La Judicatura turca ha decretado el ingreso en prisión preventiva de 54 personas en el marco de una investigación que busca depurar responsabilidades por el derrumbe de edificios de los terremotos que asolaron el sureste de Turquía el pasado 6 de febrero, informa este viernes la prensa turca.
El ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, señaló que se está investigando a un total de 245 sospechosos, de los que 54 han ingresado en prisión preventiva, 47 están en libertad bajo control judicial y 27 están provisionalmente detenidos.
Bozdag prometió que la Justicia actuaría de forma exhaustiva contra quienes pudieran tener responsabilidades en los derrumbes.
El ministro de Urbanismo, Murat Kurum, ha anunciado hoy que tras investigarse 684.000 edificios en las zonas afectadas, 84.000 resultaron o bien derrumbados o gravemente dañados y que deben ser urgentemente demolidos.
De una lista publicada por el diario digital Diken se desprende que la mayoría de los detenidos son empresarios de la construcción y contratistas, pero también hay arquitectos, ingenieros, delegados ténicos y capataces de las obras afectadas.
Entre los detenidos también hay dueños y gestores de los edificios derrumbados, a los que se investiga por haber supuestamente permitido modificaciones posteriores de la estructura.
Ya en el terremoto de Van de 2011 y el de Esmirna de 2020 se atribuyeron varios derrumbes a que los dueños de tiendas o supermercados situados en los bajos de un edificio residencial habían eliminado muros de carga para ampliar el espacio disponible.
También ahora, numerosos usuarios de redes sociales denuncian que muchos de los edificios que se vinieron abajo en el terremoto albergaban supermercados o bancos en la planta baja donde, supuestamente, se habían demolido muros de carga.
Pero la oposición señala que el propio Gobierno ha contribuido a este fenómeno al lanzar en 2018 una gran campaña para legalizar edificios construidos de forma ilegal o que carecían de determinados permisos, bajo el lema de “paz de construcción”.
Un folleto oficial del Ministerio de Urbanismo explica que con esta medida se pretendía poner fin a los problemas de los residentes en edificios que a menudo llevaban años habitados pero, al no ser legales, no podían recibir acceso a agua o luz ni hipotecarse.
La ley, aprobada semanas antes de las elecciones generales de junio de 2018, afectó unas 7 millones de construcciones, 5 millones de ellas residenciales, en toda Turquía.
Cuando faltan solo meses para la próxima cita con las urnas, prevista para mayo o junio, una nueva ley de contenido similar se está debatiendo en el Parlamento, señala la prensa turca.
EFE