Cinco mujeres que denuncian que se les negó un aborto pese a los graves riesgos médicos que afrontaban demandaron al estado de Texas por su prohibición del aborto y vieron apoyada este martes su iniciativa por la Casa Blanca.
Esta es la primera vez que las propias embarazadas afectadas, representadas por el Centro de Derechos Reproductivos, emprenden acciones legales contra la eliminación del acceso al aborto después del fallo del Tribunal Supremo de EE.UU., que en junio anuló este derecho vigente desde hacía medio siglo, según medios nacionales.
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, mostró su apoyo a las demandantes a través de un comunicado en el que reivindicó que “arrebatar el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones en materia de salud reproductiva pone en peligro su salud, con consecuencias potencialmente mortales”.
La demanda, de 91 páginas y presentada este lunes, pide al tribunal que afirme que los médicos pueden hacer excepciones y que especifique en qué condiciones.
Los fetos de las mujeres denunciantes no tenían posibilidad de sobrevivir, ya que dos de ellos no tenían cráneo y otros dos amenazaban la vida de sus gemelos.
Harris conoció a una de las demandantes, Amanda Zurawski, quien rompió aguas prematuramente pero no recibió tratamiento a causa de la prohibición estatal del aborto. Solo después de desarrollar sepsis -una infección que casi la mata- el hospital accedió a tratarla.
Otra denunciante, Anna Zargarian, contó al medio NPR que rompió aguas a las 19 semanas, muy pronto para que el feto sobreviviera. Otras dos, Ashley Brandt y Lauren Miller, sufrieron complicaciones en sus embarazos de gemelos, en los que los doctores les aconsejaron que abortar a uno era la mejor opción para que el otro sobreviviera.
Antes de la decisión del Supremo, Texas fue el primer estado en implementar una prohibición casi total del aborto, con una ley en vigor en septiembre desde 2021 que eliminaba este derecho a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, y que ni siquiera preveía excepciones en casos de violación o incesto.
No obstante, como algunos estados con prohibiciones, Texas contempla excepciones cuando hay riesgo “sustancial” para la madre o el feto tiene un diagnóstico mortal, pero existen penas que asustan a los médicos a determinar estas situaciones, como sentencias de hasta 99 años de prisión, multas de 100.000 dólares y la pérdida de licencias, según el diario The New York Times.
Harris reiteró este martes que “las mujeres deben estar a cargo de su salud reproductiva, no los políticos”.
EFE