Hay tres factores que facilitan el resquebrajamiento de las democracias. El primero, la inestabilidad política; el segundo, la corrupción; el tercero, el narcotráfico y el crimen organizado. La inestabilidad política, que es lo que presenciamos actualmente en Ecuador, es consecuencia de la división de la población del país en dos mitades por la polarización creciente entre quienes apoyan o rechazan a un gobernante y la adopción de métodos no electorales por parte de los opositores de un mandatario desde otro de los poderes públicos, en este caso el legislativo, para separarlo del poder. Así aparece la amenaza de ingobernabilidad que provocan las fuerzas adversas al intentar destituir al presidente en funciones porque no es acatado su mandato; el triunfador no logra el reconocimiento de las fuerzas políticas derrotadas a las que les resulta inaceptable un mandatario que no sea de su tolda política o de su interés.
El presidente Guillermo Lasso ha sido acusado de “peculado” culposo, no doloso, que ocurre cuando el funcionario se aprovecha de su cargo y usa o se apropia indebidamente de bienes públicos para él o un tercero. Las dos acusaciones hechas por asambleístas de seguidores de Rafael Correa contra el presidente Lasso por el delito de “concusión” fueron inadmitidas por la Corte Constitucional. El delito de “peculado” culposo se produce de manera indirecta por malversación de fondos públicos, no porque haya cometido ese delito, ocurrido durante la presidencia de Lenín Moreno, sino por negligencia, porque no tomó las medidas políticas que correspondían al ser informado de los hechos delictuosos contra la administración pública.
La Corte dio el visto bueno para el juicio político en un dictamen aprobado por seis de los nueve magistrados, que fue rechazado por tres de ellos. Lasso respeta la sentencia, pero defiende su inocencia y va a acudir a la Asamblea Nacional para desvirtuar este proceso de juicio político que en su criterio no tiene ningún fundamento. Ecuador se ve sacudida por la inestabilidad política, que se ha convertido en una constante en muchos países de América Latina por el exceso de vías, incluso constitucionales, que no responden a la fuente de legitimidad por excelencia que en democracia son las elecciones. Al utilizar otros métodos que no sean los electorales, se ataca la esencia misma de la democracia y se abre la puerta a los populismos, que son la antesala de las autocracias.
La corrupción, con la mentira y el desfalco que le son inherentes, es otro de los graves hechos que carcomen las democracias y destruyen no solo el tejido social y la confianza en las instituciones, sino que impide que las clases medias y profesionales tengan relevancia económica y fortalezcan, con su prosperidad, la democracia y políticas públicas de moderación e inclusión. El caso venezolano es desolador por la magnitud catastrófica del saqueo sistemático que socavó la democracia, destruyó el aparato productivo y sigue aumentando provocado por una cleptocracia kakistocrática que domina las instituciones y ha impuesto una mentalidad según la cual la transgresión es la norma, siguiendo las pautas de un neopopulismo militarista en simbiosis con una camarilla criminal mafiosa militar civil que ha usurpado las estructuras del Estado.
Por último, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, indisociables recíprocamente, es uno de los peores peligros para la democracia y la paz en la región. Lo vemos en México, Ecuador, Venezuela y Colombia principalmente y en menor medida, en Perú, Bolivia y Paraguay. Este delito, que es devastador en nuestros países, ha tomado control de amplios territorios nacionales. Y, por supuesto, si las autoridades no están convencidas de que es el mayor riesgo que tiene la democracia, no va a ser eficaz la lucha contra este crimen que aniquila toda posibilidad de convivencia pacífica e integración social y económica.
Los populismos, y la corrupción que les es inherente, que son una práctica política viciosa, que pervierte la voluntad popular y, en particular en nuestros países latinoamericanos, agrava la inestabilidad política y la demagogia porque las instituciones públicas son débiles o han sido arrasadas por el personalismo, en nuestras democracias frágiles la amenaza cierta del crimen organizado y el narcotráfico así como la inestabilidad política, en el marco de la postverdad y la manipulación masiva por las nuevas tecnologías, requieren antídotos. En el marco de la globalización, es preciso establecer regulaciones supranacionales que repudien los regímenes dictatoriales y tiránicos; que aseguren las bases de libertad, transparencia y deliberación pública para un buen gobierno no solo en cada país sino en un entramado a escala internacional de interacción y cooperación democráticos.
Ante el simulacro y las intromisiones o hackeos electrónicos que ponen en riesgo la libertad y la democracia como gobernanza en nuestra región son indispensables la probidad y la transparencia en las conductas y acciones de quienes dirigen y ejercen gobierno. No es solo un imperativo moral sino, sobre todo, una exigencia política para lograr afianzar una democracia verdadera y sólida: que sea exigente, no complaciente; efectiva, no efectista; respetuosa del Estado de derecho, no demagógica; defensora irrestricta de los DDHH, no supresora de ellos.