El jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, se enfrenta el viernes a una audiencia judicial en la que será imputado por el incendio que mató a 40 migrantes que permanecían en un centro de detención de la autoridad migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez.
Garduño será previsiblemente imputado por el ejercicio ilícito del servicio público, delito que no tiene prevista prisión preventiva de oficio, pues la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
La Fiscalía también señaló que ha identificado un patrón en el actuar de los directivos del INM “en el que se han omitido las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
En la audiencia de este viernes también comparecerá el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina.
La audiencia, fijada para las 9.15 horas (16.15 GMT), será en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, a cargo de Silvia Alejandra Gutiérrez, y se llevará a cabo de forma presencial, pese a que la FGR solicitase que fuese por videoconferencia.
La jueza pidió prepararse a la FGR para el caso de que Garduño acepte una conclusión anticipada del proceso, es decir, que pida llevar un procedimiento abreviado o negocie un acuerdo reparatorio con las víctimas para evitar ir a juicio.
Los consulados de Colombia, El Salvador, Venezuela, Honduras y Guatemala serán informados de la audiencia, ya que de esos países provenían los 40 fallecidos y los 25 heridos en el incendio ocurrido la noche del pasado 27 de marzo.
Pese a las críticas de los países con víctimas y de organizaciones de derechos humanos, el Gobierno de México ha rechazado destituir a Garduño de su puesto.
“Esperemos el resultado de las indagatorias que, por ley, corresponde a la FGR”, expuso, en línea con lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación y responsable del INM, Adán Augusto López, al ser cuestionado sobre la destitución del funcionario.
Por el momento, tres funcionarios de la estación ubicada en el norteño estado mexicano de Chihuahua han ingresado en prisión de forma provisional: el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca; el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza; y la agente migratoria Cecilia Rivera.
También ha sido detenido el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González, quien se enfrentan cargos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso.
Asimismo, en el procedimiento fueron detenidos dos guardias de una empresa de seguridad privada que operaba en la estación migratoria y el migrante que presuntamente inició el mortal incendio.
El escrutinio sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras el suceso, que El Salvador consideró un “crimen de Estado”.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
EFE