La lucha por el aborto legal recorrió América Latina en 2022 y ganó importantes batallas, especialmente en México y Colombia, países que la organización Human Rights Watch (HRW) destaca por lograr que la protección al acceso legal y seguro al aborto sea considerado un tema de derechos humanos.
“En Latinoamérica ha sido una muy buena noticia el avance de los derechos sexuales y reproductivos con Colombia, México y Argentina, entregando un buen ejemplo para otros países como Estados Unidos, que ha presentado un retroceso vergonzoso en temas relacionados con aborto”, asevera la directora de la División de Derechos de las Mujeres de HRW, Macarena Saez, en la presentación del informe mundial sobre derechos humanos.
“Y creo que lo que es rescatable en estos países es precisamente la conexión entre la protección al acceso legal y seguro al aborto como un tema de derechos humanos, que es precisamente lo que le ha faltado a la respuesta en los Estados Unidos”, agrega.
Según el informe, varios estados de México despenalizaron el aborto en 2022 después de que la Suprema Corte resolviera en 2021 que la criminalización de manera absoluta es inconstitucional. Mientras que Colombia se puso a la vanguardia de los países protectores del aborto como un derecho al despenalizar en febrero el procedimiento hasta las 24 semanas.
Además, este país mantuvo el acceso después de ese período en casos de violación, embarazo no viable, o riesgo para la vida o salud de la persona embarazada.
LA “MAREA VERDE” POR TODA LA REGIÓN
En otros países con legislaciones más restrictivas, la “marea verde” (un color que se vincula con lñas campañas a favor del aborto) también ha provocado pequeños pero importantes avances durante el 2022, explica HRW en su informe en el que se analiza la situación de los derechos de las mujeres en quince países de la región.
Uno de ellos es Ecuador, donde pese a que el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente un proyecto de ley sobre aborto por violación con varias restricciones, “la Corte Constitucional suspendió provisionalmente los artículos que exigían a las niñas víctimas de violación disponer de la autorización de un representante legal para abortar” y posteriormente suspendió también los artículos relacionados a los requisitos para acceder al procedimiento y a la objeción de conciencia.
En Argentina, que legalizó el aborto hasta la 14ª semana en 2021, las organizaciones feministas han estado trabajando para que se derriben los obstáculos que aún persisten en el acceso, especialmente en los sectores alejados de las grandes ciudades.
Cuba aprobó en septiembre pasado el nuevo Código de las Familias que, a decir de HRW, “refuerza los derechos de mujeres y niñas, además de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la reproducción asistida”.
Los tribunales de El Salvador liberaron a seis mujeres que habían cumplido entre 6 y 13 años de prisión por cargos de aborto, homicidio u homicidio agravado. Sin embargo, siguieron criminalizando a otras mujeres que sufrieron emergencias obstétricas. En enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte otro caso relacionado con derechos reproductivos en el país centroamericano.
En Guatemala, el Congreso archivó un proyecto de ley que establecía sanciones más severas y ampliaba los casos en los que se puede procesar a personas por acceder a un aborto. Y en Chile, el texto rechazado de la nueva Constitución establecía el deber del Estado de garantizar el acceso al aborto. “Una encuesta realizada por Ipsos en 2021 mostró que más del 70 % de los chilenos apoyaba legalizar el aborto en algunas o en todas las circunstancias”, dice la organización.
Mientras que a Perú, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le insta a despenalizar totalmente la interrupción del embarazo.
LA VIOLENCIA MACHISTA, AL ALZA
En contraste con los avances, la violencia contra las mujeres se exacerbó en varios países de la región, registra HRW. Uno de ellos es Honduras, que tiene “el índice más alto de femicidios en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”.
“En enero, ONU Mujeres calculó que el 90 % de los femicidios en Honduras queda impune”, se detalla en el informe.
El Gobierno de Nicaragua no ha publicado cifras de femicidios ni de otras formas de violencia contra las mujeres en 2022, pero varias organizaciones sociales han alertado de que las tasas de violencia contra mujeres han aumentado en los últimos años.
En Brasil, el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro redujo en un 90 % el presupuesto federal destinado a combatir la violencia contra las mujeres en 2022, en comparación con 2020. Y en septiembre, las autoridades informaron a Human Rights Watch de que, en un país con más de 210 millones de personas, “solo funcionaban 77 albergues para mujeres”.
Las mujeres y niñas “siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia” en Bolivia. “Un estudio publicado en la revista The Lancet en febrero de 2022 estimó, con datos de 2000 a 2018, que el 42 % de las niñas y mujeres bolivianas de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, el porcentaje más alto de América Latina y el Caribe”, denuncia la organización.
Por último, en Haití y Venezuela la escalada de violencia, especialmente la sexual, contra mujeres y niñas ha puesto a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad.
EFE