Luisa Gonzalez / Reuters.
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, aseguró este lunes que la decisión de nombrar como “gestores de paz” a unos 230 jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021, para lo cual serán liberados antes de Nochebuena, no supone una “amnistía” ni “perdón judicial”.
“La decisión final será de los jueces de la República y no del presidente de Colombia”, insistió Prada en una rueda de prensa en la que se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro, quien el sábado anunció la cuestionada medida que implica la excarcelación de ese grupo de detenidos.
“Este es el Gobierno del cambio. Este lugar, donde el miedo cundió y se llenó el espacio, el temor debe ser redignificado. Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, afirmó el presidente.
Al respecto, Prada recordó que el cometido de Petro se reducirá a solicitar la “suspensión de capturas” a la autoridad judicial, con el “asesoramiento” de una comisión de alto nivel encargada de revisar cada uno de los casos “de forma individual e independiente”.
Dicha comisión la conformarán el propio Prada, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
El Gobierno no ha precisado, sin embargo, en cuáles escenarios estos jóvenes harán la función de gestores de paz pues además de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Petro pretende acuerdos de “paz total” con grupos disidentes de las FARC y bandas criminales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Además de los “jóvenes capturados en medio de la protesta social”, esta medida también se dirige a líderes sociales que también “puedan aportar a la consolidación del proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social”, precisó Prada.
El cometido de estos “gestores de paz” versará sobre la resolución y pacificación de conflictos, y el cuidado de bienes en el caso de aquellos sindicados de ataques al patrimonio, ya que durante las protestas hubo numerosos disturbios y destrucción en propiedades públicas y privadas.
En cuanto al número definitivo de beneficiarios, lo decidirá la comisión de alto nivel, que además establecerá que quienes sean incluidos en esta medida “bajo ninguna circunstancia” podrán violar la ley pues en ese caso regresarán a la cárcel.
Entre los criterios a tener en cuenta se incluye la tipología del delito, las condiciones en que se dio la captura y las imputaciones de la Fiscalía.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El anuncio de Petro ha provocado una oleada de críticas de distintos sectores que consideran, como en el caso del excandidato presidencial de derecha Federico Gutiérrez, que el Gobierno está “del lado de quienes delinquen”.
Prada tachó estas críticas de ser algo “exagerado” en la medida en que no se trata de una “política de beneficiar delincuentes” sino de un tema “democrático, constitucional” y “estrictamente temporal” en un “contexto concreto de paz y de superación de la conflictividad”.
“Nuestro propósito de hacer la paz total en Colombia no es una mentira, es una política pública adoptada mediante la ley 2272 de este año y en esa medida vamos a hacer todo lo necesario para poder pacificar el país”, sentenció el ministro.
EFE