El exjuez español Baltasar Garzón será mediador entre el Estado de Chile y los mapuches, pueblo indígena que solicitó formalmente su arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya “ante la ocupación histórica” de territorios chilenos considerados como ancestrales.
Garzón indicó que acepta esta responsabilidad “con humildad” y “confianza” en una solución para el conflicto.
Los representantes del pueblo mapuche, junto con la Misión Permanente Mapuche ante la ONU, la Comisión Mapuche de Derechos Humanos y la Comisión Kimche Defensores de Wallmapu (CKDDW), decidieron solicitar ayer la mediación del exjuez español.
Lo hicieron ante lo que consideran una “usurpación” territorial que “ha sido y sigue siendo contraria al derecho nacional e internacional y que infringe los tratados vigentes suscritos por la Corona española y posteriormente por el Estado de Chile”, según el comunicado en el que dieron a conocer su decisión.
“Deseo agradecer esa confianza (por la petición de mediación). Es un inmenso honor. Acepto con humildad esa alta responsabilidad“, señala Garzón en un vídeo remitido a EFE por la agencia iMades Communication.
El exmagistrado español solicita en ese vídeo al presidente chileno, Gabriel Boric, que, “en caso de acceder a este arbitraje“, tenga en cuenta que “será la oportunidad para que un conflicto de tantos años y que tanto dolor ha producido encuentre una solución mediante el nombramiento de otro árbitro para que, sosegadamente, con confianza y con diálogo, podamos encontrar la vía de resolución de este problema“.
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— Carolina Espinoza Cartes (@reportera09) March 7, 2023
En el comunicado en el que solicitan la mediación de Garzón, los representantes del pueblo mapuche señalan que las tierras que reclaman han sido “indebidamente” entregadas a “empresas extractivistas que producen desertificación, sequías, incendios y contaminación”, lo cual, dicen, “violenta los derechos de la naturaleza” y la dignidad de las personas y genera una “progresiva y sistemática extinción de cultura”.
Las organizaciones recuerdan que en las regiones de la zona sur de Chile consideradas epicentro del conflicto “rige un estado de excepción constitucional que permite la militarización de nuestros territorios y la suspensión de la protección de varios de nuestros derechos humanos“.
El Congreso chileno ha prorrogado 18 veces esta medida excepcional, que ya rige desde mediados de marzo y que permite el despliegue militar en la zona, con vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños, para colaborar con Carabineros (Policía militarizada) en el control del orden público.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
EFE