Un grupo de jubilados y pensionados del sector salud en el estado Carabobo denunció este jueves que las autoridades regionales están realizando un proceso de jubilaciones masivas que, aseguraron, no cumplen con lo establecido en las leyes.
Corresponsalía lapatilla.com
La delegada principal de la Federación de Jubilados y Pensionados en Carabobo, Maritza Sifontes, indicó que a principios abril de este año habrían jubilado “de manera informal” a más de 700 trabajadores de la salud. Manifestó que a esto se le suma que registran casos de profesionales que fueron jubilados en los últimos 10 años y aún no han cobrado sus prestaciones sociales.
“A partir del 1° de abril hubo jubilaciones masivas que nos enteramos a través de medios informales, capturas de pantalla que aparecieron en las redes sociales indicando quiénes estaban jubilados y quiénes no (…) Tenemos casos emblemáticos de personas que fueron desincorporadas en plena pandemia, otras jubiladas en el año 2013 y no han cobrado su jubilación, y la única respuesta que les da Insalud es que mientras sigan cobrando 15 y último, tienen que quedarse tranquilos“, señaló.
Sifontes exhortó a las autoridades del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) a garantizarles el derecho a la revisión de los cálculos laborales que inciden en el monto de liquidación y prestaciones sociales.
Prestaciones sociales no llegan a cinco dólares
Ester Seijas pasó 20 años de su vida trabajando como enfermera en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) de Valencia. Comentó que en abril de 2020 le suspendieron el sueldo repentinamente, por lo que acudió a la sede de Insalud a preguntar qué había pasado. Los funcionarios le informaron que había sido jubilada.
Dos años después, le notificaron el pago de sus prestaciones, que no alcanzaron los tres dólares para la fecha.
“Me dicen que para el momento de mi jubilación en 2020 me salían casi 47 millones, pero que debido a la devaluación ahora iban a pagar 46 bolívares. Cuando les reclamé que por qué no me habían pagado en 2020, no obtuve ninguna respuesta. Es injusto y no es legal lo que están haciendo. Yo jamás me imaginé en esta situación”, expresó.
Puntualizó que actualmente devenga alrededor de 470 bolívares al mes, monto insuficiente para comprar el tratamiento de la tensión que tiene un precio de casi 500 bolívares. “Lo que quiero es justicia, que nos ajusten los sueldos como debe ser y que nos paguen lo que realmente nos corresponde. Yo no estoy pidiendo que me regalen, ni caridad, estoy pidiendo lo justo, lo que realmente me corresponde“, afirmó.
Apuntaron que han consignado reclamos ante la Defensoría del Pueblo, Inspectoría del Trabajo, entre otros entes regionales gubernamentales, pero no han obtenido una respuesta efectiva.
El abogado Armando Paredes, asesor legal para los reclamos de los trabajadores del sector salud, afirmó que un proceso de jubilación irregular y pago tardío de prestaciones representa una violación a las leyes.
“El artículo 92 Constitucional establece el pago de las prestaciones sociales, y el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde establece el pago de las prestaciones sociales en 15 días“, detalló.
Los afectados también pidieron a la administración de Nicolás Maduro un ajuste de las pensiones y jubilaciones que les permitan vivir con dignidad. “Nos verán con muletas, sillas de ruedas, pero arrodillados nunca porque vamos a seguir en la lucha por nuestros derechos”, dijo Sifontes.