Ya se sabe que ser maestro en Venezuela se ha vuelto algo calamitoso. Malos sueldos, sin beneficios y sin una propuesta clara y verdadera para mejorar las cosas. No obstante, a todo esto se le suma el acoso impartido por las instituciones gubernamentales en contra de estos trabajadores.
El acoso es precisamente el día después de muchos maestros que han decidido unirse a la oleada de protestas que desde enero de 2023 han tenido un nuevo pico ininterrumpido.
Esa es la historia en lo que va de año para Nelly Lugo, una maestra que vive en El Hato y que labora en la Escuela Estatal Concentrada El Hato, municipio Boconó en el estado Trujillo. No solo por el nivel de acoso, si no por las repercusiones en su salud mental y en la de otros profesores.
Todo comenzó en diciembre cuando cambiaron a la antigua directora y el Ministerio de Educación, mediante la Zona Educativa seleccionó a una mujer sin credenciales para la dirección del plantel. Su nombre, María Misal Gómez, destacó Lugo, quien afirma que “Eso fue a dedo”.
Sin embargo, la comunidad, lejos de estar satisfecha salió a protestar y cerraron la escuela.
Aunado a esto, la maestra escogida para el cargo solo cuenta con 5 años de experiencia, mientras que Nelly Lugo y otras profesionales rozan pasan de los 20 años,, por lo que la jerarquía y meritocracia quedan a un lado.
Esta protesta es el punto de arranque para la sucesión de ataques contra Lugo quien debió enfrentarse a la jefa del Circuito Educativo, Eli Salcedo. “Gritó a los representantes y docentes por un lado y además llamó a la policía para que se llevaran a los representantes. No les quedó de otra que quitar el candado y dejar pasar a todos al patio central”.
Aunque se intentó mediar en aquel momento para resolver la situación de la designación de la directora, la realidad es que no hubo cambio. Lo que sí varió fue la actitud del alto mando del plantel contra profesoras y representantes que manifestaron, como es el caso de Lugo.
El 31 de enero la directora de circuito entró al salón en donde estaban reunidas las maestras a pedir la matrícula final.
“Eso no se pide a mediados de años y menos en papel ministro porque no tenemos cómo comprarlo. Ese día iba a haber una Asamblea y nosotros no íbamos a participar por falta de dinero y cuando los representantes llegaron. Tanto la directora como la supervisora se encerraron con ellos”.
Lugo que le parecía todo muy fuera de lugar irrumpió en la reunión al escuchar a la directora decir. “Las acciones sindicales no están autorizadas”.
Sin embargo, la directora quería evitar que entrara y empezó la escalada de agresión. “Volteó la mesa, me dijo falta de respeto y se me acercó tanto que me colocó contra la pared. Ella quería amedrentarme y quería golpearme y mis compañeros me vieron esperando el momento. No hubo falta de respeto, yo solo no estoy de acuerdo con la directora”.
Por si fuera poco la supervisora la atacó diciendole “Si usted está marchita puede agarrar sus cosas e irse”, por lo que Lugo critica el poco profesionalismo de la supervisora.
El alegato es que dicen que no es legal. Pero la cláusula 82 del contrato colectivo dice que no se tiene que pedir permiso. ni autorización parA protestar. “Lo dice el contrato”, puntualiza Lugo.
Entonces, la docente hizo pública su denuncia en medios de comunicación porque la Fiscalía no lo hizo. La respuesta es que era deber de la Consultoría Jurídica.
“El 3 de febrero fuimos llamado a ese espacio y nos trataron muy bien y en resumen nos hicieron saber que los movimientos sindicales estaban en orden siempre y cuando llevaramos la lista de asistencia. Nos dijo. Váyanse aquí no hay que hacer ningún proceso administrativo”.
Desde entonces no vio más a la supervisora pero sí ha tenido problemas emocionales, rabias, sustos, pero ella se define como fuerte, pero otras colegas están sumidas en depresiones.
Son tres las docentes afectadas y son las que tienen más años en la institución. Sin embargo, Lugo explica que la profesora escogida pertenece al Psuv y las UBCH.
“Como nosotras hemos rechazado todas esas figuras no nos escogieron, ellos quieren a alguien con intereses político partidistas, pero la educación no tiene vinculación al partidismo. Eso es ilegal, es un abuso”.
Por si fuera poco Lugo tenía más de 5 años sin estar en aulas y como parte del castigo. Ahora da clases en segundo grado.
Esta realidad se ve reflejada en todo el territorio nacional,
El 21 de enero el Colegio de Profesores del Estado Bolívar denunció a directivos y supervisores de las escuelas por violentar el derecho a la protesta por parte de los docentes.
En marzo la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) denunció que el Ministerio de Trabajo exige a los sindicatos comunicar su información financiera y presentar nómina completa de afiliados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el acoso laboral como una conducta o comportamiento agresivo a uno o más miembros de un equipo de trabajo con el objetivo de causar miedo, desprecio o depresión, hasta que éste renuncie o sea despedido.