Irpin, Bucha, Mariupol, Izyum, Zaporizhzhia… Todas estas ciudades ucranianas -y más- se transformaron en tierra arrasada por las tropas de Vladimir Putin. Pero una vez que las fuerzas rusas se replegaron, los testimonios que ya circulaban por los medios de comunicación y las redes sociales se transformaron en pruebas del horror. Porque los sobrevivientes hablan, y los cadáveres también.
Por Infobae
Desde que los Estados recurren a la guerra para solucionar sus conflictos, existen determinados comportamientos prohibidos pero los crímenes de guerra como tal se establecieron en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Paralelamente, desde 1864, los Estados se preocupan por la protección de las víctimas de los conflictos armados. Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977, relativas al derecho internacional humanitario, se centran en la protección de las víctimas de los conflictos armados, entendidas como las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades.
Así, se entienden como crímenes de guerra las infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de los Protocolos Adicionales de 1977 así como las recogidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Gobierno de Volodymir Zelensky, las potencias occidentales y los organismos de derechos humanos acusan a las tropas de Putin de haber cometido al menos 22 de los crímenes y violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales que aparecen en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Las pruebas inocultables
En Bucha, los soldados de Putin usaron un campamento para niños como campo de concentración. No habían pasado dos meses de la ocupación cuando los primeros vestigios del horror salieron a la luz. Los enviados de Infobae ingresaron a esos sótano e informaron de los cuerpos torturados y de los cadáveres ejecutados con las manos atadas en las espaldas.
Alla fue violada y torturada durante 10 días por soldados rusos en Izyum. Los hombres que la detuvieron buscaban información sobre su hijo, que trabaja para el servicio de seguridad interna de Ucrania, el SBU, y sobre su propio trabajo en la compañía de gas de la región. Su esposo, que trabajaba en la misma empresa, también fue detenido y torturado en un sótano de una clínica acondicionado de manera improvisada como sala de castigo. Como el de Alla, se multiplican los testimonios.
El 9 marzo un brutal bombardeo voló la maternidad de Mariupol, otra de las ciudades más castigadas por Moscú. Una imagen recorrió el mundo y se transformó rápidamente en símbolo de la barbarie rusa: con la mirada perdida, blanca como un papel, una mujer sostenía la panza casi a término de embarazo mientras cinco rescatistas la trasladaban en una camilla entre los escombros. Un hospital fue bombardeado y esa madre y su bebé no sobrevivieron.
Los centros de salud son un blanco de ataque prohibido por definición, pero Rusia dañó o destruyó 927 instalaciones sanitarias desde que lanzó su ofensiva, y las regiones más afectadas por esos bombardeos fueron Kiev, Chernihiv, Donetsk, Mykolaiv y Kharkiv.
Los niños se han transformado en el blanco más desleal de la guerra de Putin. Una investigación de la agencia Associated Press reveló que miles de menores han sido sacados de los sótanos de ciudades bombardeadas como Mariupol y de orfanatos del territorio separatista de Donbas. Se trata de los hijos de personas que murieron en los bombardeos rusos, de instituciones o que estaban con familias de acogida temporal.
Rusia dice que estos niños no tienen padres ni custodios legales. No están muertos ni vivos, están desaparecidos, afirman utilizando una perversa argumentación que los latinoamericanos conocemos muy bien.
AP, sin embargo, comprobó que se llevaron a niños ucranianos a Rusia o a territorios bajo control ruso sin su consentimiento, les mintieron, diciéndoles que sus padres no los querían, y los entregaron a familias rusas.
La ocupación rusa cercó ciudades, bloqueó caminos, prohibió la entrega de ayuda humanitaria, desvió convoys de refugiados a su territorio, destruyó gran parte de la infraestructura energética de Ucrania y dejó al mundo al borde de un desastre atómico con sus ataques a la planta nuclear más grande de Europa, la de Zaporizhzhia.
La práctica recurrente fue la de asfixiar ciudades hasta que no quede ni agua de lluvia para beber, y condenar a familias enteras a encerrarse bajo tierra sin comida ni atención médica.
En busca de un banquillo
El Tribunal Penal Internacional ya ha comenzado a investigar a Rusia pero no tiene competencias para juzgar a Vladimir Putin, porque su país no ha firmado el estatuto por el que se somete a la autoridad de la corte. En este escenario crece la idea de organizar un tribunal especial, al estilo del de Nuremberg que juzgó a los nazis.
El tribunal especial fue propuesto por primera vez por el jurista británico Philippe Sands, que sostiene que “los únicos verdaderos responsables son los dirigentes, y el crimen de agresión es la única manera de llegar a la mesa superior”. Entre quienes respaldan esta iniciativa está la Unión Europea que propone que, sin dejar de apoyar el Tribunal Penal Internacional, se avance hacia la creación de una corte especializada respaldada por Naciones Unidas para “investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia”.
Ucrania quiere que el nuevo tribunal comience a funcionar a más tardar en septiembre de 2023, ya que para entonces cree que habrá recopilado al menos 26.000 crímenes de guerra que provocaron la muerte de 7.500 civiles, entre ellos 400 niños.
Ironías de la historia, mientras Putin se compara con Pedro el Grande, el zar que anexó territorios de Suecia y Polonia, otro zar, Nicolás, fue el que convocó a la Conferencia de La Haya de 1899 para codificar el derecho de guerra…