La Iglesia portuguesa no va a modificar el secreto de confesión debido a la cuestión de los abusos sexuales a menores y está dispuesta a indemnizar a las víctimas si la justicia dicta que la institución debe hacerlo.
El secreto de confesión “no va a cambiar”, aseguró este martes el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, durante una comparecencia en el Parlamento luso, donde defendió que es diferente al secreto profesional.
Cuestionado sobre posibles indemnizaciones a víctimas, insistió en que “indemnizar es un término jurídico” y que en ese sentido la Iglesia cumplirá la ley.
“En la medida en que haya un proceso de indemnización no estamos por encima de la ley y vamos a cumplir la ley”, dijo Ornelas, que afirmó que “nadie que haya sufrido dramas de este género va a quedar sin ayuda, aunque los delitos hayan prescrito”.
“Acogemos a todos, independientemente y más allá de lo jurídicamente decidido”, señaló.
Aun así, el líder de la CEP siguió sin concretar si la Iglesia se hará cargo de aquellas indemnizaciones dictadas por sentencias que recaigan sobre sacerdotes que no puedan pagarlas, como sugirió en marzo el “número dos” del Patriarcado de Lisboa, el obispo auxiliar Américo Aguiar.
En ocasiones anteriores, Ornelas insistió en que la ley establece que el responsable de un delito es la persona que lo cometió.
El líder de la Iglesia en Portugal también destacó durante su comparecencia que, en términos de prescripciones de delito, la ley canónica es “mucho más severa” que la ley portuguesa.
La pederastia “no es un problema simplemente de la Iglesia, pero en la Iglesia es doblemente grave”, defendió Ornelas, que consideró que una persona que comete este tipo de delitos “no puede estar al frente de una comunidad”, sobre todo si hay niños.
“Vamos a seguir vigilando y nuestra actitud será de tolerancia cero”, aseguró.
Y señaló que, además de ser alejadas de sus funciones, deben recibir tratamiento, porque “no es fácil para esa persona liberarse de esa tendencia” de pedofilia.
La CEP creó una comisión independiente para investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia lusa, que desveló que entre 1950 y 2022 hubo al menos 4.815 víctimas y elaboró una lista de sospechosos en activo.
Las diócesis ya han empezado a apartar de forma cautelar a los curas sospechosos en activo.
Tras el trabajo de la comisión, la CEP creó un nuevo grupo de acompañamiento a las víctimas, que también tiene como misión rehabilitar a los agresores y ejercer una labor de prevención sobre religiosos con riesgo de cometer abusos sexuales a menores.
EFE