La catástrofe de San Sebastián se convirtió en un caso paradigmático de lo que debe enfrentar ahora el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Por infobae.com
Como siempre ocurre en todo el mundo tras los desastres, el día siguiente es siempre de polémica, de debate sobre lo que se podría haber hecho y lo que, en cambio, no se hizo. Sin embargo, las colosales lluvias que provocaron deslaves e inundaciones, poniendo de rodillas a una parte del litoral norte del estado de San Pablo, han destapado la caja de Pandora y sacado a la luz todos los males de este tramo de costa hace décadas, que son una muestra de los grandes problemas que golpean a todo Brasil.
Y mientras los equipos de rescate cavan con la esperanza de encontrar algunos supervivientes más y los familiares lloran a sus muertos – casi medio centenar pero se teme que el número aumente – la catástrofe de San Sebastián se convierte en un caso paradigmático de lo que debe enfrentar ahora el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
En esta historia hay dos protagonistas. Por un lado, una naturaleza a veces tan gigantesca como madrastra, como la definió el poeta italiano Giacomo Leopardi y, por otro, la mano del hombre que muchas veces prefiere obedecer al dios dinero y no respetar el medio ambiente, sin preocuparse de las consecuencias.
Entre el sábado y el domingo pasados, la naturaleza descargó 683 mm de lluvia en menos de 15 horas sobre el tramo de costa que va de San Sebastián a Maresias, a unos 200 km de la metrópoli de San Pablo, es decir más del doble de la cantidad de lluvia que cae normalmente en la misma región durante todo un mes. Se trata del mayor volumen de precipitaciones registrado en la historia de Brasil, que también ha sufrido otras catástrofes en la misma zona.
En 1967, en la cercana Caraguatatuba, una bomba de agua menor mató a 450 personas. A esto se añade el hecho de que la Serra do Mar, la cadena montañosa que se derrumbó parcialmente en la zona de la catástrofe pero que se extiende a lo largo de 1500 kilómetros desde el sureño estado de Santa Catarina hasta Río de Janeiro, formada hace miles de millones de años, presenta tres grados de vulnerabilidad: la elevada inclinación de las laderas, la poca profundidad del suelo sobre las rocas que impide que el agua penetre obligándola a drenar lateralmente, y el efecto “muro” de las rocas que atrapan las nubes y provocan lluvias frecuentes. Una peligrosa mezcla que en caso de lluvias extremas podría hacer que este desastre se repitiera en otras partes del largo litoral brasileño.
Por tanto, si la naturaleza presenta grandes criticidades en estas zonas, la acción humana de las últimas décadas ha hecho poco o nada por mitigar los riesgos, ni siquiera en materia de gestión de catástrofes. Ha llegado, pues, el momento de exigir responsabilidades a quienes deberían haber vigilado y no lo han hecho.
El Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (CEMADEN) declaró haber alertado con dos días de antelación tanto al gobierno del estado de San Pablo como al municipio de San Sebastián del riesgo de catástrofe, detallando uno de los epicentros, el barrio de Vila do Sahy, donde perdieron la vida más de treinta personas.
Sin embargo, la población local afirmó no haber sido advertida del peligro inminente de desprendimiento, y mucho menos haber recibido una orden de evacuación por parte de Protección Civil. Según el sitio de noticias G1, la decisión del gobierno municipal de no emitir un aviso de riesgo de desprendimiento se tomó para no asustar a los turistas que estos días acudían en masa a las playas de la costa con motivo del Carnaval, unos 5.000.
A esto se suma el hecho de que todo el estado de San Pablo carece de un sistema de sirenas en las zonas de riesgo para avisar en tiempo real de una catástrofe inminente. Tanto el gobierno paulista como el federal hacen ahora un mea culpa. “Tenemos que crear un sistema de alerta local y adiestrar a la población”, declaró el ministro de Integración, Waldez Góes. A la espera de un sistema de alerta similar al del tsunami, ahora queda el problema de la población sin hogar. ¿Qué será de los cientos de personas que lo han perdido todo además de sus casas? Un proyecto de ley para crear un seguro para las víctimas de catástrofes naturales está bloqueado en la Cámara de Diputados desde mayo de 2022.
Además, ni un solo político ha hecho referencia en estos días al gran drama que devora todo el litoral desde al menos los años ochenta, es decir un boom inmobiliario fuera de control. Bastaba darse un paseo antes del desastre y hacer algunas preguntas a los agentes inmobiliarios de la zona para comprender el mecanismo destructivo que en cuarenta años ha estragado literalmente el litoral: el “grillagem” como se llama en Brasil.
Se trata de una práctica ilegal llevada a cabo por profesionales de la invasión de terrenos que los ocupan y luego, a cambio de una comisión, los venden a terceros. Y así, incluso villas exclusivas junto a la playa que pueden costar millones de dólares y se alquilan por miles de dólares al día no tienen, en muchos casos, documentación de propiedad en regla.
Son los propios agentes inmobiliarios quienes se lo dicen de entrada a los posibles compradores, lo que demuestra que el fenómeno es conocido por todos y no se oculta. Gran parte de los terrenos de la costa desde la década de los ochenta han sido “tomados y conquistados” como en el salvaje Oeste. A lo largo de los años, esta expansión criminal en el litoral ha obligado a los lugareños, a los indígenas y a la población más pobre a retirarse a vivir debajo o en las laderas de la Serra do Mar, donde los ciudadanos ricos de San Pablo jamás habrían comprado una casa. Esto explica por qué fueron los más pobres los que murieron en esta catástrofe. Así que ahora a las declaraciones de Lula, que corrió al lugar para expresar su solidaridad, de que “no debemos seguir construyendo junto a las montañas”, tendrá que seguir una acción coordinada para reprimir los crímenes medioambientales que hasta ahora han disfrutado de la omertà de la política pero que han contribuido al desastre. Porque el medio ambiente, como recuerdan ahora los habitantes del litoral, no es sólo la Amazonia, sino también su Mata Atlántica.
En noviembre de 2020, una inspección del Ministerio Público del Estado de San Pablo había denunciado irregularidades urbanísticas en la zona más afectada, Vila Sahy, y el municipio se comprometió a regularizar la zona en dos años, cosa que nunca ocurrió. Las autoridades locales se justificaron diciendo que en todo San Sebastián hay 102 zonas que deben regularizarse y que no disponen de fondos suficientes. Sin embargo, el año pasado el municipio se benefició de 5,4 millones de reales, 1,1 millones de dólares, del llamado presupuesto secreto (es decir, un mecanismo legal pero turbio para transferir fondos del ejecutivo a los legisladores). Pero no está claro si el dinero ya ha sido desembolsado.
A esto se añade otro problema. Esta expansión inmobiliaria desordenada también ha repercutido en el llamado “saneamiento básico”, es decir el conjunto de los servicios públicos básicos de higiene que garantizan el grado de desarrollo de una región como el agua potable y el alcantarillado. En el litoral no existe una red de alcantarillado adecuada para la expansión inmobiliaria salvaje. Pero el litoral de San Pablo no es una excepción.
En todo Brasil, 100 millones de personas no tienen acceso al alcantarillado y 35 millones al agua tratada con cloro, según datos del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS). En una audiencia pública del 2021 en el Congreso, el entonces ministro de Desarrollo Regional del Gobierno de Jair Messias Bolsonaro, Rogério Marinho cuantificó en 700.000 millones de reales, unos 136.000 millones de dólares, el presupuesto necesario para resolver el problema. Se trataba de una cantidad enorme que, según Marinho, solo podrían cubrir los ingresos privados.
De ahí el proyecto del llamado “Marco Zero” del saneamiento básico, es decir nuevas alternativas y mecanismos de financiación para alcanzar el objetivo de agua y alcantarillado para todos en 2033. En una subasta pública, la Compañía de Saneamiento de Rio Grande do Sul (CORSAN) fue la primera empresa estatal en ser privatizada, en 2021. En un editorial, el diario brasileño Estado de São Paulo explica que antes del “Marco Zero”, “los servicios de agua y alcantarillado eran prestados casi exclusivamente por empresas estatales contratadas sin licitaciones ni fijación de metas. El fracaso de este sistema está a la vista, junto con la ineficacia de un estado obeso apegado a los privilegios corporativos”. Sin embargo, la agenda política del gobierno Lula es contraria a estos nuevos mecanismos propuestos por el “Marco Zero”y no está claro cómo se abordará ahora el problema en todo el país.
Empezando por la cuestión del saneamiento básico, para que las muertes de la catástrofe del litoral norte de San Pablo no sean en vano, es necesario que las autoridades hagan una análisis de todas las criticidades que han surgido de la tragedia de San Sebastián para mejorar tanto las medidas de emergencia como las condiciones de alojamiento de la población. Una lección que puede servir para todo Brasil.