Van tres semanas desde que una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015 tomara la decisión de eliminar la Presidencia Interina (PI) ejercida por Juan Guaidó. Razones de peso habrán tenido, ya que se trata de una figura con sustento en el artículo 233 de la Constitución. En sus primeros meses, además, representó un serio desafío al gobierno de facto, contando con el apoyo de unos 60 países democráticos. Permitió abrir numerosas delegaciones de la oposición democrática –embajadores ad-hoc—en muchos de ellos, así como tener voz en la OEA, en la persona de Gustavo Tarre Briceño. Asimismo, ofreció el marco de legitimidad para amparar valiosos activos venezolanos en el extranjero de las fauces depredadoras del fascismo chavo-madurista. Tomando esto en cuenta, un analista tan importante de la región, como es el periodista Andrés Oppenheimer, se extrañó por lo que calificó como un “suicidio político” de la oposición venezolana. Desde la reunión de Davos, Suiza, Ricardo Hausmann reportó, asimismo, el desconcierto al respecto entre dirigentes de países amigos.
Sin duda se nos debe una explicación. Tan importante experiencia no puede ser, simplemente, barrida bajo la alfombra como si no hubiera pasado nada, Claro, fracasó en lograr sus objetivos: “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Pero al comienzo ello fue bandera detrás de la cual se movilizaron impacientes mayorías, esperanzadas en que se sacarían de encima la peor gestión conocida en la historia petrolera de Venezuela. La pregunta a responder es, entonces, ¿por qué fracasó, por qué se fue quedando sin fuelle?
Cabrían dos explicaciones de por qué no se plasmó el cometido expuesto: una, que fue una quimera, pues no contaba con las condiciones necesarias para que pudiera coronar; y/o, dos, que los propósitos esgrimidos fueron saboteados, conscientemente o no, por acciones que impidieron su materialización. En el extremo, se insinúa, irresponsablemente, que la experiencia obedeció a una especie de capricho personal de Juan Guaidó y de VP, como si los diputados opositores que nombraron a Guaidó presidente de la Asamblea no tuvieran que ver. Si bien deben señalarse los errores cometidos desde la PI, algunos muy comprometedores, no puede soslayarse la corresponsabilidad de muchos personeros de la Asamblea 2015, como de las alianzas forjadas en su respaldo a nivel nacional e internacional. De ahí la pertinencia de un análisis profundo que esclarezca los desaciertos del interinato y sus aciertos, como aprendizaje valioso en la lucha por restituir la democracia. Además de ubicar responsabilidades a considerar a la hora de conformar un liderazgo democrático confiable, conectado con las aspiraciones de la gente, debe servir para calibrar mejor las causas de que Maduro y sus cómplices permanezcan en el poder. Superar una dictadura fascista no es, simplemente, “soplar y hacer botellas”.
Pero a estas alturas, las razones que llevaron al cese de la PI no han salido al conocimiento público. Tampoco la rendición de cuentas sobre su gestión que prometió Guaidó, ni las que les pidió a quienes colaboraron en ella. En vez de aclarar las cosas, parte de la dirigencia opositora decidió, como en el cuento, tirar al bebé junto al agua sucia de la tina. Su silencio –inaceptable– sugiere explicaciones poco edificantes sobre rivalidades por el liderazgo en el seno de la alianza opositora en la Asamblea –entrarían aquí las recriminaciones de Leopoldo López– o que la eliminación de la PI representó un gesto hacia el régimen buscando comprometerlo, en reciprocidad, con concesiones hacia el avance de una apertura democrática. De ser este el espejismo, ¿Qué han manifestado los personeros del régimen?
En estos primeros días de 2023, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, giró órdenes de captura a Julio Borges y a quienes ocupan la directiva recién nombrada de la Asamblea de 2015, Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, asilados todos en el extranjero por la persecución política en su contra. Luego Jorge Rodríguez, jefe del equipo chavo-madurista en las negociaciones reiniciadas en México, pone en suspenso los objetivos siguientes de la carta compromiso, como son la liberación de los presos políticos y lo referente a negociar condiciones electorales confiables, porque no se han entregado los $3 millardos acordados entre las partes para ayuda humanitaria. Se lanzan a la calle bandas fascistas motorizadas para amedrentar a educadores y empleados públicos en protesta por una remuneración digna y aparece la saña de Diosdado Cabello anunciando que la asamblea madurista aprobará una ley en para “controlar el financiamiento a las ONGs que conspiran contra el país”. Convencidos de que tienen ahora la vía despejada para tratar con el gobierno de EE.UU., aumentan sus aullidos para que les sean retiradas las sanciones impuestas en su contra. Maduro, ya abandonada toda pretensión de ajustar sus alocuciones a la realidad, ofrece como razón del empobrecimiento atroz de los venezolanos –del que es el responsable principal–, una cifra sacada del aire de $232 millardos (¡!) como ingresos dejados de percibir en razón de las mismas. Y, en ese mundo al revés que proyecta todo totalitarismo, convoca a “los trabajadores” a protestar en su contra. No son, precisamente, señales auspiciadoras de una actitud favorable a acuerdos para una transición democrática.
Mientras, sigue a galope cada vez más fuerte la inflación come-salarios, continúa la flagrante violación de los derechos elementales de más de 250 compatriotas encarcelados sine die por razones políticas, se hacen crónicas las interrupciones del servicio eléctrica y del suministro de agua, y avanza el proceso de silenciamiento y acoso generalizado a periodistas y medios de comunicación.
Sorprende, salvo algunas declaraciones de Gerardo Blyde y de Juan Guaidó, la falta de respuestas claras y contundentes del liderazgo político opositor ante esta situación. Contrasta con las protestas masivas, a lo largo y ancho del país, por parte de educadores, empleados públicos y trabajadores de Guayana en contra de la funesta conducción del país a manos de Maduro y sus cómplices (a la hora de escribir estas líneas, no han ocurrido las movilizaciones convocadas en ocasión del 23 de enero). ¿Cómo es que no se anuncian lineamientos creíbles de un modelo alternativo, democrático y bien fundamentado económicamente, capaz de sembrar la confianza y la voluntad de cambio de tantos venezolanos hartos de su miseria? Si es verdad que la PI representaba una traba para avanzar en esa dirección, ¿qué les ofrece ahora el liderazgo político opositor a los venezolanos? ¿Cómo conectar las protestas con la aspiración de sacar de las primarias programadas para este año, un liderazgo democrático fuerte, reconocido, que canalice estas justas demandas de mejora hacia el cambio político tan necesitado?
Y, quizás aquí, se le encuentre sentido a la situación producida por la defenestración de la PI por parte de los partidos AD, UNT y PJ. Pone de manifiesto, a la luz de esas movilizaciones que están animando a los venezolanos, que la dirigencia política existente, con largos años al frente de sus respectivos partidos, debe abrir paso a un renacer de las fuerzas democráticas. Muchos han dejado la piel en sus esfuerzos por lograr el retorno a la democracia, pero, a estas alturas, parecen haberse desconectado del sentir de la gente. Sus sacrificios no deben inhibir que expresemos nuestra aspiración de ver entrar aires frescos y mejor posicionados para avanzar en nuestros propósitos. Los honraría acompañar el pase de la batuta con una autocrítica sincera, a manera de rendición de cuentas a los venezolanos. De eso trata la democracia. Es demasiado lo que está en juego. Desde una perspectiva optimista, podríamos augurar un nuevo amanecer, prometedor, encarnado en un liderazgo renovado capaz de aunar voluntades a favor de ponerle fin a tan desastrosa gestión del Estado.
Venezuela se “ha arreglado” sólo para una exigua minoría, aquella que se recrea en el “Manhattan” con que retratan la urbanización de Las Mercedes en Caracas, con exhibiciones de Ferraris a la venta, fastuosos edificios de oficina y restaurantes colgantes, mientras el país se muere de hambre. Muchos hemos perdido el derecho a disfrutar de una jubilación merecida después de tantos años de servicio. A los jóvenes se les ha robado su futuro. Los más, han perdido las condiciones básicas de una existencia digna, amparada en servicios públicos eficientes, buena alimentación y libertad. ¿Hasta cuándo?
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com