Hace un año de la invasión rusa a Ucrania, considerada un “crimen de agresión” por el derecho internacional, pero las peculiaridades legales de este crimen obstruyen las posibilidades de juzgarlo en La Haya, lo que causa tensiones entre la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Europea, que busca crear un tribunal especial.
“En este momento debemos evitar la fragmentación y optar por la consolidación”, sentenció el fiscal de la CPI, Karim Khan, en respuesta al planteamiento de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de “establecer un tribunal especial” para juzgar el crimen de “agresión” de Rusia, una idea que está centrando el debate en La Haya.
Durante este primer año de guerra rusa en Ucrania, la comunidad internacional ha dado pasos sin precedentes para garantizar la rendición de cuentas por parte de la Justicia ucraniana, la CPI, y de terceros países que recurren a la jurisdicción universal para perseguir crímenes internacionales, con una movilización importante para recoger y proteger las pruebas.
“La justicia es una partida muy larga. Es importante no perder la esperanza, seguir con la documentación, porque las cosas que hoy son políticamente imposibles, podrían no serlo en diez años”, señaló a EFE Iva Vukusic, profesora de Historia Internacional en la Universidad de Utrecht.
Los crímenes internacionales básicos son los crímenes de guerra, de lesa humanidad, y el genocidio, definidos en el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, al igual que el crimen de “agresión”, que está sometido a condiciones legales que dificultan, de momento, su procesamiento.
LAS CONDICIONES
La CPI sí investiga desde marzo los “crímenes de guerra” y “lesa humanidad” en Ucrania, y ha abierto en junio una oficina en Ucrania para apoyar la presencia “continua y creciente” de su personal.
Pero la CPI no tiene jurisdicción para juzgar este “crimen de agresión” en sí, al necesitar que ambos países sean miembros del tribunal, pero ni Kiev ni Moscú han ratificado el Estatuto de Roma.
La Corte ha podido abrir la investigación sobre esos dos crímenes en Ucrania porque Kiev hizo en 2014 y 2015 dos declaraciones -que no la convierten en miembro- en las que aceptó de forma parcial la jurisdicción de la CPI para -escribió Kiev- “identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 febrero de 2014”, tras la anexión rusa de Crimea.
Pero eso no es suficiente. El crimen de agresión, que se activó en la CPI en 2018, tiene condiciones más estrictas que los otros tres: no se aplica a actos de agresión cometidos en países que no hayan ratificado el Estatuto, como Rusia y Ucrania.
Y es aquí donde Kiev, y luego Von der Leyen, propusieron una alternativa: establecer un nuevo tribunal especial con jurisdicción específica sobre el crimen de agresión, pero los escépticos de esta idea creen que un tribunal ad hoc puede “debilitar” el trabajo de la CPI.
“He manifestado mi disposición a cooperar y mi voluntad de apoyar el compromiso con los Estados parte y otros de abordar la brecha percibida sobre el crimen de agresión bajo el paraguas del sistema del Estatuto de Roma (…) Pero no queremos sobredocumentación”, respondió Khan, poniendo en duda “las promesas de que cualquier iniciativa no socavaría” el trabajo de la Corte.
INMUNIDADES
Bajo el código penal ucraniano, Kiev sí abrió un caso por este crimen desde el primer día, pero esto “significa en la práctica que debe ser capaz de detener a los perpetradores rusos en la Ucrania o en otro Estado que los extradite”, subrayó a EFE Frederika Schweighoferova, de Parlamentarios para la Acción Global (PGA).
Aquí entra en juego la inmunidad funcional, que se extiende al presidente ruso, Vladimir Putin, su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el primer ministro, Mikhail Mishustin, aunque sí se pueden abrir ya procedimientos contra altos cargos políticos, ministeriales, militares y agentes de propaganda de Rusia.
La CPI no reconoce la inmunidad funcional, y aunque no pueda juzgar la “agresión”, sí se está preparando para hacerlo con los crímenes de guerra, cuya cifra asciende a más de 71.000 casos, aseguró ayer la fiscal de enlace ucraniana en Eurojust, Myroslava Krasnoborova.
Marieke de Hoon, experta en Derecho Penal Internacional, añadió que hay dos preguntas que deben probarse legalmente: “Si aquellos al mando sabían que se estaban cometiendo crímenes de guerra o debían haberlo sabido” y “si hicieron lo posible para evitarlos”.
“Aunque hay que tener en cuenta que estos crímenes se están cometiendo en directo, así que es difícil imaginar que no estén al tanto. Y tampoco veo signos de que el Kremlin lo esté evitando”, lamentó.
EFE