El expresidente francés Nicolas Sarkozy, aseguró este lunes que nunca ha corrompido a nadie, en el juicio en apelación con el que intenta anular una de las penas que tiene a cárcel firme, y se quejó de que en primera instancia fue condenado sin pruebas, sólo con indicios.
En la apertura del juicio ante el Tribunal de Apelación de París, Sarkozy aprovechó su primer turno de palabra para lanzar una queja vehemente contra la forma en que se llevó a cabo la instrucción y el proceso que dio lugar a su condena, en marzo de 2021, a tres años de cárcel, uno de ellos firme.
“Nunca he corrompido a nadie”, subrayó el que fuera presidente francés de 2007 a 2012, de 67 años, que también negó el segundo delito por el que está inculpado, tráfico de influencias.
Avanzó que tiene intención de estar presente en este proceso “para convencer al tribunal de que no he hecho nada” y aseguró que se explicará sobre el contenido de “cada una de las escuchas” que aparecen en el sumario, y que son el principal elemento de prueba de la acusación.
Pero sobre todo, se quiso presentar como víctima: “Todo este asunto me ha perjudicado gravemente”. Fue particularmente incisivo con el hecho de que la sentencia por la que fue condenado se asentaba, a su parecer, en “un haz de indicios” y, alzando la voz, se preguntó retóricamente “¿dónde están las pruebas?”
Afirmó que acude al juicio, “a defender un honor que ha sido burlado” y anticipó algunas de las líneas de defensa en el terreno puramente judicial.
En concreto, se refirió a una jurisprudencia establecida en los últimos meses por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que además de subrayar que las conversaciones entre un abogado y su cliente son inviolables, esas comunicaciones no se pueden utilizar como pruebas de acusación.
Se refería así a las 3.500 conversaciones que figuran en el sumario de este caso tras haber sido interceptadas por los investigadores durante siete meses, que pretende invalidar.
Junto a Sarkozy, se sientan en el banquillo de los acusados el que era su principal abogado en el momento de los hechos (2013 y 2014), Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert.
Los tres fueron sentenciados en primera instancia en marzo de 2021 a la misma pena de tres años de cárcel, uno de ellos de obligado cumplimiento en régimen de privación de libertad con detención en sus respectivos domicilios, controlada con brazalete electrónico.
Según la acusación, el expresidente de Francia intentó después de dejar el Elíseo obtener informaciones confidenciales sobre una instrucción en la que podía aparecer como implicado en un abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt, entonces nonagenaria y heredera del emporio L’Oréal. En ese caso quedó absuelto.
Para conseguir esas informaciones y tratar de pesar sobre las decisiones judiciales que se iban a tomar en ese caso, estableció un pacto con Azibert, que ejercía de fiscal en el Tribunal Supremo.
A cambio de esa intervención, -siempre de acuerdo con la Fiscalía-Sarkozy prometió usar de su influencia para que Azibert pudiera obtener un puesto prestigioso en Mónaco.
La Justicia lo estaba sometiendo a escuchas telefónicas con su abogado a comienzos de 2014 por otro asunto, el de la posible financiación de su campaña electoral de 2007 con dinero del entonces líder libio, Muamar Gadafi.
Gracias a esas escuchas, los investigadores descubrieron que Sarkozy había abierto una línea telefónica bajo un alias, Paul Bismuth, dedicada especialmente a las conversaciones con Herzog.
Su condena por el Tribunal Correccional de París del 1 de marzo de 2021 fue la primera en la que un expresidente francés era sentenciado a una pena de cárcel firme, es decir, que implica una privación de libertad efectiva.
EFE