Murieron en México 39 hombres asfixiados, calcinados, dentro de una celda de un edificio del Gobierno y las respuestas todavía se escapan. El incendio en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, ha puesto al país frente a las heridas de su política migratoria. ¿Cómo pueden decenas de hombres ahogarse en el humo frente a las cámaras de seguridad, frente a los guardias encargados de vigilarlos? ¿Qué falló para que nadie los sacara de ese calabozo? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades?
Por: El País
La última tragedia de Juárez es latinoamericana: la mayoría de los fallecidos, 18, eran de Guatemala, siete de Venezuela y siete de El Salvador, seis de Honduras y uno de Colombia. El más joven tenía 18 años, el mayor 51. Todos eran hombres. De los 27 heridos, 16 están en estado crítico —11 siguen sedados e intubados—, y algunos presentan quemaduras en casi el 30% del cuerpo. Habían sido arrestados y trasladados al centro de detención por no tener los papeles en regla, pero no estaban acusados de ningún delito.
Cuando se desató el incendio, provocado a modo de protesta dentro de la celda, los agentes se marcharon sin abrirles la reja. Fueron los bomberos quienes forzaron la entrada unos 15 minutos después para rescatar a los supervivientes. La Fiscalía General de la República (FGR), que ha asumido la investigación, ha liberado seis órdenes de detención: contra tres trabajadores federales de migración, dos miembros de la empresa de seguridad privada Camsa y contra el migrante al que acusan de haber iniciado el fuego. Están imputados, de momento, por homicidio y lesiones. Tres días después de la peor tragedia registrada en un centro gubernamental, que ha revelado de nuevo la crudeza de ser migrante en México, siguen apareciendo irregularidades en la detención, la reclusión y la evacuación de las víctimas.
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