Cientos de venezolanos han alegado haber sido despedidos de sus trabajos en Trinidad y Tobago, debido a que sus tarjetas de registro de inmigración no han sido renovadas tras haber expirado el 1 de enero pasado.
Las alegaciones han sido publicadas en las redes sociales, un par de meses después de que el ministro de Seguridad Nacional trinitense, Fitzgerald Hinds, dijo que los permisos de trabajo serían extendidos, pero hasta la fecha, no se han renovado.
Las tarjetas de registro, equivalentes a un permiso de trabajo, expiraron a aproximadamente 13.000 venezolanos el 1 de enero pasado, provocando entonces que sean identificados como ilegales y, a su vez, ser despedidos de sus puestos de empleo.
Uno de esos venezolanos que acudió a las redes sociales a quejarse por la situación fue Manuel Martínez, quien contó que acudió a la División de Inmigración trinitense para hacer el debido proceso, pero los oficiales le dijeron: “no hay visas al momento”.
Martínez dijo además que envió a un familiar a la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas y le dieron la misma información.
“La Embajada trinitense en Caracas no está entregando visas. Los oficiales dicen que el proceso solo se está llevando a cabo a través de Puerto de España”, contó.
“Los venezolanos en Trinidad y Tobago continuamos con las manos atadas. No hay permisos de trabajo, educación para nuestros niños, los servicios médicos son solo para emergencias y sin visas de empleo para ver a nuestros familiares, tenemos que esperar por las tarjetas de registro”, sostuvo.
Otra venezolana, identificada como Marlene Sosa, contó que solicitó visas para su madre, padre y dos sobrinos para que la visitaran al país vecino.
Sin embargo, Sosa dijo que recibió un correo electrónico de la División de Inmigración trinitense informándole que sus visas fueron rechazadas sin explicarle la razón.
Sosa lleva residiendo en Trinidad hace 5 años y cuenta con un permiso de trabajo dado por el Gobierno en 2019.
“No he visto a mis padres en cinco años. No he podido salir de Trinidad y Tobago y tampoco me permiten traer a mi familia para vacacionar”, lamentó.
Sosa dijo además que se gastó 5.000 dólares en los documentos de inmigración, traducción de los documentos, avances de pago del 20 % de los boletos de viaje y otros gastos como copias impresas y taxis.
Sin embargo, además de la denegación de las visas, el Gobierno tampoco le reembolsó el dinero de gasto por los documentos impresos.
EFE