El arresto del polémico gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, un furibundo crítico del oficialista MAS, lejos de los tonos con que se suele dar la disputa política en Bolivia, configura un exceso del ejercicio del relato y de la posverdad.
Por Marcelo Cantelmi / El Clarín
El mandatario provincial fue arrestado violentamente y sin respetar sus fueros en el marco del “proceso” por “el golpe” que, según la narrativa gubernamental, derribó a Evo Morales del poder hace poco más de tres años.
Pero en Bolivia, en noviembre de 2019, no hubo un alzamiento militar, ni proclamas o comunicados clausurando los poderes.
Tampoco generales con entorchados uniformes arrestando a los mandos civiles. Lo que hubo fue una convulsión social originada en un abuso de la legalidad que cometió el propio mandatario caído.
Morales se había presentado a elecciones el 20 de octubre de 2019 para buscar un cuarto mandato consecutivo.
Lo hizo violando el fallo de un plebiscito en el cual sus propias bases votaron contra esa posibilidad. Pero el líder argumentó que esa prohibición significaba una proscripción política.
Se hicieron las elecciones y, cuando comenzó el conteo, fue quedando claro que Morales ganaba pero no podía evitar el balotaje en el cual con seguridad se uniría la oposición y lo derrotaría.
Pero de pronto se apagaron los sistemas inexplicablemente. Cuando se retomó el conteo al día siguiente, el presidente tenía los diez puntos necesarios para imponerse en primera vuelta. La reelección quedaba salvada.
La gente en la calle, especialmente sectores de la juventud, reaccionó con furia a la maniobra que tradujeron como una burla adicional a la violación del plebiscito.
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