Una de las sugerencias de Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante los preparativos de la conferencia internacional celebrada bajo sus auspicios para abordar la crisis venezolana fue la reincorporación de nuestro país al Sistema Interamericano, es decir, su reingreso a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Una sugerencia por demás útil en el contexto de la sistemática violación de derechos humanos ampliamente documentada por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU pero que, predeciblemente, no mereció mayor comentario público por parte de los voceros del régimen.
¿Por qué es útil la reincorporación de Venezuela al Sistema Interamericano? Pues bien, porque el Estado venezolano ha sido procesado en el pasado democrático, tanto por la CIDH como por la CorteIDH, y existen precedentes concretos de reparación financiera a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Casos como El Amparo o El Caracazo, aunque no se haya avanzado satisfactoriamente en la judicialización de los responsables, si ocurrió, bajo la jurisdicción del Sistema Interamericano, la reparación financiera de las víctimas, familiares y sobrevivientes. Eso conduce, aunque no a la totalidad de la justicia a la que aspiramos, a una importante dimensión de la justicia de cara a sus afectados concretos.
A Hugo Chávez siempre le molestó la OEA, una instancia cuya naturaleza multilateral implica que los países del hemisferio rindan cuentas en el exigente marco de los derechos humanos. Nuestra salida del sistema impide a los venezolanos acceder, una vez agotada las instancias nacionales, a ventilar los casos más graves en la jurisdicción hemisférica y, eventualmente, lograr respuestas a través de sus decisiones judicialmente vinculantes. La ausencia de Venezuela en la OEA fue producto de quienes siempre desearon total impunidad para sus actos y revistieron esa impresentable agenda antiderechos en la retórica antiimperialista, visto lo visto, ya nadie dentro o fuera de Venezuela es capaz de comprar ese engañoso discurso.
Si mañana, finalmente, se logra en el proceso de México la reincorporación de Venezuela al sistema Interamericano, esos gravísimos casos de violación de derechos humanos, en los que destancan aquellos relativos a torturas y tratos crueles y degradantes, podrían ser abordados en la CIDH y en la CorteIDH y alcanzar esa importante dimensión de la justicia que es la reparación a las víctimas. Quién fuera que, en el futuro cercano, se encuentre ejerciendo la presidencia de la república y, por tanto, la jefatura de Estado, una vez efectuadas las debidas reivindicaciones, podría pedir perdón a las víctimas, sus familiares y sobrevivientes quienes en mala hora terminaron bajo la bota militar sufriendo crímenes indecibles y traumas imperecederos. Es probable que, como en otros casos, los responsables directos no respondan por lo hecho dado que la justicia transicional tiene esa cualidad en los países que se democratizan por acuerdos y no por una guerra donde vencedores imponen condiciones a los vencidos, pero lo que debe movernos a la acción es pensar en las víctimas concretas que han perdido todo, su familia, su profesión, sus afectos, su salud y, muchas veces, su vida.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica