Los índices delictivos se incrementaron en el estado Guárico durante el año 2022, que lo posicionan como uno de los más peligrosos del país, y sus habitantes siguen sintiendo temor por las precarias políticas en materia de seguridad que aplica el Estado venezolano para contener el avance de los grupos delictivos.
Por Corresponsalía La Patilla
La tasa de muertes violentas pasó de 28,9 en 2021 a 40,5 en 2022, solo superado por Distrito Capital, La Guaira, Miranda y Bolívar.
Estos datos representan el número de decesos por cada 100 mil habitantes (100 m/h) ocurridos como consecuencia de eventos de violencia interpersonal, clasificadas en: homicidios intencionales, muertes por intervención policial y muertes en averiguación.
En la extensa región llanera, los robos y homicidios siguen a la orden del día, así como los casos de extorsión y abigeato en los sectores rurales.
De igual manera, y a pesar de los esfuerzos por desarticular a la megabanda criminal “Tren del Llano”, sus integrantes siguen haciendo de las suyas, cuyas células se han expandido incluso a otras regiones.
No solamente los residentes de las principales ciudades guariqueñas sufren por los graves índices delictivos que se han presentado en los últimos años, sino que también campesinos y productores son “visitados” por el hampa en sus fincas y áreas de producción.
De acuerdo a datos recientes del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Guárico -que tuvo acceso el equipo reporteril de La Patilla-, la mayoría de los hechos criminales se concentran en el área nororiental del estado, entre ellos los municipios Pedro Zaraza, José Tadeo Monagas y José Félix Ribas, sin dejar de lado a Leonardo Infante y Francisco de Miranda.
Precisaron que son al menos 18 los años que no se han presentado cifras de manera oficial en Venezuela en cuanto “al alcance que diversos tipos de violencia interpersonal tienen sobre la sociedad guariqueña”.
A su vez, el Informe Anual Nacional de Violencia 2022, detalló que la tasa de muertes en averiguación “reunió la mayor proporción (52,3%) de los decesos violentos de la entidad llanera con 21,2 defunciones por cada 100 m/h, seguida por las tasas de homicidios y de muertes por intervención policial con 11,5 y 7,8 muertes respectivamente por cada 100 mil habitantes”.
Guárico, punto de entrada y salida para la minería ilegal del Arco Minero
Entre lo plasmado en el reciente documento de la OVV-Guárico, resalta la situación que se vive en la frontera sur guariqueña, que se ha convertido en un punto de entrada y salida para los grupos armados e irregulares que operan en la zona 1 y 2 del Arco Minero del Orinoco.
“Estas zonas limitan con el estado Guárico a través del río Orinoco y, en estas áreas, existe toda una segregación espacial de grupos armados no estatales. Las mismas están plagadas de pequeñas explotaciones mineras artesanales controladas por estos grupos irregulares que usan al estado Guárico como flujo para transportar parte de los minerales metálicos y no metálicos extraídos, que luego son enviados principalmente hacia las islas del Caribe y otros mercados mundiales”, explicó Adrián González, coordinador del OVV-Guárico.
De igual modo, resaltó que miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) rondan por las entidades vecinas de Apure y Bolívar, los cuales aprovechan las cercanías con el estado para cometer actos delictivos como la extorsión y secuestro.
“Tras la política de expropiaciones, han aparecido nuevos actores económicos que, a través de estos capitales, han comenzado a pivotear el circuito agroalimentario como cadenas de hipermercados, de transporte, mayoristas, y, como resultado, se han convertido en blanco de grupos delincuenciales”, subrayó González.
Planes de seguridad no le han puesto fin a la violencia
El Dispositivo Bicentenario de Seguridad (2010), Madrugonazo al Hampa (2011), el Plan Patria Segura (2013), las llamadas Zonas de Paz (2015), la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) (2015-2017), la creación de las FAES (2016), entre otros planes de seguridad que ha puesto en marcha el chavismo durante los últimos años, no han logrado poner fin al crimen en Venezuela, donde la violación a los derechos humanos ha sido la principal bandera de estos despliegues.
“Cuando la única forma de abordar las dinámicas delictivas se basa en la racionalidad bélica, donde no se respetan límites legales y con precarios controles institucionales, no se llega muy lejos. Prueba de ello son la decena de operativos militares-policiales que se han implementado en el territorio nacional con resultados poco racionales, además de que se tienen que imponer por medio del miedo y de la más brutal violencia”, expresó el representante de la ONG.
Para González, los dispositivos de seguridad han traído consigo la creación de nuevos grupos armados, con mejor estructura, y muestra de ello son las células que se han formado de las grandes bandas como “Tren del Llano”, “Tren de Aragua”, “El Koki”, entre otros, con el apoyo desde los recintos carcelarios.
“Si bien en el corto plazo estas incursiones militarizadas parecen romper el control que las soberanías criminales ejercen, perturbar sus sistemas de justicia paralelos y alterar los pactos de coexistencia pacífica entre grupos rivales, la experiencia nos dice que, en el país y en Guárico desde 2016, los operativos de saturación policial, como consecuencia de su condición acumulada, han dado paso a grupos delincuenciales mejor estructurados y más consolidados, ya que se disuelven las facciones internas tras una breve lucha por el liderazgo y, un tiempo después, también mediante el uso de la fuerza, las bandas criminales no solo han logrado recuperar sus territorios sino que también han diversificado sus economías ilícitas”, reveló.
Más de 100 mil reses son hurtadas por abigeato en Guárico
La inseguridad continúa acechando los campos de la entidad, y el abigeato es un flagelo que la llamada “revolución” no ha logrado detener, y según estimación de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), cerca de 10 % de la producción ganadera del país es víctima del hurto de animales, lo cual perturba incluso el consumo de carnes en la nación.
De acuerdo con Carlos Arana, ganadero y vocero de la Asociación de Ganaderos del estado, la cifra puede ubicarse entre 100.000 y 120.000 reses hurtadas. “Hemos contado con apoyo de las autoridades, pero vemos que está siendo insuficiente porque los números (de delitos) se han mantenido”.
Basta con observar lo sucedido a mediados del mes en curso, en Santa María de Ipire, cuando funcionarios policiales lograron frustrar el secuestro y robo de reses en una finca ubicada en la vía hacia el sector Agua Amarilla de dicha jurisdicción.
En el hecho, los antisociales se enfrentaron a las autoridades, pero consiguieron huir hacia una zona boscosa. Gracias a la rápida intervención policial, se logró la liberación de dos féminas y dos menores de edad, quienes se encontraban amordazadas sin mayores lesiones.
En el sitio se recuperaron unas 60 reses, así como una moto, una planta eléctrica y una motosierra.
Es por ello que al igual que los habitantes del Guárico, los productores oran para que se ejecuten planes de seguridad ciudadana que verdaderamente logren disminuir los homicidios, extorsiones y secuestros, y la población guariqueña deje de formar parte de las cifras rojas en esta materia, que es otra de las tantas que no ha logrado aprobar el chavismo desde Chávez a Maduro.