. UU. en Guantánamo (Cuba), Irak y Afganistán.
El equipo legal de Assange -quien lleva más de diez años confinado en Reino Unido sin ser convicto y se encuentra desde 2019 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres- cree que el periodista australiano puede ser condenado en Estados Unidos a hasta 175 años de cárcel.
EFE