La ONG venezolana Cofavic denunció este jueves ante el alto comisionado de la ONU para los DD.HH. (Acnudh), Volker Türk, quien se encuentra de visita en Caracas, que en los últimos 10 años ha documentado 14.296 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado, para “un promedio superior a las 1.400 muertes anuales”.
Con información de EFE
A través de una carta, la organización no gubernamental aseguró que, desde 2012, “se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad”.
“De manera particular, esto ha venido sucediendo mediante el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos”, señala el escrito.
A continuación, la carta íntegra de Cofavic:
Distinguido Señor Türk:
Nos dirigimos a usted en nombre del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) con el propósito de hacerle llegar información que consideramos de especial relevancia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Esta información es resultado de nuestra permanente investigación, documentación y acompañamiento directo a víctimas de violaciones de derechos humanos, labor integral que hemos desarrollado en Venezuela durante más de tres décadas. Desde nuestra perspectiva, consideramos necesario exponer la sistematicidad que han adoptado estas vulneraciones en nuestro país, lo cual evidencia la gravedad de esta situación en el contexto nacional.
Desde 2012 se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad. De manera particular, esto ha venido sucediendo mediante el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos. A partir de ese año y a lo largo de la siguiente década, en COFAVIC hemos registrado una data independiente sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales alcanzan los 14 296 casos a escala nacional (2012-2022), es decir, un promedio superior a las 1400 muertes anuales causadas por funcionarios de seguridad del Estado.
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informó a la ONU que entre 2017 y 2021 inició 4890 investigaciones relativas a ejecuciones extrajudiciales y añadió que hubo sentencias condenatorias solo en 16% de los casos. Si se considera que este dato procede de una fuente oficial, queda evidenciada la gravedad de este fenómeno violatorio del derecho a la vida y, sobre todo, el margen de impunidad que prevalece.
Tanto las organizaciones de derechos humanos locales como diferentes instancias y organismos internacionales han denunciado durante los últimos años la letalidad que caracteriza las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), unidad fundada en 2016 dentro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y han solicitado públicamente su disolución. Al respecto, informaciones oficiales señalan que entre el 01 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 se inició un proceso de reestructuración de ese cuerpo policial, prorrogado luego por seis meses. En varias ocasiones se han producido declaraciones oficiales que aseguran la extinción de las FAES, sin embargo, numerosos testimonios de víctimas aseguran que esta unidad continúa funcionando y ejecutando operativos de seguridad ciudadana.
Entre los meses de abril y septiembre de 2022 y por orden del Ejecutivo se puso en práctica una nueva política de seguridad ciudadana denominada “Trueno”, también caracterizada por la participación de fuerzas mixtas de seguridad. Su objetivo principal consiste en “combatir a los grupos terroristas”. Durante estos operativos han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130. Se ha identificado la participación de 1500 funcionarios en estos operativos, realizados en los sectores más vulnerables económicamente y durante los cuales más de 100 personas han sido detenidas.
Lamentablemente, esto solo demuestra la continuidad del uso desproporcionado de la fuerza durante los operativos de seguridad ciudadana, denominados de forma distinta en la década reciente, los cuales incluyen casos muy graves como los ocurridos en el sector Cota 905 (Caracas, 2021), Las Tejerías (estado Aragua, 2022) y José Félix Ribas (Petare, estado Miranda, 2022), cuya cantidad de víctimas afectó a numerosas familias de menores recursos.
Paralelo a esto y con base en investigaciones, monitoreo permanente y el acompañamiento a víctimas, desde COFAVIC hemos denunciado el fortalecimiento de una política estatal que busca el cierre del espacio cívico democrático, mediante la constante criminalización, persecución y amenaza a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. Solo entre 2018 y octubre de 2021 se cometieron 1221 ataques de diferente naturaleza contra quienes defienden derechos, de acuerdo con nuestro registro independiente, lo que pone de manifiesto también otro patrón de parte del Estado venezolano: la persecución a todas las expresiones de la sociedad civil organizada en Venezuela.
En este mismo sentido, el Estado ha ido construyendo un andamiaje de restricciones judiciales, legales y administrativas destinadas a obstaculizar e imposibilitar la acción libre e independiente que debe caracterizar el trabajo de las ONG. No hay lugar a dudas de que las múltiples limitaciones de este tipo promulgadas en el país tienen la finalidad de debilitar, y finalmente socavar, la operatividad financiera y administrativa de las organizaciones civiles dedicadas al acompañamiento de personas víctimas de violaciones de derechos humanos y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
La más reciente de estas medidas fue hecha pública hace unos días. El 24 de enero de 2023 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un nuevo proyecto de Ley que claramente elimina la acción libre e independiente de las ONG, no solo nacionales sino también internacionales. Este proyecto se denomina Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. De ser sancionado como Ley, se establecerán restricciones definitivas al derecho de asociación en Venezuela.
Es muy importante tener en cuenta que esta reciente amenaza no es un hecho aislado, sino, como describimos antes, es una política del Estado venezolano dirigida a minar el desarrollo legítimo y legal de las Organizaciones No Gubernamentales, en particular, mediante acusaciones infundadas de tener vínculos con el terrorismo u otros graves delitos.
Todo lo precedente confirma que en Venezuela enfrentamos una grave crisis de derechos humanos, cuyas razones estructurales no solo se mantienen, sino que se han profundizado. Así fue señalado en informes y declaraciones de la Fact Finding Mission de la ONU para Venezuela, así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional[18], según las cuales existen motivos razonables para afirmar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Lo anterior, está agravado por la ausencia de estadísticas oficiales sobre vulneraciones a derechos humanos, lo que imposibilita contar con un diagnóstico confiable sobre la situación real del país, y causa tanto la invisibilización como la criminalización recurrente de las víctimas. Por otra parte, el Estado venezolano rechaza y desconoce desde 2015 la mayoría de las principales recomendaciones realizadas por los mecanismos convencionales y extraconvencionales de la ONU, el más reciente de los cuales ha sido el EPU (Examen Periódico Universal de Naciones Unidas).
En consecuencia, es casi total la moratoria en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2008 el Estado Venezolano ha desconocido de manera abierta y contumaz todas las recomendaciones y resoluciones dictadas desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para concluir, le manifestamos que desde COFAVIC valoramos muy positivamente la presencia de su equipo de trabajo en el territorio, y sin duda, su visita a Venezuela tiene la mayor relevancia en estos momentos, cuando ha quedado en evidencia la institucionalización de la impunidad en materia de derechos humanos.
Tenemos conocimiento de que su Oficina está en fase de negociación en cuanto a la renovación del acuerdo o memorándum de cooperación con el Estado para continuar desarrollando su labor en el país y, por tanto, queremos expresarle lo valioso y trascendente que será fortalecer las condiciones de trabajo de su equipo in loco, como vía para garantizar el pleno ejercicio del mandato que le fue conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, respetuosamente le solicitamos que:
Mantenga y profundice una posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia, con informes públicos y actualizaciones orales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que estos sean presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación sobre avances y retrocesos en cuanto a la investigación, procesamiento, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos en el país.
Fortalezca las labores de su equipo en el terreno, particularmente mediante el robustecimiento de sus funciones de observación. Dada la vasta experticia que tiene su Oficina, puede dar al país una enorme contribución a la documentación y análisis de casos emblemáticos, que mejore notoriamente la rendición de cuentas y el acceso a justicia en el país.
Comparta de manera oportuna los aportes técnicos en el ámbito judicial y legislativo que la Oficina del Alto Comisionado plantee a las autoridades del Estado, y mantenga una presencia pública activa por medio de llamamientos y recomendaciones que fomenten el respeto de las obligaciones internacionales, en especial, cuando estas se vean vulneradas por parte del Estado Venezolano.
Profundice, visibilice y fortalezca la relación entre la Oficina del Alto Comisionado y las Organizaciones No Gubernamentales en Venezuela y amplíe la cooperación técnica con este sector, lo que sin duda enviará un mensaje sólido y necesario que proteja a personas y organizaciones defensoras de derechos dentro del riesgoso contexto que enfrentan a diario en Venezuela.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y le agradecemos de antemano la gentil atención que le merezca la presente comunicación. Sin más por el momento le expresamos nuestras más altas muestras de consideración y respeto.
Atentamente, por COFAVIC
Yris Medina
Directora Ejecutiva
Liliana Ortega Mendoza
Coordinadora General