Tras las confesiones del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien declaró que en varios municipios del estado Táchira existen más de 200 cuerpos sepultados en fosas comunes, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, destacó que es importante que el trabajo de ubicación de los desaparecidos y sus familiares sea realizado por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos con personal en terreno, tanto en Colombia como en Venezuela.
Anggy Polanco // Corresponsalía lapatilla.com
Alvarado enfatizó que Naciones Unidas debe participar asesorando este proceso, monitoreando cómo se desarrolla y acompañando también a los comités de víctimas que se encuentran en Táchira y Norte de Santander.
Recalcó también la necesidad de establecer responsabilidades de quienes en territorio venezolano colaboraron con las Autodefensas, porque ahí, más allá de la colaboración que pudieron tener de militares – según las informaciones dadas por Salvatore Mancuso- puede que haya autoridades civiles que colaboraron o tuvieron conocimiento y no actuaron.
“Acá, sin duda, de lo que sí hay certeza, es que del lado venezolano hay una responsabilidad, ya sea por acción, porque hubo funcionarios que colaboraron, o por omisión, lo que muestra la incapacidad de las autoridades para garantizar el resguardo de la soberanía nacional”, apuntó Alvarado.
El activista de los derechos humanos refirió que si los paramilitares crearon fosas comunes en territorio venezolano, ¿pudieron haberlas creado la Farc también, pudieron haberlas creado el Eln? Entonces, “lo que queda en evidencia es la enorme incapacidad del Estado venezolano para resguardar la soberanía, la complicidad que han tenido autoridades y fuerza armada, con la actuación de grupos irregulares, cualquiera sea el signo ideológico”.
Añadió que hay autoridades que han tolerado tanto la presencia de grupos paramilitares como de guerrilleros del lado venezolano.
Más de 500 desaparecidos
Por su parte, el presidente de la Fundación El Amparo y director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, informó que a este número se le suman otros 300 ciudadanos que han desaparecido en trochas desde el año 2015 y de quienes no hay investigación.
Márquez exhortó a las autoridades de Venezuela y Colombia ampliar la Comisión Binacional nombrada para investigar lo declarado por Mancuso, con el objetivo de que exista participación consular, la presencia de familiares de las víctimas, además de funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyas oficinas están en Caracas y Bogotá.
“Son graves las denuncias de que hay fosas comunes en San Antonio, Ureña, Boca de Grita, La Fría y San Cristóbal, con más de 200 cadáveres que fueron trasladados a este territorio, o que pudieron ser allí asesinados, mayoritariamente colombianos, pero no descartamos que haya venezolanos. Si sumamos unos 300 desaparecidos que manejan ONG venezolanas de la época de las trochas, con la presencia del hampa común, de disidentes de las Farc y los elenos, del Tren de Aragua, todo eso puede sumar más de 500 víctimas de desaparecidos forzosos, que además de ser un crimen de lesa humanidad, es una gravísima violación de los derechos humanos que amerita una inmediata investigación y una respuesta para los familiares de las víctimas”, expresó Márquez.
Precisó que entre esa cifra de más de 500 desaparecidos hay migrantes, carretilleros y ciudadanos que han sido asaltados cruzando las trochas de uno a otro lado de la frontera, en medio de siete años del cierre del paso por los puentes internacionales.
El activista destacó que no hay una estadística depurada, sino una mezcla de todo, porque en Venezuela y Colombia hay opacidad informativa respecto a los desaparecidos, por lo que insistió en que se requiere ampliar la auditoría de las víctimas a través de sus familiares que son sobrevivientes.
“Hay corresponsabilidad de ambos Estados por falta de acciones en la seguridad fronteriza”, afirmó.