A Karla Raquel García Cáceres, de 17 años, el Estado de El Salvador le practicó un legrado en un hospital nacional en la periferia de San Salvador, la capital, luego de que la menor sufrió un aborto en una penitenciaría juvenil en la que la policía la había metido un mes antes acusándola de pertenecer a pandillas. La intervención médica consta en un documento judicial al que Infobae ha tenido acceso y el cual confirma información sobre este caso que el gobierno de El Salvador se ha empeñado en negar en el contexto de múltiples señalamientos por violaciones a los derechos humanos durante un régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele hace un año.
Por Infobae
Fue el 22 de julio de 2022, poco más de un mes después de que dos soldados la detuvieron en una aldea costera en el oeste de El Salvador que Karla Raquel fue trasladada desde el reclusorio en el que la habían ingresado hasta el Hospital Nacional San Bartolo, en la periferia de la capital San Salvador, para practicarle un procedimiento conocido como Aspiración Manual Intrauterina (AMEU), según consta en un oficio judicial anexo al caso que el Estado salvadoreño le abrió a Karla por asociaciones ilícitas y al que Infobae tuvo acceso. El AMEU es una técnica médica para retirar el contenido del útero tras un aborto incompleto, según una ginecóloga consultada.
Cuando Karla Raquel fue detenida tenía entre cuatro y cinco semanas de embarazo de acuerdo con una prueba casera que, según testimonios de la familia, la joven se había hecho horas antes del arresto. No hay prueba documental del embarazo, pero sí del legrado que médicos empleados por el gobierno de El Salvador le hicieron un mes después.
El documento en que consta el AMEU es la respuesta a un recurso de habeas corpus que la madre de Karla Raquel, Anatalia Cáceres, introdujo en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2022 y que el supremo resolvió hasta el 20 de enero de este año. “De acuerdo con certificación médica de fecha de noviembre de 2022, suscrita por médicos del Hospital Nacional Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo, la adolescente fue ingresada el día 22 de julio de 2022 por aborto espontáneo incompleto, se realizó AMEU, y se dio de alta al día siguiente”, dice el oficio judicial.
Cuando presentó el recurso de habeas corpus, Anatalia Cáceres alegó que el Estado salvadoreño había detenido a su hija de forma ilegal y violenta. Según el relato escrito por la mujer, y ampliado en varias conversaciones con Infobae, dos soldados uniformados llegaron a la casa familiar en el caserío Las Tablas de Sonsonate el 18 de junio de 2022 a las 8:30 de la mañana a bordo de un vehículo negro con matrícula particular. En el lugar arrestaron a dos jóvenes que esperaban el autobús del servicio colectivo, una de ellos es Karla Raquel y el otro un hombre no identificado. Al arrestar a la joven, los soldados la golpearon: uno de ellos le dio un rodillazo en la espalda y la hizo caer sobre el piso de tierra y piedras, según el relato de una de sus hermanas que fue testigo de las capturas.
La madre de la menor alegó, ante la Corte Suprema, que fueron aquellos golpes, y el hecho de que Karla Raquel no recibió atención médica adecuada al estar bajo custodia de agentes del Estado, las causas del aborto espontáneo que, escribe la mujer en su petición legal, puso en riesgo la vida de su hija.
Jaime Ernesto Zavaleta, cuñado de Karla Raquel y vocero familiar, asegura que “los soldados la golpearon… le dieron un rodillazo en la espalda, la esposaron y eso fue lo que le causó el aborto”.
Consultado sobre este caso, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), con sede en Dinamarca, emitió una “opinión de experto sobre las potenciales causas de la pérdida de Karla Raquel García Cáceres”.
“Es nuestra opinión que el trauma físico experimentado por la señorita García Cáceres durante su arresto puede ser un factor contribuyente en su aborto espontáneo. Estudios médicos demuestran que el trauma físico, dependiendo de su severidad, puede causar o contribuir a un aborto espontáneo en cualquier momento del embarazo. También hacemos notar que hay estudios que han demostrado que mujeres detenidas presentan índices más altos de afectaciones perinatales, incluido el aborto espontáneo, debido a condiciones pobres de higiene, altos niveles de estrés, exposición a violencia y abuso, y deficiente atención sanitaria. En el caso de la señorita García Cáceres, el asalto físico por sí mismo o en combinación con su detención puede haber conducido a la pérdida del embarazo”, dice IRCT en una nota fechada el 22 de marzo de 2023.
En su resolución, la CSJ salvadoreña, cuyos magistrados fueron nombrados por diputados oficialistas leales a Bukele tras la destitución ilegal de sus antecesores, negó el habeas corpus a la madre de Karla Raquel porque, dicen, la mujer no pudo probar “el estado de gravidez” en que se encontraba la menor al ingresar a prisión. En la misma resolución, sin embargo, la misma corte se refiere al legrado que se le practicó a la joven embarazada.
“Si se estableció que hubo aborto significa que había embarazo. Es contradictorio entonces que la Corte diga que no se pudo comprobar el estado de gravidez”, dijo a Infobae un abogado defensor que conoce de cerca el caso de Karla Raquel.
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