El principal obstáculo para ampliar la productividad del campo venezolano es la ausencia de intermediación financiera. Sin crédito, la agricultura y la ganadería no crece y, aún peor, la falta de poder adquisitivo de la población reduce la demanda de los productos. La respuesta concreta a ese contexto es lograr acceder al financiamiento internacional, bien provenga de fondos soberanos multilaterales, de la banca internacional o de inversión extranjera directa.
Para Tulio Pacheco, empresario y referente de técnico del ámbito agrícola, el financiamiento internacional es posible pero “requiere, entre otros aspectos, un entorno institucional confiable, seguridad jurídica, consenso entre los distintos actores políticos y económicos y normativas claras. Nosotros en Cojedes hemos sugerido:
1. La homologación de las normativas del Mercosur y la Comunidad Andina relativas a la Agricultura Familiar en la legislación estadal y municipal. A la fecha, no existe ley regional, ni ordenanza municipal, que reconozca las particularidades y estándares internacionales aplicables a la Agricultura Familiar lo que impide el desarrollo de políticas públicas diferenciadas y alineadas con las políticas de financiamiento multilateral.
2. Las normativas internacionales a homologar en la legislación regional y municipal son: la Resolución 25/07 del Mercosur, los Lineamientos y Objetivos Estratégicos de Desarrollo Rural Territorial de la Comunidad Andina y Los Lineamientos para la Agricultura Familiar de la CAN aprobados en la IV Reunión del Consejo Andino de Ministros de Agricultura el 26 de junio de 2013.
3. Solicitar asistencia técnica a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para adecuar la legislación regional y local a los estándares de financiamiento multilateral a la agricultura. En dicho caso, existen estándares relativos a la significativa inclusión de la mujer del campo al trabajo, el adiestramiento de los jóvenes y aprendices, la dotación de servicios públicos, la mitigación del cambio climático, le reducción de la huella ambiental y la promoción de la economía circular.
4. La aprobación de una Ley de Fondo de Crédito de Cooperación Internacional a la Agricultura Familiar para crear un organismo crediticio, gerenciado de forma independiente y profesional, cuyos fondos proporcionados por sus pares internacionales sean co – administrados para beneficio financiero de los agricultores.
5. El origen de los financiamientos podrían ser desde la CAF, el BID, Fondo de la Agricultura Familiar del Mercosur y la Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), fondos provenientes de la cooperación internacional bilateral (a través de la agenda de cooperación de los países con representación diplomática acreditada en el país) y sin excluir empresas trasnacionales que tenga interés en la inversión local a través de modelos como el Joint Venture o el Business Angels”
A juicio de Pacheco, “lo importante es que existan avances institucionales, normativos y políticos con soporte en los planteamientos que pueden hacerse desde el sector privado” acotó.
Nota de prensa