JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)
Los fondos de inversión han ganado dos batallas en tribunales internacionales en menos de una semana contra Argentina. En el fallo de este miércoles, un juez británico encontró culpable al Estado sudamericano de haber alterado el mecanismo de cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) y, con ese cambio, evitar pagar intereses de deuda vinculados al crecimiento económico.
MARC CENTENERA // EL PAÍS
Cinco días atrás, una jueza estadounidense le dio la razón a los demandantes en el juicio abierto por la expropiación de la petrolera YPF y consideró que fueron perjudicados en la operación por haberse incumplido el estatuto de la compañía. En ambos casos, se trata de juicios desencadenados por decisiones económicas tomadas durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
En su sentencia, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, ordena a Argentina a pagar 643 millones de euros (704 millones de dólares) en concepto de daños e indemnizaciones a los cuatro fondos demandantes: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Según Reuters, el juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros (1.460 millones de dólares “en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”.
Los fondos denunciaron al Estado argentino por los cambios realizados sobre el instrumento financiero conocido como “cupones PBI”. Se lanzó en 2005 para canjear títulos de deuda impagos desde la bancarrota de 2001 y como atractivo contemplaba un desembolso mayor a los bonistas si el crecimiento económico anual de Argentina superaba el 3,2%.
El importante crecimiento de Argentina durante la primera década del siglo hizo que los bonos se convirtiesen en un activo tentador. En 2012 el PIB retrocedió, pero al año siguiente, según la metodología vigente al momento de emisión de los bonos, que tomaba como base los datos de 1993, la economía argentina creció un 4,9%. Sin embargo, el Gobierno modificó la forma de medición y con ese nuevo cálculo, el avance del PIB fue inferior al 3% y, por ende, no se realizó el desembolso previsto, cercano a los 3.000 millones de dólares.
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