¿Quién otorgó los permisos? Esa es la gran pregunta que debe responder la municipalidad.
Por Corresponsalía La Patilla
En la margen derecha del río Santo Domingo de Barinas, se encuentra el parque Bolívar Conservacionista. Una zona que era considerada “protegida”, a la que nadie ingresaba por ser un área ambiental importante, llena de árboles, y que había que respetar su existencia.
Ya no es así en los últimos meses del “chavismo emergente”.
Este parque natural ha corrido la suerte de aquel refrán: “billete mata galán”, y lo que durante un tiempo defendieron los ambientalistas en la ribera del principal cauce de Barinas, ha sido transformada en un espacio industrial que solo beneficia a los que recibieron el “estatus legal”.
“Algunos dirán que se trata de algo insignificante, pero hasta ahora, nada justifica el fin, y menos los medios aplicados”, comentó un exfuncionario municipal.
“Lo que comenzó con una pequeña invasión, es ahora un monstruo que va ocupando más terreno”, dijo al pedir no revelar su identidad.
“Ningún ciudadano tenía permiso de constituir un establecimiento en esta zona”.
Recordó que “a finales del gobierno del alcalde José Luis Machín en el año 2016 y hasta comienzo de la gestión municipal de Nancy Pérez en 2017, comenzaron a notarse las intenciones de quienes querían meterse ilegalmente en el parque Bolívar Conservacionista. Sin embargo, los invasores no pudieron concretar los objetivos”.
“Fue en el año 2022 que aquellos que construyeron, recibieron el estatus legal, me dijeron ellos mismos por todo el cañón”, aseguró.
El otorgamiento habría llegado por vía de la Cámara Municipal de Barinas que acompañaba el primer año de gobierno del alcalde Rafael Paredes: el “chavismo emergente”.
Dos fábricas de bloques, una ferretería, depósitos de materiales, patios de máquinas, sembradíos y hasta una iglesia evangélica, están asentados en el parque Bolívar Conservacionista.
