Un hecho de intolerancia y de presunto abuso policial en el centro comercial La Serrezuela, en Cartagena, se conoció a través de redes sociales y ha causado la indignación de los ciudadanos. Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, la víctima del caso, habló con varios medios de comunicación sobre las razones por las que terminó esposada en el establecimiento por miembros de la fuerza pública mientras estaba con su hija de brazos en el almacén Jon Sonen.
Por: Infobae
De acuerdo con el diario El Tiempo, la joven venezolana estaba en la cadena de moda exigiendo su liquidación después de año y medio de servicio. “Mis problemas empezaron cuando presenté una tutela porque no me tenían con seguridad social y estaba embarazada”, explicó Álvarez en entrevista con el medio de comunicación.
Esos hechos ocurrieron en 2019, cuando tenía cinco meses de embarazo de su segundo hijo y trabajaba en el almacén del Comercial Nao, en Bocagrande. “Un día presenté una crisis de salud y el centro comercial busca prestarme asistencia médica, pero ahí descubrimos que no tengo seguridad social ni sisbén y no me pueden atender”, precisó Álvarez Sarmiento.
En ese momento presentó una tutela ante la Defensoría del Pueblo, “la cual gané”; sin embargo, los directivos terminaron insultándola “porque ellos eran los que me daban de comer”. De acuerdo con la revista Semana, cuando nació su bebé volvió a tener problemas porque la entidad se rehusó a pagarle la licencia de maternidad, por lo que interpuso otra tutela.
“Cuando regreso de mi licencia, la empresa ordena trasladarme a Yopal (Casanare) con una bebé de 6 meses y con un niño de 5 años; yo además ni sabía en dónde era Yopal”, dijo en entrevista con El Tiempo y destacó que allí no tenía ni siquiera familia. La madre no entendía la decisión y buscó ayuda con un grupo de abogados en el Cuartel del Fijo “que me asociaron, pero la empresa me despidió con el argumento de que nunca me adapté a los cambios de mi empleador”.
Wendy Norelys Álvarez trabajó un año y seis meses en Jon Sonen y a pesar de las demandas y tutelas que interpuso, aún no ha obtenido una respuesta. “Ya han pasado dos años desde que esta empresa me despidió sin justa causa y no quieren pagar mi liquidación”, detalló la mujer, quien actualmente está desempleada.
“Ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos como trabajadora”, agregó.
Lo cierto es que un juez Laboral del Circuito de Cartagena le ordenó a la empresa de ropa responder a sus peticiones por la liquidación, pero la empresa sigue haciendo caso omiso. Por esa razón, la mujer se presentó ante el almacén de ropa buscando respuestas y para recoger su documento de identidad que había olvidado.
“Pedí que llamaran a la persona de recursos humanos porque no responden mis llamadas —argumentó Álvarez ante El Tiempo—. Fui muy decente, pero el joven llamó a la seguridad del centro comercial, dizque porque estaba alterando el orden público”. El resultado fue el que mucho vieron en el video: terminó esposada con su bebé en brazos.
La respuesta de la empresa y del Ministerio del trabajo
El hecho causó tal indignación que hasta el presidente Gustavo Petro se refirió al respecto. “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”, escribió el jefe de Estados en su cuenta de Twitter y consideró como “deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ordenó la apertura inmediata de una investigación y el cierre preventivo del establecimiento comercial. “Los inspectores de la Dirección Territorial Bolívar, encontraron que a sus empleados no les pagaban la seguridad social, claramente es una violación a los derechos laborales”, expuso la jefe de cartera.
La empresa Sonen Internacional S.A.S. —como se le conoce a la entidad desde su nombre no comercial— emitió un comunicado de prensa en el que consideró “lamentable” el hecho que quedó registrado en video. La compañía señaló que “una tienda o centro comercial no es recinto público para presentar reclamación laboral”, pues para eso existen las sedes del Ministerio del Trabajo.
Jon Sonen también resaltó que ya se realizó la correspondiente liquidación. El monto fue de “$ 3.002.500 (tres millones dos mil quinientos pesos m/l ). Valor correspondiente a su liquidación y no por $ 2.000.000 (dos millones de pesos m/l) como es su reclamación pública”.