Con su traje de Batman, su complexión atlética y su calva, el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes es una figura imponente.
Por Mauricio Savarese y Joshua Goodman | The Associated Press
Para algunos, sus acciones desde el banquillo son más intimidantes. Ya sea investigando al expresidente Jair Bolsonaro, arrestando a manifestantes con escasas pruebas o expulsando a sus partidarios de extrema derecha de las redes sociales, de Moraes ha perseguido agresivamente a los sospechosos de socavar la frágil democracia de Brasil.
Tras el ataque de este mes contra el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo de Brasil por parte de una turba de partidarios de Bolsonaro que pretendían anular las recientes elecciones, el papel de de Moraes como principal agente del poder judicial se ha ampliado aún más. Algunos acusan a de Moraes de extralimitarse en nombre de la protección de la democracia brasileña frente a la doble amenaza de la violencia política y la desinformación. Otros consideran que sus audaces tácticas están justificadas por circunstancias extraordinarias.
“Nuestra democracia se encuentra en una situación de riesgo extremo, por lo que es comprensible que se establezcan algunas restricciones excepcionales”, afirmó Juliana Cesario Alvim, profesora de derechos humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais que ha investigado las decisiones del Tribunal Supremo. “Pero eso no significa que no haya que criticar cómo se gestionan estos casos”.
Definir los límites de la libertad de expresión no es sólo un enigma en Brasil. En Estados Unidos, algunos conservadores consideran que la moderación de contenidos en las redes sociales es censura. Algunos liberales dicen que no se está haciendo lo suficiente para erradicar el odio, la violencia y la desinformación.
En Brasil, los leales a Bolsonaro que dicen que de Moraes está amordazando la expresión han ganado recientemente el apoyo -y el megáfono de las redes sociales- del periodista Glenn Greenwald, ganador del Premio Pulitzer y residente en Brasil.
A diferencia de Estados Unidos, donde la Primera Enmienda es un texto casi sagrado que se enseña en todas las escuelas secundarias, la Constitución brasileña es más difícil de manejar. Redactada tras la dictadura militar de 1964-1985, contiene una larga lista de objetivos y prohibiciones contra delitos específicos como el racismo y, más recientemente, la homofobia. Pero la libertad de expresión no es absoluta, según Jane Reis, juez federal y profesora de derecho en Río de Janeiro.
Aun así, algunas de las decisiones de de Moraes han levantado ampollas, incluso entre sus defensores. En agosto, autorizó órdenes de registro contra líderes empresariales después de que un medio de comunicación local informara de que habían mantenido un chat grupal privado que incluía conversaciones sueltas a favor de un posible golpe, pero que no parecían mostrar un esfuerzo coordinado para derrocar la democracia.
El Tribunal Supremo decidió en 2019 investigar las noticias falsas y las amenazas contra los jueces del máximo tribunal, reforzando drásticamente la autoridad de de Moraes para allanar, censurar e incluso encarcelar a las voces antidemocráticas.
La medida generó polémica de inmediato y no tiene precedentes porque no fue el resultado de una petición de los legisladores o de una institución gubernamental. La investigación se ha llevado a cabo con los magistrados del tribunal -y de Moraes como investigador principal- actuando como acusador, víctima y árbitro a la vez.
Muy pronto, de Moraes dirigió su atención a Bolsonaro. En 2020, la policía allanó los domicilios y congeló las cuentas de redes sociales de partidarios de la extrema derecha y YouTubers, legisladores pro-Bolsonaro argumentaron a favor de la destitución de de Moraes, alegando que era parcial contra el líder de extrema derecha. Bolsonaro utilizó durante meses su considerable presencia en las redes sociales para plantear dudas infundadas sobre el sistema de voto electrónico de Brasil, lo que le enfrentó a de Moraes cuando asumió la presidencia de la autoridad electoral.
Desde la derrota de Bolsonaro ante el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en una segunda vuelta en octubre, la cruzada de de Moraes se ha intensificado. Tres días después de que la turba irrumpiera en la capital de Brasil, de Moraes ordenó a Facebook, Twitter, TikTok e Instagram que bloquearan las cuentas de las personas acusadas de incitar o apoyar ataques contra el orden democrático de Brasil. El incumplimiento en el plazo de dos horas conllevaría una multa de 100.000 reales (20.000 dólares) al día, según el edicto secreto revelado por primera vez por Greenwald.
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